Tras su reciente procesamiento en una causa federal por la presunta adjudicación irregular de 3.600 hectáreas de tierras fiscales, el senador Jorge Capitanich concedió una extensa entrevista a LITIGIO. Defendió su inocencia, denunció una utilización política del Poder Judicial y cuestionó tanto el funcionamiento de la justicia chaqueña como el de la Corte Suprema. También habló del caso Cecilia, su frustración por no haber podido avanzar en una ley de pauta oficial y aseguró que en el Chaco existe una “mesa judicial” coordinada por el diputado zderista, Jorge Gómez. “Él genera un sistema de instrucciones en forma directa e indirecta a los fiscales”, acusó.
Jorge Capitanich aún mastica la derrota. A menos de 48 horas de la caída de Argentina en la final del Mundial de fútbol, el senador chaqueño todavía repasa las decisiones que, a su entender, pudieron haber cambiado la historia: jugadores que debieron ingresar durante el partido y variantes tácticas que merecían haber sido ensayadas.
De todos modos, reconoce la superioridad del rival. Considera que el flamante campeón juega como “un relojito” y que nunca vio a un equipo cubrir con tanta eficacia los espacios dentro de la cancha. Su interlocutor es el expresidente del Instituto del Deporte Chaqueño, Osvaldo Pérez Cuevas, quien coincide con el diagnóstico sobre el despliegue técnico del seleccionado español. “Donde miraban, estaban presionados; no tenían salida”, grafica Pérez Cuevas al describir lo padecido por los jugadores argentinos durante aquellos fatídicos 90 minutos.
Son pasadas las 14 de un martes de julio y, junto a Alejandra Saucedo, responsable de prensa del PJ, somos las únicas cuatro personas que estamos en este momento en el salón auditorio de la sede del Partido Justicialista del Chaco, en la esquina de calle Mitre y avenida Rivadavia, en Resistencia.
La nota con este medio, que se produce tras el breve intercambio futbolero, se da en el marco de una ronda de entrevistas que viene realizando esta semana el exgobernador a medios locales en la capital chaqueña. Esta es la última nota de la jornada previo a su viaje a General San Martín para un acto partidario.
Hay un tema que se repite en casi todas las requisitorias de la prensa: su reciente procesamiento. El juez federal subrogante de Sáenz Peña, Fernando Carbajal, procesó a Capitanich y a su exministra de Ambiente, Marta Soneira, por el delito de fraude en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad e incumplimiento de deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles en el ejercicio de funciones públicas. Fue en el marco de la causa que investiga la presunta adjudicación irregular de poco más de 3.600 hectáreas de tierras fiscales en El Impenetrable chaqueño a socios comerciales de la pareja de la exfuncionaria.
La investigación, que surgió de una denuncia de la actual presidenta del Instituto de Tierras, Ana María Canata, fue impulsada por el fiscal Carlos Amad, quien no se quedó ahí: también pidió ampliar la investigación hacia la actual pareja de Capitanich, María Fernanda Iogna, y sus hijas, Guillermina y Jorgelina, a quienes acusó de los delitos de lavado de activo agravado por habitualidad “como parte de una banda” y evasión fiscal agravada por el monto.
Además de referirse a esta causa, en la que ratifica su inocencia, y como parte de la agenda habitual de esta revista, Capitanich abordará otros temas vinculados al funcionamiento de la Justicia. En ese marco, cuestionó el rol del Consejo de la Magistratura del Chaco, denunció una persecución del oficialismo provincial contra jueces y aseguró que existe una “mesa judicial” desde donde —según sostuvo— se imparten instrucciones a fiscales penales.
