La senadora Silvana Schneider acompañó la reunión del Consejo Asesor Interinstitucional de la Reforma Procesal Penal Federal, realizada en la Casa de las Culturas de Resistencia, en el marco del proceso de implementación del Código Procesal Penal Federal (Ley N° 27.150).
El encuentro, organizado por el Ministerio de Justicia de la Nación, reunió ayer a autoridades nacionales, provinciales y representantes de los tres poderes del Estado involucrados en la transición hacia el sistema acusatorio federal. Estuvieron presentes el ministro de Justicia, Dr. Mariano Cúneo Libarona; el presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Dr. Daniel Petrone; y el procurador general de la Nación, Dr. Eduardo Casal, la Dra Carolina Meiriño, secretaria general de la Gobernación; Jorge Gómez, diputado provincial; entre otros funcionarios.
Schneider destacó la importancia de que este encuentro se realice en territorio chaqueño, subrayando que la reforma procesal penal es una herramienta clave para agilizar los procesos judiciales, fortalecer la lucha contra el crimen organizado y mejorar la coordinación entre instituciones. Valoró especialmente la presencia de los principales organismos vinculados al sistema de justicia, lo que, afirmó, refleja “la decisión de avanzar con un modelo más eficiente, moderno y accesible para la ciudadanía”.
Durante la jornada también se realizó la foto institucional y se trabajó sobre los lineamientos técnicos y políticos que orientan la implementación progresiva del nuevo Código, conforme al mandato de la Comisión Bicameral creada por la Ley N° 27.150. El Consejo Asesor Interinstitucional —integrado por representantes del Poder Ejecutivo Nacional, la Corte Suprema, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y autoridades provinciales— es el organismo encargado de definir las estrategias de ejecución y seguimiento del sistema acusatorio en todo el país.
La senadora Schneider resaltó además que la realización de esta reunión en Resistencia constituye “un reconocimiento al trabajo institucional que viene llevando adelante la provincia y una oportunidad para continuar articulando políticas públicas federales que impactan directamente en la calidad del servicio de justicia”.
