En Argentina la cantidad de personas que deciden quitarse la vida crece. A su vez, hace tiempo que las muertes de policías exponen una crisis opaca: armas, jornadas extenuantes y silencio institucional. Y el Chaco no escapa a esta realidad: sólo en 2025, 14 integrantes de la fuerza chaqueña se suicidaron. La preocupación sobre la salud mental de los uniformados y sus consecuencias a nivel social, en primera persona.
Por Juan Manuel Erazo y Julia Pascolini
El aumento de titulares que informan sobre suicidios en miembros de las distintas fuerza policiales empuja a preguntarse por una problemática que se esfuerza por ser un secreto a voces. Si esa población específica está siendo afectada por el fenómeno, ¿cómo se encastra en el aumento de la estadística general del país? Partimos de reconocer que no a todas las fuerzas las aquejan los mismos conflictos, por lo que las voces de quienes las integran son imprescindibles. Y aunque la decisión de quitarse la vida no está atravesada por un único motivo, existen condiciones adversas que tampoco ayudan a prevenirla.
El problema
En 2016 hubo en Argentina 2.897 suicidios. Nueve años después, en 2025, ese número trepó a 5.209, según el informe del Sistema Nacional de Información Criminal elaborado por la Dirección Nacional de Estadística Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, en 2025 hubo 11,8 suicidios cada 100 mil habitantes.
El fenómeno es general y federal. En 2025, Entre Ríos alcanzó una tasa de 20,8 suicidios cada 100 mil habitantes, San Luis 18,9 y Salta 17,4 según el mismo informe. En el puente Zárate-Brazo Largo se registran al menos 10 intentos de suicidio por semana, según la ONG local “Tu Esperanza” .
Al país de la inflación, el endeudamiento, el trabajo múltiple y la pérdida del empleo se le suma la imposibilidad de hablar sobre la angustia. La falta de atención específica aparece con recurrencia alrededor de estas muertes. Por poner un ejemplo, el presupuesto proyectado para la salud mental a nivel país en 2026 sufrió una reducción del 91% según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), y en los últimos diez años, la inversión nunca alcanzó el piso del 10% establecido por la Ley Nacional de Salud Mental. Por otro lado, las líneas de atención al suicida a nivel nacional no funcionan. El 0800-999-0091 que indica el Ministerio de Salud tiene fuertes deficiencias. Para esta investigación, el Mapa de la Policía intentó comunicarse con la línea, pero las contestadoras no dieron respuesta y no fue posible mantener un diálogo con una persona. Las llamadas, en cambio, fueron terminadas por el propio sistema automático.
En este contexto se vuelve imprescindible pensar qué pasa con quienes, además de atravesar la crisis social, trabajan bajo un régimen caracterizado por jornadas extensas, de disponibilidad y obligatoriedad inmediata para intervenir y que llevan un arma provista por el Estado las 24 horas del día.
Durante 2024, en apenas quince días, tres integrantes de la Policía de Salta se suicidaron. Ese mismo año, la provincia de Buenos Aires perdió al menos 37 efectivos por la misma causa. En 2025, Tucumán y Chaco registraron 14 suicidios de agentes, mientras que en Santa Fe fueron al menos 17. Las fuerzas son muy diferentes entre sí. Cambian sus dimensiones, sus salarios, sus funciones, sus territorios y las condiciones concretas de trabajo. La comparación debe hacerse con prudencia, sin embargo, los casos siguen acumulándose.
Estadística opaca
La dificultad comienza, justamente, en los números. No existe en la Argentina una estadística pública y actualizada que permita saber con precisión cuántos policías, gendarmes, prefectos o integrantes de otras fuerzas se suicidan cada año. Las instituciones son herméticas y en algunos casos pueden utilizar clasificaciones incorrectas: accidentes o causas indeterminadas. A su vez, la ausencia de datos no implica la inexistencia de registros internos. Una gendarme entrevistada para esta investigación aseguró que, cuando un miembro de la fuerza se suicida o lo intenta, se completan formularios que ascienden por la vía jerárquica hasta el Ministerio de Seguridad. En las tentativas, además, se hace un seguimiento periódico posterior.