También se refirió al caso por el femicidio de Cecilia Strzyzowski (hecho que marcó un quiebre político en la provincia) y defendió las decisiones adoptadas por su gobierno durante los primeros momentos de la investigación. Al mismo tiempo, reconoció como una deuda pendiente no haber logrado los consensos necesarios para sancionar una ley que regule la distribución de la pauta publicitaria oficial, un mecanismo que hoy es utilizado por la gestión de Leandro Zdero como una herramienta de premio o castigo hacia los medios de comunicación. Además, cuestionó el funcionamiento de la Justicia Federal, con especial énfasis en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a la que criticó por aspectos vinculados a su administración, transparencia y parcialidad.
—¿Esperaba su procesamiento en la causa Tierras Fiscales o fue algo que lo tomó por sorpresa?
—Nada me toma por sorpresa. Es una causa absolutamente inventada. Desde el inicio, este es un proceso que está amañado por una clara estrategia del punto de vista judicial. Los hechos y circunstancias demuestran que son inconsistentes e inconcruentes. Además, no existe competencia de la justicia federal para una cuestión de esta naturaleza. Esto en algún momento se va a resolver como lo fue (la causa de) Fútbol para Todos: tuve 248 tapas de Clarín y tardó 11 años el proceso.
—A usted se le adjudica el hecho de haber firmado decretos donde se daban adjudicación en venta de tierras fiscales a socios comerciales del marido de la exministra Marta Soneira.
—No hay ninguna vinculación que permita identificar el proceso como irregular, de ningún modo. No hubo violación a los deberes de funcionario público porque se hizo el fiel cumplimiento a la ley. De manera tal que eso está perfecto. Además, no hubo defraudación al Estado porque es una adjudicación en venta, por lo tanto, no existe transferencia de titularidad de las tierras. Por otra parte, el nivel de fijación de precios de las tierras se hace conforme al procedimiento regular a través del Instituto de Colonización. A su vez, no existe de ningún modo el lavado de activos, que es un invento que no tiene ningún tipo de asidero ni fundamento alguno. Por lo tanto, hay nulidades en el proceso de la acusación producto de inconsistencia, incongruencia e incompetencia. Objetivamente nosotros cuando suscribimos un decreto es un acto administrativo de la máxima autoridad. Y eso implica que estamos sometidos desde el juicio político hasta el control legislativo, lo que significa el procedimiento de la presunción de legalidad y legitimidad de un acto administrativo donde están involucrados la Fiscalía de Estado, la Contaduría General, Asesoría General, todos los procedimientos de control ex ante derivados de las instancias de validación, todos los funcionarios que intervinieron previamente. Y, además, en esta causa, hay una sanción para mí pero no para quienes efectivamente firmaron. Hay incongruencias que son objetivas y manifiestas.
—A lo largo del texto del procesamiento, Carbajal emite hay una serie de cuestionamientos al accionar de la fiscalía en relación a imputaciones con poco fundamento y escasa de pruebas pero, aun así, a pesar de ser tan duro con lo hecho por el fiscal, el juez decide procesarlo a usted y a Soneira. ¿Qué piensa que ocurrió ahí?
—Para mí es un procesamiento que no corresponde y vamos a ir a la instancia de apelación. Por las vías procesales correspondientes. Hay una absoluta inocencia: nosotros no cometimos ningún delito.
—¿Siente que el fiscal Amad tiene animadversión contra usted?
—Lo ha demostrado en todo tiempo y lugar. Mire: uno puede tener animadversión contra una persona o un funcionario por distintas razones. Lo que no se puede hacer es inventar hechos que no tienen ningún tipo de asidero y fundamento. Uno puede tener buena o mala relación, pero cuando uno ejerce una función tiene que estar despojado de cualquier cuestión.
—¿Lo conoce a Amad?
—Circunstancialmente.
“Hay una absoluta inocencia: nosotros no cometimos ningún delito”
—Y más allá de esa situación, ¿tuvo algún problema anteriormente con él?
—No, y no lo voy a tener nunca porque yo siempre actúo de buena fe.
—¿Cuál cree que es su motivación para avanzar contra usted en esta causa?
