La Fiscalía de Sáenz Peña los acusa de ser partícipes necesarios en homicidio con dolo eventual y ejercicio ilegal de la medicina. Seguirán el proceso en libertad bajo una fianza de 20 millones de pesos.
La investigación judicial que mantiene en vilo a la provincia por el accionar de la supuesta médica Lidia Ojeda sumó un capítulo decisivo. Este martes, dos exdirectores del Hospital de Quitilipi fueron formalmente imputados por la Fiscalía de Investigación Penal N° 3, a cargo del doctor Marcelo Soto, luego de haberse presentado en los tribunales locales y optar por abstenerse de prestar declaración indagatoria.
Ambos exfuncionarios comparecieron acompañados por su abogada defensora. Según confirmó la defensa técnica de los imputados, el silencio en esta instancia responde a una estrategia procesal y no descartan solicitar una ampliación de declaración en las próximas semanas a medida que avance el expediente.
Una designación clave para la tragedia
La hipótesis que sostiene el fiscal Marcelo Soto apunta directamente a la responsabilidad de los exdirectivos en la cadena de mandos que permitió el ejercicio ilegal de la medicina dentro del nosocomio público. Para la Fiscalía, la figura del “partícipe necesario” es clara: si los exdirectores no hubiesen designado o habilitado a Ojeda para prestar servicios de atención sanitaria, las muertes y lesiones investigadas no habrían ocurrido.
”Se les atribuye la participación necesaria, porque si no la hubiesen designado, estos hechos no se habrían cometido”, detalló de forma tajante el fiscal Soto tras finalizar las audiencias de imputación.
Los cargos formales que pesan sobre los ex directores técnicos del centro de salud son:
Incumplimiento de los deberes de funcionario público (en calidad de autores).
Homicidio con dolo eventual (dos hechos, en calidad de partícipes necesarios).
Lesiones gravísimas (en calidad de partícipes necesarios).
Ejercicio ilegal de la medicina (en calidad de partícipes necesarios).
Millonaria fianza y libertad supeditada
A pesar de la gravedad de la calificación legal —especialmente la de homicidio con dolo eventual, que contempla penas severas en el Código Penal argentino—, la Justicia determinó que ambos exfuncionarios transiten el proceso judicial en libertad.
No obstante, para garantizar que sigan sujetos a derecho y no entorpezcan el desarrollo de la causa, el fiscal Soto dispuso que se les aplique una caución real de 20 millones de pesos a cada uno de ellos.
La mira puesta en otros nosocomios
El escándalo de la “falsa médica” parece estar lejos de encontrar su techo en Quitilipi. Hacia el final de la jornada de audiencias, el fiscal Soto adelantó a la prensa que la recolección de pruebas sigue su curso y que se analizan conductas similares en otras jurisdicciones.
”Está prevista otra declaración de imputado para el director de otro hospital”, confirmó el funcionario, abriendo la puerta a que el entramado de presunta complicidad o negligencia administrativa se extienda a más instituciones de la salud pública chaqueña. Ver menos