El Programa de Uso de la Fuerza y Empleo de Armas de Fuego (PUFEAF) –creado en 2012 por el Ministerio de Seguridad de la Nación y reactivado en 2020– examina el uso de armas de fuego por parte de agentes de fuerzas federales. El informe 2024 del programa reveló que en ese año se registraron 24 suicidios o intentos de suicidio, que representaron el 6,4 % del total de hechos analizados –un incremento de 2 puntos respecto de 2023–. Entre 2020 y 2023 alertó sobre una tendencia ascendente a la que caracterizó como “preocupante” y que pasó de no tener registros de fallecimientos por suicidio a contabilizar 21 en 2024, correspondiendo 13 sólo a la Policia Federal Argentina (PFA). Lo seguro es que desde 2021 este problema se empezó a observar con detenimiento dentro de las fuerzas, lo suficiente como para comenzar un registro anual comparable.
Durante 2025 y 2026 hubo muchas noticias sobre suicidios de efectivos y entre ellas, dos casos especialmente resonantes: el soldado Rodrigo Gómez que se quitó la vida mientras estaba de guardia en la Quinta de Olivos y el suboficial de la Policía de Santa Fe, Oscar Valdéz , quien hizo lo propio frente a la jefatura y desató una serie de protestas impulsadas por colegas de esa fuerza que buscaron canalizar un malestar general.
En agosto del 2026, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, afirmó públicamente que los suicidios en las Fuerzas Federales habían aumentado un 30% respecto de 2024, aunque no especificó de dónde sale esa cifra ni qué fuente pública puede corroborarla. Además, con el objetivo de paliar el número, dijo que los suicidios habían crecido en el conjunto de la sociedad y no sólo en esas instituciones.
Pero la cuestión no empezó en 2025 ni puede reducirse a dramas del orden de la privacidad. En 2018, según una investigación del sociólogo Santiago Galar , la tasa de suicidios entre integrantes de distintas fuerzas federales era el doble que la registrada en la población general ajustada a edades comparables –0,18 cada mil efectivos frente al 0,09 cada 1000 habitantes de la población general–. También los antecedentes estatales muestran que la preocupación no es nueva. En 2016, el Ministerio de Seguridad creó un Comité Técnico para el Abordaje Integral del Suicidio, con tareas de prevención, asistencia, posvención y vigilancia epidemiológica dentro de las fuerzas. En 2020 se creó el Programa de Abordaje Integral del Suicidio en Fuerzas Policiales y de Seguridad Federal. En 2021 se conformó una Mesa Federal de Bienestar Policial.
Testimonios con chapa
“Los problemas personales quedan en el puesto uno”, es decir, las fuerzas exigen que al iniciar el turno, los efectivos discriminen las problemáticas personales de las relativas a la esfera laboral. Que la vida quede del otro lado de la puerta de la comisaría, destacamento o institución específica. La frase pertenece a una de las entrevistas hechas para esta investigación y aunque no es una norma escrita, opera como esencia de la formación policial. Sobre esto, un ex efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires consultado por el Mapa de la Policía relata situaciones en las que tuvo que elegir entre el cuidado de su familia y las obligaciones de la tarea de seguridad, y dice: “Hay una contradicción entre que somos un número y que somos familia, la familia policial. Vos decís, ‘Bueno, ¿sos familia o no sos familia?’”
“Hay situaciones vinculadas a salud mental de desborde”, dice una integrante de Gendarmería Nacional, y enumera, casi sin establecer una jerarquía: el acceso a armas, las guardias, la cantidad de horas de trabajo, los problemas salariales y el agotamiento mental. “Son cuestiones que tienen que ver con la cantidad de horas de trabajo, desde salariales hasta de desgaste emocional al interior de las fuerzas”, resume. Una de las características que vuelve exigente la tarea de esa institución es el desarraigo, el movimiento del lugar de origen. Y aunque en otras fuerzas también sucede, en esta las distancias suelen ser entre provincias y no sólo entre localidades.
Un ex agente de la Bonaerense respondió entonces que en la provincia de Buenos Aires la problemática también existe: “A un pibe de pueblo lo podrían mandar a la policía rural a que haga patrullaje en el lugar que conoce, en el ambiente en el que se maneja”, pero según su relato, aunque muchos se forman bajo la promesa de volver a sus lugares de origen, al finalizar la instrucción son empujados a cumplir funciones en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
Un policía de Santiago del Estero consultado para esta investigación describe una situación que es común y reconocible para agentes de otras provincias: recargos que no implican dinero extra, adicionales para completar el salario, guardias de doce horas o más y un segundo trabajo. Uber, dice, se incorporó a la vida laboral de muchos efectivos. La saturación de las jornadas y la acumulación de deudas se combinan con conflictos familiares y personales. A su vez, el oficial dice que en el último tiempo, y a partir de suicidios de agentes en la vía pública, la institución inició un proceso de revisión de las licencias psiquiátricas con el objetivo de detectar señales de manera preventiva.
