El gobernador de Santa Fe avanza a paso firme hacia la reforma institucional y judicial en la provincia con mayor tasa de homicidios del país como consecuencia de la guerra entre narcos en la ciudad de Rosario. Con mayoría legislativa a su favor, Pullaro ahora emprendió el camino para instaurar el juicio por jurado.
Para ello, LPO accedió al proyecto oficialista que ingresó a la Legislatura provincial y que obtuvo media sanción en Diputados, otro escalón luego de haber logrado trasladar a la jurisdicción provincial los delitos de narcomenudeo, entre otros.
Ahora, Pullaro impulsa una segunda reforma estructural a la Justicia. El primero fue el reemplazo del sistema acusatorio por la creación del Ministerio Público de la Acusación (fiscalías) hace diez años que aceleró las causas penales quedando pendiente la implementación del juicio por jurado.
«No es una opción, es una obligación», sostuvo a LPO un funcionario judicial y recordó que la Reforma Constitucional del ’94. En su artículo 118 establece que «todos los juicios criminales ordinarios, (…) se terminarán por jurados, luego que se establezca en la República esta institución».
En consecuencia, Pullaro presentó el proyecto para implementar el juicio por jurado para los delitos de asesinatos, torturas, vejaciones y apremios ilegales y estragos dolosos cometidos por funcionarios públicos, abusos sexuales agravados, corrupción de menores de 13 años o delitos cometidos por personal policial o servicio penitenciario en enfrentamientos.
De esta manera, el gobernador busca instaurar el nuevo sistema judicial para los delitos más graves que impactan socialmente. No es la primera vez que se intenta implementar el jurado popular en Santa Fe.
El último antecedente fue del bloque Creo que responde al intendente Pablo Javkin a través de su diputado Ariel Bermúdez: «el Juicio por jurados lo que hace es acercar a la sociedad a un poder que a veces está muy alejado de la gente», señaló el legislador a través de un comunicado donde recordó que este método ya está vigente en más de diez provincias entre ellas, Córdoba, Entre Ríos, Chaco, Capital Federal y Buenos Aires.
En Santa Fe, el nuevo sistema busca que la culpabilidad o la inocencia del acusado sea determinada por un jurado de 12 integrantes, mitad hombres y mitad mujeres. Aprobado en Diputados, será debatido en la Cámara Alta donde el gobernador también cuenta con amplia mayoría.
