La industria pesquera nacional denunció que las modificaciones a la Ley de Pesca previstas en la ley ómnibus de Javier Milei representan «una entrega» de los recursos del Mar Argentino a flotas extranjeras, que barrerá con los empleos del sector.
El reclamo unido de cámaras empresariales, gremios, astilleros, fresqueros y congeladores golpeó fuerte en los bloques de Juntos por el Cambio y en las provincias patagónicas y municipios costeros que administran.
«Si Milei insiste en no aceptar cambios en la ley omnibus, ningún disputado de provincias pesqueras la va a votar», confesó a LPO uno de los diputados más importantes del bloque macrista.
El malestar ya estaba instalado con la decisión del gobierno libertario por la aplicación del 15% de retenciones a las exportaciones del sector. Ahora, con estas reformas, hablan de «un terremoto irreversible» para la industria pesquera.
La preocupación central tiene que ver con los permisos de pesca y las cuotas de captura que la ley de Milei busca modificar.
La norma vigente prioriza el otorgamiento de los permisos a los buques construidos en el país y de menor antigüedad y a los que doten valor agregado. Pero, fundamentalmente, privilegia a quienes empleen mano de obra argentina en mayor porcentaje.
Los cambios del gobierno libertario barren con esoas normas de protección del trabajo argentino, al disponer que las habilitaciones «no podrán tener un tratamiento diferencial por el origen de los buques, su antigüedad o la mano de obra que empleen».
Por otro lado, la Ley de Pesca actual establece los mismos parámetros para asignar las cuotas para cada permiso de pesca.
La reforma que impulsa Milei propone que las cuotas de captura serán asignadas «a través de un sistema de licitaciones internacionales, adjudicándolas a quien aporte el mayor arancel para la captura determinada», algo que abriría el juego a empresas extranjeras.
Para la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), estas modificaciones son «graves e importantes». Los empresarios del sector se quejaron además de la ausencia de diálogo con un gobierno que aún no tiene designado al subsecretario de Pesca.
También, alertaron que la reforma permite que pesqueros operen sobre Mar Argentino con plena tripulación extranjera.
El malestar de la industria ya alcanzó a municipios costeros donde la actividad pesquera en determinante, como es el caso de Mar del Plata.
«Permitir que flotas extranjeras operen en nuestro mar sin ningún tipo de regulación pone en peligro el trabajo de muchas familias. Además dañaría la industria naval de nuestra región, amenazando nuestro lugar como líderes en fabricación de buques», dijo el secretario de Desarrollo Local de Mar del Plata, Fernando Muro.
El funcionario agregó que el intendente Guillermo Montenegro se puso en contacto con legisladores del PRO para «para alertar y revertir esta situación».
