El juez federal Sebastián Casanello le ordenó a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, que arme un plan para la distribución inmediata de los alimentos que tiene estoqueados en depósitos.
El magistrado hizo un lugar al planteo realizado la semana pasada Juan Grabois, que como adelantó por LPO exigió que se obligue al Ministerio a repartir las cinco millones de toneladas de alimentos guardados, un reclamo al que ayer se sumó el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Oscar Ojea.
El juez le encomendó al Ministerio que “elabore un plan de distribución de dichos alimentos en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato; lo que deberá informarse de manera precisa en el plazo de 72 horas”.
Casanello dispuso librar una orden de presentación para que se detalle “el stock actual de los alimentos almacenados en los depósitos ubicados en las localidades de Villa Martelli, Vicente López, Provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Provincia de Tucumán”. Ese informe “deberá incluir el tipo de alimento, y las fechas de adquisición y expiración de la mercadería”.
Además, el juez pidió “los registros de ingreso y egreso de mercadería desde diciembre de 2023 hasta la fecha; los expedientes administrativos en los que haya tramitado la adquisición de los alimentos almacenados, junto con toda otra actuación y/o documentación vinculada”.
“Dado que las existencias fueron reconocidas por todas las partes, como medida de acción positiva, encomendaré al citado Ministerio de Capital Humano que, en el marco de sus competencias elabore un plan de distribución de dichos alimentos”, subrayó el fallo.
Ello -aclaró- “en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino, previendo su ejecución de modo inmediato”. “Tal plan deberá ser informado de manera precisa al tribunal, en el plazo de 72 horas”, urgió el juez.
La existencia de toneladas de alimentos sin distribuir fue denunciada por una investigación periodística del sitio web El Destape, que a través de un pedido de información pública logró que el Ministerio admitiera el acopio.
