En esta nota, la abogada Nahir Barud, ex coordinadora de Litigios Estratégicos de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros del Chaco, se refiere al reciente femicidio de Graciela López y cuestiona la responsabilidad estatal en el control de agentes armados denunciados por violencia de género. La autora advierte sobre fallas institucionales, la restitución de armas reglamentarias y la falta de políticas integrales de salud mental y prevención dentro de la Policía del Chaco.
Por Nahir Barud
Es el tercer femicidio en lo que va del año pero cuando hablamos de femicidios pareciera ser que caemos en la frivolidad de las cifras y no nos detenemos en lo elemental: lo cruento.
Este año el primer femicidio ocurrió conjuntamente con el segundo, Marcela de 37 años fue asesinada con su hija de 17 años, Diana, a ambas las mató David Ojeda. Una de las mujeres presentaba signos de abuso, es decir, no sólo mató a una madre y a una hija sino que además, antes de ello, habría abusado sexualmente a una de ellas.
Ahora a Graciela la mató el mismo Estado Chaqueño, porque no fue sólo Luciano Etudie, fue el Cabo Primero, agente policial de la Policía de la Provincia del Chaco, quien ejecutó el disparo con su arma reglamentaria, la cual anteriormente le había sido retirada por una causa anterior de violencia de género.
El Cabo Primero no sólo mató a Graciela, sino que también mató a su propio padre previamente. Así, según trascendió en los medios, el Cabo Primero tomó como rehenes a Graciela y al hijo en común que tenían, allí se dirigió hacia el paraje Tres Bocas, cerca de El Paranacito, en Puerto Vilelas y cuando llegó la policía, en medio de la tensión, decidió liberar a su hijo, sin embargo mantuvo cautiva a Graciela, mientras manifestaba “que ya estaba jugado”.
Más allá del relato de los hechos y los titulares de por qué femicidio vamos en el 2026 cabe preguntarse ¿Qué ocurrió para llegar a este punto? Para que el 5 de Mayo de 2026 se convirtiera en el día del femicidio de Graciela, la que momentos antes habrá temido más por la vida y el bienestar del niño que por su vida que estaba a punto de acabarse por la decisión de un hombre (porque en general, las vidas de las mujeres terminan quedando de una u otra manera al arbitrio y a la libre voluntad de un hombre).
Pero volviendo al punto central, debe comprenderse que ocurrieron deficiencias. Etudie ya tenía antecedentes, hubo un supuesto “tratamiento” psicológico, así según manifestara el mismo Jefe de la Policía del Chaco, así manifestó que el Cabo Primero Etudie “Tenía una denuncia anterior, del mes de enero de 2025, una amenaza que había hecho a otra pareja que tenía él lo que motivó el inicio de un sumario administrativo la retención preventiva del arma y luego de cuatro meses de tratamiento psicológico obtuvo el alta médica para portar el arma reglamentaria, en el mes de abril de 2025 (…) Fue monitoreado y fue seguido, pero bueno las actitudes individuales de cada persona son impredecibles y hoy un examen psicológico que me dé apto mañana no sabemos.” (sic).
Cualquier persona que tenga un entendimiento básico de las violencias por motivos de géneros sabrá que nadie se “cura” en cuatro meses, como ciudadana y como profesional me resulta por lo menos llamativo que en breves cuatro meses haya existido un tratamiento, un seguimiento y un “alta” para la portación de armas de fuego tal como lo establece en estos casos la Ley 2141-J la cual dispone que el levantamiento de la medida de prohibición de la portación, tenencia y transporte del arma de dotación fuera del horario de servicios, denunciados por violencia familiar o de género quedará sujeta a los informes elaborados por un equipo interdisciplinario (que suelen componerse por psicólogos, trabajadores sociales y abogados) de Asistencia a Víctimas de Violencia Familiar y si así lo determina la resolución del juez interviniente, cabrá aquí preguntarse además ¿Qué ocurrió en el Poder Judicial? ¿A dónde fue esa denuncia de amenazas en contexto de violencia de género? ¿Alguna autoridad judicial resolvió la restitución del arma de fuego al victimario? ¿Cuántos responsables hay y quiénes son?
Estas preguntas lejos de ser maliciosas, pretenden ser preventivas y nada novedosas, ya que ha sido la misma oposición la que advirtió que esto podía ocurrir a través del Proyecto 762/2025 el cual proponía la limitación de la portación de armas de fuego reglamentarias exclusivamente en el horario de servicio, creando en las comisarías espacios de seguridad con dispositivos de caja fuerte o similares destinados al resguardo de las armas de conformidad a las medidas dispuestas por la ANMAC. Sin embargo, días atrás, en un claro acto de improvisación, la Jefatura, según trascendidos, dispuso que las armas queden resguardadas en la comisaría a partir de esta situación.
Resulta preocupante que ahora en las comisarías, edificios donde circula gente constantemente, donde se encuentra casi la mitad de la población privada de libertad de nuestra provincia, también se resguarden las armas de fuego sin medidas de seguridad adecuadas a nivel edilicio.
Estos hechos no son aislados, así en enero de 2024, Claudio Mambrín, agente policial, asesinó a su pareja en Presidencia de la Plaza y luego se quitó la vida. En febrero, el sargento José Acosta fue hallado muerto con un disparo en la cabeza; se trató de un suicidio con su arma reglamentaria mientras estaba de franco, con posterioridad, en Abril de ese mismo año Federico Fogliatti, de la División de Antecedentes, se suicidó con su arma en un descampado. En junio, una policía fue víctima de una tentativa de femicidio cuando su pareja utilizó su arma reglamentaria para dispararle.
Meses atrás, este mismo año un Sargento Primero se habría suicidado con su arma reglamentaria en la localidad de Presidencia de la Plaza.
Entonces aquí confluyen dos problemas muy claros que atraviesan la provincia de un modo alarmante: los femicidios ocurridos con las armas y agentes Estatales y los suicidios por parte de los agentes con las armas reglamentarias.
Sin dudas la solución a mediano y largo plazo no es desarmar a quienes deben bregar por el mantenimiento del orden y la seguridad en las calles, pero se torna vital la contención y el acompañamiento en materia de salud mental a la Policía de la Provincia del Chaco y el mejoramiento en sus condiciones de vida, porque en esta oleada de suicidios y femicidios que nos atraviesa a lo extenso del país no puede negarse una realidad: sueldos bajos, problemas para llegar a fin de mes, recrudecimiento de las violencias acaban con actos fatales y de nada sirve un Estado que se presenta luego del hecho, el Estado siempre debe llegar antes, más aun cuando ha sido quien formó a los policías y quien les otorgó las armas de fuego.
REVISTA LITIGIO
