Los diputados justicialistas Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons y Sebastián Benítez Molas denunciaron penalmente a funcionarios provinciales por una consultoría para la Administración Tributaria Provincial cuyos detalles, según sostienen, nunca fueron informados. La denuncia apunta a determinar si la contratación eludió pasos administrativos y también si empresas vinculadas al presidente de River, Stefano Di Carlo, participaron del diagnóstico que luego sirvió de base para un concurso de más de $31 mil millones, al que se presentaron dos firmas relacionadas con el dirigente.
Tres diputados provinciales del justicialismo presentaron una denuncia penal para que se investigue la contratación de una consultoría destinada a la Administración Tributaria Provincial (ATP) por aproximadamente $1.800 millones. Según sostienen, la operatoria habría sido canalizada a través de ECOM Chaco S.A. y podría haber eludido los procedimientos ordinarios previstos para las contrataciones públicas.
La presentación, a la que tuvo acceso LITIGIO, fue realizada el 2 de septiembre ante la Unidad de Atención a la Víctima y a la Ciudadanía por Nicolás Slimel, Santiago Pérez Pons y Sebastián Benítez Molas. Los legisladores solicitaron que se determine la eventual responsabilidad penal de la administradora general de la ATP, Bibiana Massiel Kuncheff; del ministro de Hacienda y Finanzas, Alejandro Abraam; y de todos los funcionarios o particulares que hubieran intervenido en la decisión, instrumentación, autorización, ejecución y pago de la contratación.
Los diputados plantearon distintas hipótesis que deberán ser analizadas por el Ministerio Público Fiscal y solicitaron, entre otras medidas, el secuestro urgente de expedientes, contratos, órdenes de pago, documentación informática y comunicaciones vinculadas con la operatoria.
Consultoría canalizada
El núcleo de la presentación gira en torno a una contratación que, según la documentación reunida por los denunciantes, tenía como destinataria material a la Administración Tributaria Provincial, aunque habría sido instrumentada económicamente mediante ECOM Chaco SA, la empresa de tecnología de capitales mixtos.
Los legisladores sostienen que órdenes de pago emitidas por la propia ATP registran a ECOM como beneficiaria de pagos bajo el concepto de “Servicios de Consultoría y Asesoría en General”. Según la reconstrucción incorporada a la denuncia, fueron identificadas tres actuaciones administrativas correspondientes a cuotas sucesivas de la contratación.
Una de ellas habría sido por una suma de $629 millones. De acuerdo con la presentación, la orden de pago fue emitida por la ATP, ECOM Chaco figuraba como beneficiaria y el gasto había sido imputado a la partida presupuestaria “Informática y Sistemas Computarizados”.
Ese es uno de los puntos que los denunciantes consideran necesario investigar. Según sostienen, la documentación administrativa identifica el pago como un servicio de consultoría y asesoría, mientras que la imputación presupuestaria corresponde a otro rubro.
La propia ATP habría reconocido posteriormente la existencia del convenio y lo habría definido como un relevamiento integral de sistemas y procesos destinado a detectar brechas tecnológicas, funcionales y de gestión. Sin embargo, los diputados cuestionan que esa respuesta no haya precisado datos que consideran centrales para controlar la legalidad de la operación: la empresa efectivamente contratada, el expediente administrativo, el procedimiento utilizado para seleccionarla, el precio pactado, la partida presupuestaria afectada y las autorizaciones previas.
Las advertencias previas
La denuncia también reconstruye una serie de pedidos de información realizados desde diciembre de 2025 por el Sindicato de Empleados de Rentas (SiEmpRe), del cual el diputado Slimel es autoridad.
En esos requerimientos se había solicitado a la ATP información sobre una posible contratación de terceros para intervenir sobre sistemas, procesos, cobranzas o la administración tributaria. Entre otros puntos, se pidieron precisiones sobre el objeto, plazo, precio, forma de pago, procedimiento de selección, empresas involucradas, obligaciones asumidas y eventuales accesos a información fiscal protegida.
Ante lo que consideraron respuestas insuficientes, los denunciantes promovieron posteriormente una acción de amparo. Según la presentación, aquella causa no resolvió el fondo de la discusión sobre la existencia o legalidad de la contratación, sino que declaró inadmisible la vía excepcional utilizada y dejó abierta la posibilidad de recurrir a una demanda contencioso-administrativa.