—Entiendo que existen motivaciones de orden político que se lo hace con un objetivo determinado. Ya me pasó en varias causas. Son operaciones de servicios de inteligencia, relatos y narrativas que presumen cuestiones, inventan cosas. Y dentro de esas narrativas analíticas pretenden darle estructura legal de ciertas presunciones que son inventos. Eso es parte de algo que la verdad que no entiendo.
—El nudo de la acusación apunta directamente a la exministra Soneira, su marido y sus socios comerciales que fueron beneficiarios de la adjudicación en venta de tierras fiscales mediante decretos firmados también por ella. ¿Cree en la inocencia de Soneira?
—Esto ha sido ajustado a derecho y a la ley. Y esta es una objetiva derivación de los hechos. Existen trámites que datan del año 1996. Y se hace como corresponde. No hay ningún tipo de interpretación que no sea la que establece la ley y la Constitución.
—Amad también presentó una ampliación del requerimiento de instrucción contra su pareja y sus hijas. ¿Cuál es su interpretación en relación a esta decisión?
—Eso es un exceso que no tiene el más mínimo sentido, que no corresponde. Eso es una injerencia de acciones de inteligencia que vulneraron la privacidad.
—¿Acciones de inteligencia?
—Cuando uno empieza a meterse a temas de pareja eso es una barbaridad que no tiene sentido. Eso es gravísimo. Se usa el aparato judicial para cuestiones de inteligencia.
—Quiero consultarle sobre la situación de la justicia provincial. En los últimos tiempos se vio una injerencia alarmante del gobierno de Leandro Zdero sobre la Justicia. Hay varios hechos recientes. Me gustaría referirme a dos y luego mencionar un tercero. Uno es el concurso de fiscales penales 1 y 5 de Sáenz Peña que el Consejo de la Magistratura (en voto dividido) declaró desierto debido a que quienes lograron los mejores puntajes no eran afines al gobierno. Y otra es la persecución que sufrió por parte de diputados del oficialismo el ahora exjuez Jorge Sinkovich tras hacer lugar a amparos de asistencia a comunidades indígenas de El Impenetrable y aplicar multas al gobierno por incumplir esa orden judicial. ¿A qué cree que responden estas acciones del oficialismo?
—En la provincia del Chaco no hay autonomía ni independencia del Poder Judicial. Es un Poder Judicial subordinado al poder político. El juez Sinkovich es un juez perseguido por fallar en contra de lo que quiere el gobierno. El gobierno plantea una cooptación del Poder Judicial. Es más: existe una mesa judicial coordinada por un diputado provincial, exfiscal, exministro de Gobierno.
—¿Jorge Gómez?
—Claro. Él genera un sistema de instrucciones en forma directa e indirecta a los fiscales. A esto se suma lo que pasó también con el acuerdo irregular de la Bolsa de Comercio (con el municipio de Sáenz Peña, en el marco de la causa por operaciones bursátiles de alto riesgo realizadas de manera irregular que terminaron con pérdidas millonarias para la comuna), porque es una asociación civil que ha cometido un delito, La Bolsa de Comercio no tiene que restituir los fondos de una acción de carácter especulativa probada y demostrada judicialmente. O lo mismo que lo que hicieron con el juez Lineras, de la Cámara Primera de Sáenz Peña…
—Lo interrumpo porque ese es el tercer hecho que le iba a mencionar. Con el juez Rodolfo Lineras, a quien se le abrió un proceso de jury de enjuiciamiento por el mero hecho de hacer lugar a un hábeas corpus, hay una situación especial: la suspensión contra él se dio por unanimidad en el Consejo de la Magistratura, con el voto favorable del diputado Rubén Guillón, representante del bloque del justicialismo. ¿Qué pasó entonces con ese voto?
