La jueza federal de Garantías Zunilda Niremperger resolvió este jueves extender por tres meses la investigación en la causa conocida como “narcopolicías”, hizo lugar al pedido de sobreseimiento de uno de los imputados y readecuó las imputaciones contra el resto de los efectivos acusados de intentar robar cocaína durante un operativo de incineración judicial.
La decisión fue adoptada durante una audiencia de ampliación del objeto de la investigación preparatoria, prevista en el artículo 259 del Código Procesal Penal Federal, en la que el fiscal federal Patricio Sabadini solicitó una prórroga de la pesquisa hasta el próximo 7 de julio. El pedido fue concedido por la magistrada.
Uno de los puntos centrales de la audiencia fue el cambio en la acusación contra César Alegre, señalado por la fiscalía como presunto líder de la organización. Hasta ahora imputado junto al resto de los acusados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada y peculado, Alegre pasó a ser acusado como “organizador” de la maniobra delictiva, una figura penal de mayor gravedad contemplada en la Ley de Estupefacientes.
La jueza explicó que la fiscalía sostuvo una readecuación de la calificación legal para todos los imputados, aunque introdujo una acusación específica para Alegre como presunto organizador de la estructura destinada al desvío y comercialización de droga incautada.
Al mismo tiempo, la magistrada hizo lugar al pedido de sobreseimiento formulado por el fiscal respecto de Lucas Exequiel Martínez, al considerar que no pudo acreditarse su participación en los hechos investigados.
“Conforme a la evidencia no se ha podido acreditar que el mismo tuvo participación en los hechos que aquí se investigan”, sostuvo Niremperger al ordenar su sobreseimiento y disponer su inmediata libertad. Martínez, vale recordar, era el único uniformado de la causa en arresto domiciliario.
En paralelo, la jueza confirmó la continuidad de las prisiones preventivas para el resto de los acusados, al considerar que persisten riesgos procesales vinculados a una eventual fuga o entorpecimiento de la investigación.
Según fundamentó, la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de pena y la condición de funcionarios policiales de los imputados constituyen elementos suficientes para mantener las detenciones. También valoró la posibilidad de que puedan influir sobre testigos o interferir en nuevas medidas probatorias.
“Los riesgos procesales subsisten”, sostuvo la magistrada, quien rechazó además los pedidos de morigeración de las medidas de coerción, incluidas solicitudes de prisión domiciliaria.
En el caso de Francisco Lucas Leonel García y Gastón Ezequiel Villalba, los dos últimos detenidos, la fiscalía también modificó la imputación: ambos quedaron acusados únicamente por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por el número de partícipes y por su condición de funcionarios públicos. A diferencia del resto, ya no enfrentan el cargo de peculado.
Cocaína robada
La causa investiga a un grupo de policías chaqueños acusados de intentar sustraer cerca de nueve kilos de cocaína durante un operativo de incineración judicial realizado el 18 de diciembre en Colonia Benítez.
De acuerdo con la hipótesis fiscal, los efectivos habrían intentado apropiarse de parte de la droga secuestrada para reinsertarla en el circuito narco local. La investigación sostiene que los estupefacientes fueron ocultados en mochilas y en un patrullero con el objetivo de retirarlos del predio sin ser detectados.
El intento habría sido frustrado por funcionarios judiciales presentes en el operativo, en el que se destruían más de tres toneladas de marihuana y cerca de 80 kilos de cocaína.
Hasta el momento permanecen detenidos Gustavo Andrés Quizama, Franco Andrés Ramírez, Néstor Ariel Urne Canteros, Juan Nicolás Almirón Núñez, Gustavo Jesús Acosta, César Alegre, García y Villalba.
La fiscalía sostiene que el análisis de teléfonos celulares fue clave para reconstruir una presunta estructura organizada dedicada a revender droga secuestrada en operativos oficiales y brindar cobertura a compradores dentro del circuito narco.
Fuente: Chaco Día por Día
