El pedido fue presentado por su defensa, al plantear que su detención ya superó el “plazo razonable” y que no existen riesgos procesales que justifiquen que siga preso.
Lucas Pertossi, uno de los ocho rugbiers condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, solicitó su excarcelación al plantear que su detención ya superó el “plazo razonable” y que no existen riesgos procesales que justifiquen que continúe preso.
El pedido fue presentado por su defensa, que argumentó que el joven lleva más de seis años privado de la libertad desde su detención en enero de 2020, lo que, según sostuvo, excede los límites que debe tener una prisión preventiva.
En esa línea, los abogados Rolando Brown e Ignacio Nolfi, plantearon que la medida cautelar “no puede transformarse en una pena anticipada” y que debe revisarse periódicamente para evaluar si siguen vigentes los motivos que la justificaron.
Además, solicitaron de manera subsidiaria una morigeración de la detención, es decir, reemplazar la cárcel por una medida menos gravosa, como la prisión domiciliaria. Brown adjuntó un informe socioambiental y ofreció como garantes a familiares y allegados, con domicilio en la localidad bonaerense de Zárate.
También remarcaron que el proceso judicial ya avanzó: el juicio oral fue realizado, la prueba ya fue producida y actualmente solo resta la resolución de recursos ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Para la defensa, ya no existe riesgo de entorpecer la investigación y el peligro de fuga no está acreditado. Asimismo, destacaron su buena conducta en prisión y su entorno familiar como argumentos para pedir la libertad o, al menos, la domiciliaria.
Burlando y Améndola se opusieron al pedido
Los padres de Báez Sosa, a través de sus abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, rechazaron de plano el planteo y pidieron que la Justicia no conceda la libertad.
En su presentación, sostuvieron que no hubo ninguna violación al plazo razonable y que la duración del proceso se explica por la complejidad del caso y la cantidad de imputados.
También remarcaron que Pertossi ya fue condenado a 15 años de prisión, una pena confirmada en instancias superiores, y que esa situación incrementa el riesgo de fuga, en lugar de reducirlo.
Para la querella, lejos de tratarse de una “pena anticipada”, la prisión preventiva sigue siendo necesaria para garantizar que el imputado no eluda a la Justicia, sobre todo en una etapa en la que la condena podría quedar firme.
Ahora, el planteo deberá ser resuelto por el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores, que tendrá la última palabra sobre si concede la excarcelación o mantiene la detención de Pertossi.