—El fundamento de Guillón fue que no podía descartar un esquema de investigación sumaria para todos. Pero, de cualquier modo, lo que quiero decir es que acá, lo que se está demostrando, es el agotamiento del Consejo de la Magistratura para el proceso de selección de los jueces y también para el jury de enjuiciamiento.
—¿Agotamiento? ¿En qué sentido?
—En el sentido de que si existe cada vez más un proceso a partir del cual los órganos de representación de carácter profesional están vinculados de forma directa o indirecta a jueces y fiscales, pone en serio peligro la autonomía e independencia. Es decir, hay parcialidad manifiesta.
“Existe una mesa judicial coordinada por el diputado Jorge Gómez. Él genera un sistema de instrucciones en forma directa e indirecta a los fiscales”
—¿Hay que reformar el Consejo de la Magistratura?
—Creo que primero hay que poner límites al mandato de los fiscales y los jueces. En segundo lugar, hay que reformar el sistema de concursos de antecedentes y oposición. Tercero, hay que hacerlo de un modo absolutamente transparente donde la injerencia corporativa no sea la que defina. Esta es la verdad de la historia. Hay un tema central que si nosotros no hacemos eso vamos a tener un sesgo de indudable parcialidad y que puede afectar severamente el correcto funcionamiento de la justicia.
—En el plano nacional se ve una estrategia del gobierno de Javier Milei de rediseñar el Poder Judicial en base a funcionarios judiciales que son cercanos a la gestión y también, en muchos casos, como una devolución de favores con determinados magistrados. El caso más reciente y claro es el del juez de la Cámara Nacional del Trabajo Víctor Pesino quien avaló la ley de “Modernización Laboral” y al día siguiente Milei decidió promover su continuidad por cinco años más debido a que estaba al borde de cumplir 75 años, edad límite impuesta por la Constitución.
—Me parece que el deterioro del Poder Judicial es verdaderamente complejo en toda Argentina por varias razones. Como miembro de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales pedí un plan de organización del sistema judicial. Porque aprobamos Salas en Cámaras Federales, aprobamos Juzgados y también integración de Cámaras sin una planificación desde el punto de vista de número de causas y del nivel de eficacia y eficiencia de los magistrados respecto del cumplimiento de objetivos y metas. Y de la información pública que se tiene que tener. Yo estoy absolutamente de acuerdo en la necesidad de así como efectivamente se cumpla el mandato de 75 años, es absolutamente imprescindible la declaración jurada patrimonial, la declaración jurada impositiva. Y a su vez me parece que es absolutamente imprescindible ponerle plazo a los mandatos de los cargos. Además, la organización del sistema judicial tiene inconsistencias e incongruencias manifiestas y claramente un problema serio de asignación de recursos. Otro tema: el Consejo de la Magistratura de la Nación, que data del año 1997, efectivamente forma parte del Pacto de Olivos. Y la verdad es que se discutía la integración de miembros, pero lo cierto es que la Ley 24.937 fue restituida después de un fallo de declaración de inconstitucionalidad y luego se dicta un fallo en donde la Corte se arroga las potestades constitucionales del Poder Legislativo y restituye una ley derogada. Pero esa ley derogada no es menor: la cuestión central es que el presidente de la Corte es el presidente del Consejo de la Magistratura que tiene la particularidad de participar del proceso de selección de jueces y también de mantener la disciplina y manejar el presupuesto. Por lo tanto, la suma del poder del Poder Judicial recae en el presidente de la Corte y eso es absolutamente irregular. Además, la Corte tiene tres miembros. Y el último miembro elegido por el decreto del año 2003 fue Ricardo Lorenzetti. (Carlos) Rosenkrantz y (Horacio) Rosatti fueron indebidamente designados en comisión y convalidados de una manera irregular por el Senado. En realidad, la Corte Suprema tiene un solo miembro legítimo. Además, en un esquema de cinco miembros tiene solamente tres.
—En su momento se habló de ampliar el número de integrantes de la Corte y en algunas propuestas se fijó el número de posibles miembros en 24. ¿Cuál es su posición sobre esto?