Una oficial de la Policía Bonaerense indicó en diálogo con el Mapa de la Policía que dentro la Dirección de Sanidad de la fuerza, no existen profesionales de la psicología o psiquiatría a quienes acudir, por ejemplo, para la gestión de una licencia. Es entonces que utilizan diagnósticos de profesionales ajenos a la institución que son entregados en forma de certificados al personal de esa Dirección y desde donde responden: ” “Bueno, te doy 30 días. Hasta cinco meses te puedo dar, después tenés que volver a trabajar”. Y no analizan el perfil psicológico de la persona. Entonces le dan el alta y el arma. Y ahí es donde a veces pasa que te dicen: “Estuvo cumpliendo servicio en la garita después de un alta psiquiátrica y se pegó un tiro” “.
Un ex agente de la Policía de la Ciudad relata que antes, cuando salía de noche con su pareja (también policía), lo hacían armados. Eso cambió cuando nació su hijo: a partir de entonces opina que el arma implica su uso y que la letalidad no está sujeta solo a gatillar, sino fundamentalmente a su existencia dentro de la escena. Según esto la falta del arma puede ser un método de prevención de ciertas escaladas de la violencia.
“Gendarmería tiene una lógica perversa de traslados permanentes que destruye cualquier proyecto de vida. Te mandan a tres mil kilómetros de tu provincia, te separan de tus hijos, de tu pareja, de tus padres. Te encontrás sola en un rincón del mapa, viviendo en condiciones precarias, acumulando deudas para poder viajar a ver a tu familia una vez al año. El desarraigo te va minando la salud mental mes a mes. Y si intentás pedir ayuda psicológica, la institución te marca. Te frena la carrera y te saca de los ascensos. Es un régimen del silencio donde el estrés te lo tenés que tragar sola”, relata la gendarme entrevistada.
Cuenta además que, después de un tiroteo o de una situación de violencia extrema, existen protocolos que ofrecen asistencia psicológica y días de descanso, pero la persona no siempre acepta. A veces quien atravesó una situación en la que “casi matan a uno” tiene que volver al día siguiente y trabajar “con su mejor cara de póker”. Pedir ayuda puede transformarse, paradójicamente, en una huella negativa. Entonces, si un efectivo necesita asistencia puede pasar a ser percibido como un obstáculo: “En líneas generales se ve como que si vos recurrís al psicólogo es porque algún problema estás acarreando”, explica.
Una integrante de una fuerza federal lo explica de manera más directa: “En general se lo ve como un problema”. Según su experiencia, una persona que busca asistencia psicológica “suele recibir burlas y puede ser una situación incómoda”. En la Policía Bonaerense, para subir de jerarquía hace falta atravesar algunas capacitaciones entre las que están la Ley Micaela y otras vinculadas a violencia por motivos de género, pero, según una oficial, no sucede lo mismo en materia de salud mental.
¿Y las autoridades dónde están?
Las instituciones comenzaron a construir dispositivos para registrar los suicidios, intervenir después de un intento y ofrecer asistencia. Aunque, tal como relataron los entrevistados, buscar un psicólogo puede ser interpretado como una señal de debilidad. Hay procesos que van a dos velocidades y la efectividad de las respuestas oficiales aún están a prueba.
Mientras tanto, los problemas no se terminan en el horario de servicio. Una agente de la Bonaerense relata situaciones de violencia laboral y conflictos con superiores: “Cuando entrás a la fuerza te queman la cabeza con la idea de la “templanza policial”. Te enseñan que tenés que aguantar todo, que tenés que ser de fierro. Si venís un día mal o llorando por un problema en tu casa, tus jefes te miran con desprecio, te dicen que metas los problemas personales en la mochila y sigas. No te profesionalizan para lidiar con el horror de la calle ni con tu propia angustia. Te aíslan. La respuesta siempre es castigar: te sacan el arma, te rebajan el sueldo y pasás a ser un paria dentro de la comisaría. Por eso nadie habla, todos se guardan el dolor hasta que explotan”.
Hay una diferencia decisiva entre un trabajador de cualquier sector y un integrante de una fuerza de seguridad: el arma. Reconocer que estas instituciones son la máxima herramienta del monopolio de la violencia estatal implica recordar que las políticas de seguridad son ejecutadas por personas que llevan consigo dispositivos letales. La falta de atención en materia de salud mental no es un asunto abstracto cuando quien atraviesa una crisis tiene en la cintura un fierro provisto por el Estado.