Para los diputados, esos antecedentes adquieren relevancia porque sostienen que las autoridades provinciales ya habían sido consultadas expresamente sobre la existencia de contrataciones privadas, los mecanismos de selección y las condiciones económicas de eventuales convenios antes de que se concretaran los pagos ahora cuestionados.
La presentación propone, de manera provisoria, investigar si los hechos podrían encuadrar en distintas figuras del Código Penal. Entre las hipótesis planteadas se encuentra el posible incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión o retardo de actos funcionales, administración fraudulenta, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y malversación de caudales públicos.
La posible continuidad
Uno de los puntos más sensibles de la denuncia es la posible relación entre la consultoría de $1.800 millones y el posterior Concurso Público N° 01/2026, mediante el cual el Gobierno del Chaco busca contratar durante 48 meses una consultoría integral para “modernizar” la Administración Tributaria Provincial.
El procedimiento, gestionado a través de Fiduciaria del Norte, contempla una contratación superior a los $31.000 millones. Como ya informó LITIGIO, tres empresas presentaron ofertas y dos de las firmas admitidas, ATTI S.A. y ATS Sistemas y Gestión S.A., aparecen vinculadas societaria e históricamente con Stefano Di Carlo, actual presidente del Club River Plate.
Los diputados sostienen que la investigación deberá reconstruir toda la secuencia: la contratación anterior, el diagnóstico realizado sobre la ATP, la eventual utilización de ese trabajo como antecedente técnico para la elaboración del pliego y, finalmente, la participación de empresas en el concurso multimillonario.
La principal incógnita, por ahora, es quién realizó y cobró por el diagnóstico. Los legisladores mencionan tres posibles firmas: ATS Sistemas y Gestión S.A., Think Solutions S.R.L. y Ronda 360 S.R.L. Las tres tienen vínculos con Di Carlo.
En el caso de ATS Sistemas y Gestión, Di Carlo se desempeñó como director suplente hasta la asamblea del 21 de junio de 2024. Desde entonces, la empresa quedó presidida por Sergio Kalos, con Andrés Ballotta como vicepresidente y María Fernanda Ballotta como directora suplente. La integración societaria vincula a ATS con la actual conducción de River. Andrés Ballotta, vicepresidente de la empresa, es actualmente vicepresidente primero del club.
Think Solutions S.R.L. y Ronda 360 S.R.L., por su parte, forman parte del conglomerado empresario Grupo IDIX, presidido por Di Carlo. Según la información recabada por los legisladores, ambas firmas aparecerían además vinculadas, para el “diagnóstico”, en una unión transitoria de empresas.
La hipótesis que plantean los denunciantes es, en consecuencia, que la empresa o las empresas que realizaron el diagnóstico sobre las necesidades de la ATP podrían pertenecer al mismo conglomerado o estar vinculadas con firmas que luego se presentaron al concurso por más de $31.000 millones para ejecutar las soluciones que, precisamente, surgirían de ese diagnóstico.
Sin embargo, los propios diputados reconocen que hasta el momento no encontraron comprobantes de pago que permitan confirmar que alguna de esas empresas haya sido la destinataria efectiva de los fondos correspondientes a la consultoría.
En diálogo con este medio, Slimel explicó que los nombres surgieron de reuniones, comunicaciones y correos electrónicos intercambiados entre funcionarios y empresarios, aunque remarcó que no pudieron acceder al convenio en el que eventualmente constaría la identidad de la empresa contratada. “No tenemos el convenio donde aparecen las firmas porque justamente no lo muestran, fingieron demencia y nunca nos pasaron la documentación”, sostuvo el legislador.
La investigación deberá determinar, entonces, si alguna de esas empresas o sociedades vinculadas participó directa o indirectamente en la elaboración del diagnóstico previo y si posteriormente intervino en el procedimiento destinado a ejecutar las soluciones derivadas de ese mismo trabajo.
De comprobarse esa secuencia, los denunciantes consideran que correspondería analizar la posible existencia de una ventaja informativa, un conflicto de intereses o un eventual direccionamiento material de la contratación.
El concurso, además, continúa actualmente en etapa de análisis y preadjudicación en Fiduciaria del Norte. Tres empresas fueron admitidas en el procedimiento: Pogua Sistemas S.A., que ofertó $32.976 millones; ATTI S.A., con una propuesta de $31.340 millones; y ATS Sistemas y Gestión S.A., que cotizó $31.521 millones por los cuatro años de contrato.
REVISTA LITIGIO
