El diputado provincial Samuel Vargas solicitó a la Justicia chaqueña que se pronuncie de manera urgente sobre la medida cautelar que pesa sobre el Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN), al advertir que su indefinición está poniendo en riesgo miles de puestos de trabajo vinculados a la actividad forestoindustrial. El planteo fue realizado en sintonía con trabajadores y Pymes del sector maderero de Machagai, Quitilipi, Presidencia de la Plaza y localidades aledañas.
Trabajadores y empresarios expusieron la situación crítica que atraviesa la actividad y reclamaron que se investiguen las irregularidades denunciadas, pero sin que ello implique el cierre de empresas ni la pérdida de fuentes laborales por falta de materia prima.
Vargas recordó que la ley del OTBN fue debatida con posiciones encontradas en la Cámara de Diputados, atravesada por intereses sectoriales, obtuvo dictamen en comisión y fue aprobada con el acompañamiento de gran parte de la oposición. “Ordenar nuestro bosque nativo era una asignatura pendiente y eso fue lo que hicimos”, afirmó.
Asimismo, señaló “que durante la gestión del exgobernador Jorge Capitanich se recategorizaron predios de manera ilegal y se modificó arbitrariamente la denominada Ley del Semáforo, incorporando el color naranja, inexistente en la normativa vigente”. En ese sentido, cuestionó que esas irregularidades no hayan sido denunciadas oportunamente por sectores ambientalistas, situación que —según indicó— estuvo a punto de permitir que se consolidaran decisiones contrarias a la ley.
El legislador destacó además que la actividad forestoindustrial y toda su cadena productiva sostienen a miles de familias de forma directa e indirecta, siendo un pilar el polo maderero chaqueño, generador de empleo privado, ingreso de divisas y movimiento económico en las localidades del interior.
Finalmente, Vargas remarcó que el nuevo paradigma impulsado por nuestra gestión promueve el desarrollo de proyectos forestoindustriales, agronegocios, productos cárnicos y sus derivados con valor agregado, pero advirtió que si la Justicia chaqueña continúa dilatando su resolución, las empresas podrían optar por radicar inversiones en otras provincias. “El Superior Tribunal debe dar respuestas claras a miles de chaqueños, porque mientras no hay definiciones, personas reales están perdiendo su fuente de trabajo y las economías locales reciben un golpe muy fuerte”, concluyó.