Sobre esto, un efectivo de la PFA cuenta cómo sufrió en primera persona los efectos del uso del arma en casos de suicidio: su hermano, agente policial, se mató con la reglamentaria y fue entonces que notó la falencia: “Yo dije: ¿cómo puede ser? O sea, no saben cómo puedo llegar a reaccionar ante la situación”. Dice que: “La fuerza no pudo contener bien la situación. No está preparada. A mí no me servía que solamente me dijeran ‘Tomate tu tiempo tranquilo, no vengas a trabajar, que está todo bien’ y no hacerme un seguimiento con profesionales. Veo que está muy verde ese tema”. “Más allá de la contención momentánea o de darte las condolencias otra cosa no hacen. Por ahí te dan un número telefónico por si querés comunicarte con un psicólogo que tienen, pero no vas a estar llamando. Te tendrían que llamar una vez por semana, dos veces por semana ¿no?”, agrega.
El arma no explica por sí sola un suicidio, pero su disponibilidad puede cambiar radicalmente el desenlace de una crisis. La investigadora María Alejandra Otamendi ha señalado que la accesibilidad y la mayor letalidad de las armas de fuego constituyen un factor de riesgo . Su presencia limita el tiempo para el arrepentimiento, la detección de la crisis y la intervención de terceros. Un agente de la Policía de la Ciudad dice que “Hay mucho personal policial que se suicida y que no sale en las noticias o que se lo tapa con otras cosas. Son esos 5 minutos en los que se te pasa por la cabeza y te ahogás en un vaso con agua”.
También obliga a mirar las condiciones de género. La mayoría de los efectivos que se suicidan dentro de las fuerzas son varones y jóvenes. Eso no permite establecer una relación mecánica entre masculinidad y suicidio, pero sí obliga a pensar qué significa ser fuerte en instituciones atravesadas por modelos tradicionales de virilidad. La imposibilidad de mostrarse vulnerable, la exigencia de control emocional y el mandato alrededor de la resolución de problemas bajo mantos de silencio forman parte del paisaje en el que estas muertes se producen.
Me estoy volviendo loco, puedo disparar
Las fuerzas de seguridad están organizadas alrededor de jerarquías, disponibilidad, obediencia, disciplina y uso potencial de la violencia. La persona que atraviesa una crisis no deja de ser policía luego del servicio. El llamado “estado policial” puede extender la disponibilidad, mientras que la portación del arma prolonga materialmente la relación con el trabajo. Si bien hoy los agentes pueden dejar la pistola en sus espacios laborales, no es obligatorio.
A eso se suma una paradoja económica. El Estado exige agentes disponibles y entrenados para intervenir en situaciones críticas, pero muchos de ellos necesitan sumar adicionales o trabajar en aplicaciones de transporte para completar sus ingresos. El agregado de horas extra a las propias del servicio no es una característica nueva de las fuerzas, pero se vio incrementada en los últimos años, fundamentalmente aquellas vinculadas al rubro de manejo de vehículos. El resultado es una vida laboral cada vez más extensa, con menos descanso y tiempo para sostener vínculos o iniciar y sostener tratamientos. Las instituciones responden con dispositivos de escucha, pero los testimonios describen jornadas que obstaculizan e interrumpen el tiempo de la palabra.
La pregunta no se reduce a cuántos policías se suicidan. También es importante conocer quiénes son, dónde trabajan, qué funciones cumplían, si habían pedido ayuda, si existieron antecedentes de violencia laboral, si atravesaban conflictos familiares, si estaban endeudados, cómo accedieron al arma con la que murieron y qué ocurrió institucionalmente antes y después del hecho.
Las fuerzas de seguridad comenzaron a reconocer el problema y a crear mecanismos propios. Esto las obliga a ocuparse de una cuestión que durante mucho tiempo permaneció encerrada entre los muros de las instituciones. Evidentemente, no alcanza con llenar formularios o establecer protocolos que se activan solo después de un intento de suicidio. Mientras pedir ayuda o necesitar un descanso implique el riesgo de “ser un problema”, la prevención seguirá llegando tarde. Si el endeudamiento obliga a sumar más horas de trabajo, cualquier política de salud mental estará condenada al fracaso. Sobre esto un ex agente de la PFA manifiesta algo que de obvio puede ser brutal: “Cuando al policía lo empezás a tratar como un robot, cuando te olvidás que es una persona, ahí está lo peligroso”.
Publicado en Mapa de la Policía
