El vicepresidente primero de la Comisión de Discapacidad de la Cámara de Diputados, el legislador de Unión por la Patria Juan Marino, organizó una reunión abierta y ratificó el pedido de juicio político contra el ministro de Salud, Mario Lugones. El encuentro tuvo 150 invitados, entre los que se encontraba Ian Moche, el niño de 12 que protagonizó un intenso cruce con la diputada libertaria Lilia Lemoine.
La reunión se dio debido a la «decisión de La Libertad Avanza de mantener cerrada la Comisión de Discapacidad y del planteo de diversas organizaciones que reclaman ser escuchadas«. En este sentido, el diputado nacional denunció: «La situación es grave. Centros de día que cierran, terapias y tratamientos que se interrumpen, medicamentos que no llegan y pensiones que no se dan de alta. La emergencia en discapacidad se profundiza día a día; estamos ante una eutanasia social promovida desde el Gobierno«.
Las personas con discapacidad redoblaron sus críticas
Varios asistentes también disertaron durante la reunión, entre los que se destaca la madre de Ian Moche, que denunció «amenazas y agresiones físicas después de que Lemoine iniciara una campaña en redes sociales contra el niño dentro del espectro autista«. La actriz Lola Berthet participó también del encuentro y ratificó el pedido de juicio contra Lugones, reclamo respaldado por numerosas organizaciones presentes de la reunión.
Entre las propuestas presentadas por los oradores se encuentra la creación de un Observatorio Nacional de la Discapacidad que actúe como coordinadora efectiva entre legisladores, organizaciones y otras entidades para evaluar la actual situación de los derechos de las personas con discapacidad.
Los problemas del nuevo esquema de pensiones
En cuanto a denuncias, los presentes denunciaron su rechazo total al proyecto presentado por el Gobierno Nacional para reformar el régimen de pensiones por invalidez local. Los asistentes a la reunión consideraron que su objetivo es «seguir desmantelando el sistema de derechos de personas con discapacidad«.
La iniciativa impulsada por el oficialismo impondría al Poder Ejecutivo un re empadronamiento de todos los beneficiarios en un plazo de 90 días, con la opción de prorrogarlo por 30 días adicionales. Durante este tiempo, los titulares de las pensiones deberán completar un trámite para actualizar los datos médicos y socioeconómicos; y, en caso de no hacerlo, las autoridades suspenderán de forma inmediata el pago del beneficio hasta la regularización de la situación.
La denuncia del colectivo de personas con discapacidad radica en que el Gobierno logrará recortar sustancialmente la cantidad de pensiones a raíz del endurecimiento de requisitos respecto al grado de invalidez, que pasará a ser total o permanente, y la situación de vulnerabilidad económica de los solicitantes.