—Yo creo que se puede discutir el número (de integrantes de la Corte), en 24, 15 o 12, pero objetivamente no se puede tener cinco con esquema de claro sesgo de injerencia corporativa de base económica financiera que establece un mecanismo de disciplinamiento de jueces. No puede ser lo que ha pasado con (Fabián) ‘Pepín’ Rodríguez (ex estratega judicial del expresidente Mauricio Macri sobreseído por la justicia en 2024, luego de estar “en rebeldía” por tres años en Uruguay para no ser arrestado), la escandalosa cuestión de Lago Escondido, y un largo etcétera. Esto es un sistema de acuerdos corporativos múltiples que gozan de una impunidad manifiesta. La otra cuestión: la acordada de la Corte respecto de traslado de jueces que también ha generado un proceso irregular. Otro tema: el del Procurador que fue designado de forma interina hace nueve años sin concurso de antecedentes y oposición. Casi el 50% de los fiscales no está designado en Argentina. A su vez, hay más de 300 vacantes y a su vez designaciones como el caso de (el juez de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del actual ministro de Justicia, Carlos) Mahiques de prórroga de mandato como si fuera la única luminaria existente en el universo de carácter judicial. La verdad es que todo ese procedimiento que es irregular no puede formar parte de un Poder Judicial autónomo e independiente que garantice seguridad jurídica. Entonces todos los que rasgan las vestiduras porque se jactan de la seguridad jurídica ahora no los escucho opinar y me refiero a grupos económicos poderosos que usan de manera directa o indirecta el Poder Judicial para satisfacer sus deseos de impunidad.
—Hace mucho no veo un nivel de manipulación del Poder Judicial como el que se está viviendo ahora, sobre todo a nivel nacional. Pero no veo que sea un tema que la gente hable en su vida cotidiana, entiendo que debe ser porque los desconoce. ¿Por qué cree que pasa esto?
—Porque están involucrados los mismos actores que lo difunden.
—Se refiere a los medios de comunicación.
—Claro. Determinados medios de comunicación que hoy hacen silencio cómplice. También es interesante ver como se acallaron aquellas vocerías revolucionarias incandescentes de algunos dirigentes políticos que antes eran contrarios a la manipulación del Poder Judicial y ahora no dicen nada.
—¿A quién se refiere?
—Usted interprete mi frase.
—Hablando del poder mediático, hay un tema que se viene hablando mucho desde que comenzó la gestión de Zdero: la discriminación en la distribución de la pauta oficial que están sufriendo muchos medios de comunicación. Gran número de medios se quedaron afuera del reparto sin ningún tipo de fundamento, poniendo en peligro su continuidad, por el simple hecho de que el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, decidió que no cumplían con los parámetros que el gobierno exigía, por decirlo de algún modo elegante. En su momento, durante su gestión, usted presentó un proyecto de ley para regular y transparentar la distribución de pauta. ¿Qué pasó con ese proyecto?
—Ese fue un estigma que tengo en términos de gestión porque yo la promoví y después nunca se pudo plantear. Había diputados de la oposición y de nuestro bloque que no la querían votar. Yo creo que hay que hacerlo. Es lo mismo que pasa a nivel nacional. Dicen: “No hay más pauta oficial”. ¿Ah, sí? ¿YPF? ¿Qué tiene? ¿La SIDE? ¿Qué tiene? Metieron el (Decreto de Necesidad y Urgencia) 941 (que amplió las facultades de la Secretaría de Inteligencia de Estado) y ahora se le otorgó un ajuste de 150 mil millones de pesos de manera totalmente discriminatoria. Y también lo hacen con ARSAT y con otros mecanismos de fuente de financiamiento alternativo. Que no digan que no existe financiamiento indirecto o ilegal respecto de la pauta nacional. Y a nivel provincial es una vergüenza lo que ocurre. Lamento no haber podido tener la fuerza necesaria y suficiente para tener una ley de publicidad oficial. Porque eso es lo que hay que hacer. Dije que hay que corregir todo lo que haya que corregir. Los trabajadores de los medios de comunicación tienen que estar registrados en el marco de la ley. Además, se tiene que garantizar que haya una métrica de medición.
