El diputado nacional del Frente de Izquierda (FIT), Nicolás del Caño, presentó este jueves un proyecto de ley que busca dar un respiro a las economías familiares golpeadas por la crisis económica. La iniciativa propone declarar la “emergencia financiera de los hogares” en todo el país por un plazo inicial de dos años.
La propuesta busca ayudar a quienes hoy no pueden afrontar sus deudas de tarjetas de crédito, préstamos personales y otros créditos de consumo. Según explicó el legislador, la medida es una respuesta urgente para las “millones de familias sobreendeudadas a las que sus salarios, jubilaciones y otros ingresos… no les alcanzan para vivir”.
¿Quiénes pueden adherir al beneficio?
El proyecto de ley contempla un esquema de alivio que varía según la situación económica de cada hogar. Para los sectores más vulnerables —como personas con discapacidad, desempleados o jubilados con ingresos insuficientes— se plantea la “condonación del total de deuda hasta un monto de 2 canastas básicas”.
Mientras dure la emergencia financiera, el proyecto establece medidas para proteger a las familias endeudadas. Entre ellas, dispone la suspensión de embargos sobre salarios y de las ejecuciones judiciales iniciadas para cobrar las deudas.
Además, prohíbe que los deudores alcanzados por la ley sean incorporados al registro de morosos del Banco Central (CENDEU) y al Veraz, con el objetivo de evitar que queden excluidos del sistema financiero mientras regularizan su situación.
Un tope a los intereses del prestamista
Para Del Caño, el endeudamiento no es producto de la mala administración de la gente, sino de las políticas de ajuste y la «asfixia salarial». Por eso, el proyecto busca poner un freno a las ganancias de las entidades financieras estableciendo límites claros a los intereses.
La propuesta establece que la tasa de interés de los préstamos y tarjetas “no puede superar la variación de salarios”. De esta manera, se busca evitar que las deudas crezcan más rápido que los ingresos de los trabajadores. Para quienes no reciban la condonación total, se propone una “quita de 50% de capital de deuda y un plan de refinanciación a tasa de interés 0%” o ajustada por inflación, siempre que no supere los sueldos.
¿Quién estará a cargo del proceso de control?
Finalmente, la iniciativa prevé que no sean los bancos quienes controlen el proceso, sino una Comisión Independiente de Auditoría. Este organismo estaría integrado por “familiares endeudados, profesionales especialistas, referentes sindicales y barriales”, además de trabajadores bancarios.
Esta comisión tendría el poder de acceder a información bancaria y exigir que las entidades respeten los planes de pago y las condonaciones para garantizar que el alivio llegue realmente a quienes lo necesitan.
