El ministro de Desregulación dio de baja los servicios a la industria que ponen en jaque un mercado donde Argentina es líder.
El conflicto en el INTI escaló en los últimos días con denuncias de vaciamiento, baja de más de 900 servicios técnicos y un plan de despidos que, según los gremios, podría superar a los mil trabajadores. La reestructuración impulsada por el Gobierno en el marco del ajuste estatal afecta áreas sensibles como alimentos, materiales y control industrial, y generó protestas.
En ese contexto, la industria de la miel aparece como un caso testigo de la importancia del INTI en la estructura productiva. Hasta 2018, el sector enfrentaba rechazos recurrentes en aduana por problemas de contaminación de los tambores utilizados para exportación y por la falta de una normativa clara que garantizara estándares sanitarios.
La situación se estabilizó recién con el trabajo conjunto del INTI y el SENASA, que fijaron un sistema de certificación para los envases que permitió ordenar la trazabilidad y reducir los rechazos en mercados exigentes como la Unión Europea.
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En ese esquema, el INTI auditaba los procesos, realizaba ensayos físicos y químicos y certificaba que los tambores donde se embazaba de hasta 340 kilos donde se embazaba la miel cumplieran con los estándares internacionales. Era un control clave para evitar contaminación por residuos o metales pesados, uno de los principales motivos de rechazo en destino.
Ahora ese sistema quedó en el aire. Según fuentes del sector que hablaron con LPO, el Gobierno dio de baja esos servicios dentro del INTI y trasladó las certificaciones al Organismo Argentino de Acreditación (OAA), una entidad privada. En las empresas advierten que el cambio implica mayores costos a la industria y genera incertidumbre sobre la capacidad técnica.
Argentina es el cuarto exportador mundial de miel y concentra casi el 90% de sus ventas en tres mercados: Estados Unidos, Alemania y España. En especial Alemania, uno de los principales destinos que aplica controles extremadamente rigurosos sobre calidad y residuos.
Por eso, en la industria temen que el desarme del sistema que funcionaba desde 2018 reabra un nuevo frente de conflicto para los mercados internacionales: “Se había logrado un estándar que nos permitió competir. Volver atrás en eso es jugar con fuego”, sostuvo para LPO un especialista en producción de miel de Santa Fe.
Argentina es uno de los principales jugadores del mercado global de miel: en 2024 exportó más de 78 mil toneladas y se consolidó como el cuarto proveedor mundial, detrás de China, India y Ucrania aunque en el sector sospechan que Ucrania es una plaza que triangula con China.
La actividad involucra a unos 22 mil apicultores en todo el país y tiene fuerte presencia en provincias como Entre Ríos y Santa Fe, donde la cadena productiva genera empleo y divisas en economías regionales que dependen casi exclusivamente de la exportación.
El negocio, además, está altamente concentrado en mercados externos exigentes: Estados Unidos absorbe cerca del 70% de los envíos, mientras que Alemania y España completan el grueso de las ventas.
Esa dependencia vuelve al sector particularmente sensible a cualquier falla en estándares sanitarios o de calidad. En ese contexto, la pérdida de controles técnicos como los que garantizaba el INTI no solo genera ruido en la industria, sino que pone en juego una de las economías regionales que sostiene volumen exportador de manera constante, o sea, en términos de la escuela austríaca, es muy competitiva.
