El letrado logró que la Justicia ordene a la obra social estatal la provisión urgente de medicación oncológica para dos mujeres con cáncer y la cobertura farmacológica continua para un niño con parálisis cerebral. Los tres fallos fueron dictados por el Juzgado Civil y Comercial N° 19 de Resistencia, y uno ya fue confirmado por la Cámara de Apelaciones.
Tres sentencias en dos días. Ese fue el saldo judicial de la semana pasada para el abogado Ignacio Sinkovich quien obtuvo medidas cautelares innovativas contra el Instituto de Seguridad Social, Seguros y Préstamos (INSSSEP) en favor de afiliados con patologías graves que no recibían la medicación prescripta por sus médicos.
Los fallos, dictados por el Juzgado Civil y Comercial N° 19 a cargo del magistrado Emiliano José Lestani, ordenan al organismo provincial proveer en el plazo de dos días los medicamentos requeridos, bajo apercibimiento de incurrir en incumplimiento judicial. Uno de los casos llegó además a la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial —Sala Segunda—, que confirmó la cautelar de primera instancia y le impuso las costas al INSSSEP.
Tres historias, el mismo patrón
Los expedientes tramitados reflejan una mecánica que se repite: afiliados con enfermedades graves, recetas emitidas a través del sistema de coberturas especiales, gestiones administrativas ante la Farmacia Social Central del INSSSEP, y entregas que no llegan, llegan parcialmente o llegan con semanas de demora.
El primero de los casos involucra a un niño identificado como T.S.V., representado por sus padres Damián Osvaldo Veronese y Lorena Angélica Maidana. El menor padece parálisis cerebral infantil con epilepsia severa como consecuencia de un status convulsivo sufrido en 2017, que lo dejó sin capacidad de hablar ni caminar, con traqueostomía y alimentación por botón gástrico. Requiere una combinación de doce medicamentos anticonvulsivantes y de sostén de manera continua. Según surge de la causa, la medicación de febrero llegó con más de un mes de demora, y la de marzo fue entregada parcialmente. El Juzgado N° 19 hizo lugar a la cautelar el 10 de abril de 2026 y ordenó la entrega inmediata y sin interrupciones de toda la medicación prescripta.
El INSSSEP apeló esa resolución, pero la Cámara de Apelaciones —con la firma de las juezas Gladys Esther Zamora y María Eugenia Sáez— confirmó el fallo el 11 de junio. El tribunal señaló que el memorial de agravios presentado por la obra social no identificó de manera concreta ningún error de razonamiento en la sentencia de primera instancia, y que el propio INSSSEP había reconocido la enfermedad del niño y no había negado formalmente las prestaciones, lo que dejaba sin sustento su recurso.
El segundo caso es el de P.A.Y., docente jubilada con 35 años de aportes al INSSSEP, diagnosticada en 2019 con cáncer de mama estadio IV con metástasis óseas. Luego de años de tratamiento que lograron estabilizar la enfermedad, en 2026 el cuadro evolucionó negativamente y el médico oncólogo Guillermo Dellamea le indicó un nuevo esquema terapéutico con Everolimus, Exemestano y otros cinco fármacos. De los seis medicamentos pedidos en abril, la obra social entregó solo tres —con más de 45 días de demora—; del pedido de mayo, recibió uno solo. El juez Lestani hizo lugar a la cautelar el 11 de junio y ordenó la provisión integral e ininterrumpida de toda la medicación.
El tercero involucra a S.B.G., también docente y afiliada al INSSSEP, con diagnóstico de carcinoma ovárico de alto grado desde 2021. Luego de una recaída en 2022, tratamientos sucesivos y una nueva progresión tumoral en 2025 —atribuida en parte a las demoras de la obra social en la provisión de fármacos—, su médico indicó en marzo de 2026 el suministro de Topotecan 4 mg. La receta fue presentada el 20 de abril y, más de 40 días después, el medicamento aún no había sido entregado. La cautelar fue concedida el 12 de junio.
Desamparados
Sinkovich, quien tiene su estudio jurídico en avenida Paraguay 465 (oficina 7) de Resistencia, enmarcó los fallos en un contexto político más amplio. “A quienes Zdero deje desamparados, yo estaré para defenderlos”, declaró el letrado.
El abogado convocó públicamente a los afiliados que estén atravesando situaciones similares —demoras, negativas o coberturas incompletas por parte de la obra social— a comunicarse con su estudio para evaluar la judicialización de sus casos. Lo pueden hacer al teléfono 3624-621500 (WhatsApp y llamadas). La atención se extiende a toda la provincia del Chaco.