—Parámetros objetivos.
—Claro. Eso hay que potenciarlo porque es absolutamente necesario.
—Pasó mucho tiempo, pero ¿se acuerda por qué los diputados del justicialismo no querían votar a favor de la ley de pauta?
—Yo lo único que sé es que hubo mucha presión indirecta de comunicadores sobre ese tema. Pero la verdad es que no se corresponde con la necesidad imperiosa de esto. Esto hay que hacerlo a nivel nacional, provincial y hay que hacer transparente este sistema.
“(La Ley de Pauta Oficial) fue un estigma que tengo en términos de gestión porque yo la promoví y después nunca se pudo plantear. Había diputados de la oposición y de nuestro bloque que no la querían votar”
—Le quiero consultar por un tema que ya lo ha abordado muchas veces, que es el Caso Cecilia. Más allá del proceso judicial y de la implicancia que tuvo en la elección de 2023, le quería preguntar ¿qué análisis hace en retrospectiva de la actuación de su gobierno en el caso? Y, por otro lado, ¿por qué cree que la opinión pública se puso en contra de su gestión en este tema a pesar de que el gobierno se presentó desde un primer momento como querellante institucional, acompañando todas las decisiones de la fiscalía y de las querellas, incluso hasta medidas muy duras como el rechazo a la prisión domiciliaria de una imputada que en ese momento tenía a su cargo un niño muy pequeño?
—Porque fue una estrategia comunicacional montada en contra. Y eso siempre se hace desde las usinas ideológicas de la oposición. Pero el Poder Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer, cumplió con la función jurisdiccional que le correspondía a la Policía de la Provincia de identificación de los potenciales culpables, el tema de la detención de los mismos, la instancia investigativa a nivel del Poder Judicial y la verdad lo que se hizo fue lo que correspondía hacer. Nadie puede cuestionar la transparencia de los actos. Y no hubo ningún tipo de complicidad con nada ni con nadie. Lamento mucho lo que fue un episodio que queda marcado en la historia institucional y política del Chaco. Nosotros tuvimos a la primera vicegobernadora de la historia de la provincia, tuvimos paridad de género, tuvimos políticas de condena ferviente al femicidio y la aplicación de la Ley Micaela. Fue mucho lo que hicimos en esta materia. Lamentamos siempre episodios de esta naturaleza que ha enlodado un compendio de políticas públicas muy activas y propositivas en materia de defensa de los derechos de la mujer.
—En relación a esto de la opinión pública, ¿cuánto cree que pesó que Gloria Romero, la mamá de Cecilia, sea abiertamente opositora a su gobierno y haya hecho campaña a favor de la elección de Leandro Zdero?
—No voy a juzgar hechos de estas características. Fue un hecho lamentable que nos dolió muchísimo desde el punto de vista humano. Y que el hecho haya ocurrido en la provincia del Chaco. Los supuestos culpables fueron condenados a través del juicio por jurados que nosotros impulsamos.
—¿Siguió el juicio?
—Simplemente los detalles finales.
—¿Qué opina sobre las condenas a prisión perpetua de Emerenciano Sena y Marcela Acuña? ¿Piensa que son justas?
—No emito juicio de valor respecto de la resolución de un juicio. Eso corresponde al Poder Judicial. Si hay algo que hemos impulsado es la autonomía y la independencia de la Justicia. Los miembros del Superior Tribunal fueron elegidos por concurso de antecedentes y audiencia pública y nosotros siempre garantizamos la plena libertad en el ejercicio de sus funciones.
Por Bruno Martínez LITIGIO
