El procedimiento se realizó este martes en Resistencia, con la presencia de las máximas autoridades de la Policía del Chaco y funcionarios provinciales. El inmueble pertenecía al dirigente piquetero condenado a 10 años de prisión por fraude con fondos públicos.
Un importante operativo policial se desplegó este martes 20 de octubre en el barrio La Rubita de Resistencia, con el objetivo de tomar posesión y establecer la custodia de un galpón que pertenecía al dirigente social Carlos Iván Barraza, condenado por delitos contra la administración pública.
El procedimiento comenzó alrededor de las 8, en un inmueble ubicado en la Chacra 284, parcela 1, casa F40, donde efectivos policiales fueron destinados a garantizar el resguardo del predio, por disposición de las autoridades superiores.
En el lugar estuvieron presentes el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Javier Romero; el subjefe, Manuel Victoriano Silva; el director general de Seguridad Metropolitana, Jorge Elías Caballero; el supervisor de Zona III Metropolitana, Enrique Raúl Piccoli; y el director ejecutivo del CEAC, Cristian Antonio Durand. También participó la subsecretaria de Desarrollo Territorial, Alicia Ogara.
Barraza fue condenado y la Justicia ordenó decomisar sus bienes
La intervención se produce diez meses después de que la Cámara Primera en lo Criminal condenara a Carlos Iván Barraza a 10 años de prisión efectiva por los delitos de fraude a la administración pública y peculado de bienes y servicios, en concurso real. La sentencia, dictada el 5 de diciembre de 2025, también estableció su inhabilitación absoluta perpetua para ocupar cargos públicos.
En aquella resolución, el tribunal dispuso el decomiso definitivo en favor del Estado provincial de los bienes provenientes de las maniobras ilícitas. Entre los elementos secuestrados durante la investigación se encontraban camionetas, un tractor, una lancha, canoas, herramientas, materiales de construcción, bicicletas, armas y documentación vinculada con organismos estatales.
La Justicia también ordenó que los bienes que permanecían bajo depósito judicial en distintas dependencias públicas fueran incorporados definitivamente a sus respectivos inventarios, mientras que el dinero recuperado debía ingresar al Tesoro provincial.
El operativo de este martes constituye una nueva intervención estatal sobre un inmueble vinculado al dirigente condenado. Sin embargo, el informe policial no precisa si el galpón está incluido en el decomiso judicial ni cuál será su destino definitivo. Por el momento, la medida comunicada contempla la toma de posesión y la custodia del predio.
