La Defensora General del Poder Judicial del Chaco presentó un escrito ante Superior Tribunal de Justicia donde revela que, sin acuerdo de sus familias, el gobierno provincial trasladó a Misión Nueva Pompeya a más de 50 chicos del pueblo Wichí que asistían a la sede de General Vedia de la Fundación Valdocco. Algunos, incluso, fueron trasladados a la Comisaría de El Sauzalito, desde donde debían ser “retirados” por sus familias. Según el documento, al que accedió LITIGIO, ya devueltos a sus hogares, los menores carecen de luz, agua potable y escolarización, los que eran garantizados en la fundación. Al adoptar la medida antes de que el máximo tribunal provincial se expida, la Defensora General consideró que el Poder Ejecutivo “se ha excedido en sus funciones”. Además, advirtió que, “eventualmente, deberá responsabilizarse de las situaciones de riesgo y/o peligro en la que pudieron haberlos colocado”.
La Defensora General del Poder Judicial del Chaco, Alicia Alcalá, elevó una nota ante el Superior Tribunal de Justicia en la que alertó sobre la grave decisión del gobierno del Chaco de devolver a sus familias a los más de 50 niños del pueblo Wichí que asistían al establecimiento educativo que la Fundación Valdocco gestionaba en General Vedia, el que el gobierno de Leandro Zdero busca clausurar en forma definitiva, dejando a la deriva a los jóvenes indígenas que eran contenidos en esa institución.
Según el escrito, al que tuvo acceso LITIGIO, lo que agrava la resolución de la Unidad de Protección Integral (UPI) dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano es que el cierre de la Fundación Valdocco aún no tiene una sentencia definitiva. Es que si bien la Cámara de Apelaciones Multifueros avaló la clausura decidida por el gobierno del Chaco al revocar el amparo dictado en primera instancia, la sentencia fue apelada y debe ser analizada por el Superior Tribunal de Justicia.
En el interín, el gobierno del Chaco decidió avanzar por una vía de hecho y enviar a los niños a Misión Nueva Pompeya, sin consultar con sus familias que padecen situaciones apremiantes, como ya lo hemos informado en otras notas de LITIGIO. Paralelamente a esta causa, el STJ también tiene en sus manos resolver sobre la medida cautelar impulsada por la Defensora General Adjunta, Gisela Gauna Wirz, que solicita la asistencia urgente con agua potable y alimento a las comunidades Wichí de El Impenetrable. Al parecer, para el Poder Judicial del Chaco la situación de los pueblos indígenas puede esperar indefinidamente.
La responsabilidad del gobierno del Chaco
En el dictamen elaborado en base al informe de la Asesoría de Niñez, Adolescencia y Familia que interviene en el caso Valdocco, Alcalá consideró que “la Autoridad de Aplicación se ha excedido en sus funciones, disponiendo de los NNA, aún estando en trámite este proceso y algunos de los iniciados ante el Juzgado Multifueros de Misión Nueva Pompeya”.
“Sin haberse dictado resolución judicial alguna, por vías de hecho devolvieron a los chicos a sus familias”, aseguró la defensora general. Además, advirtió que tampoco surge “si las Niñas, Niños y Adolescentes han sido escuchados al respecto”.
En ese contexto, Alcalá denunció “mala fe procesal” por parte del Poder Ejecutivo y advirtió que “eventualmente deberá responsabilizarse de las situaciones de riesgo y/o peligro en la que pudieron haberlos colocado”.
Qué dice el informe de la Asesoría de Niñez
La Asesoría de Niñas, Niños y Adolescentes N° 5 de Resistencia, a cargo de Gabriela Colef, puso en conocimiento de la Defensora General, Alicia Alcalá, y de las asesorías N° 1, 2 y 6 un informe remitido por la Fundación Valdocco que describe cómo la Unidad de Protección Integral (UPI) de la provincia retiró a los niños, niñas y adolescentes que residían en la sede de General Vedia. El documento, firmado por el representante de la fundación, el sacerdote Juan Carlos Molina, fue incorporado a las actuaciones extrajudiciales que tramitan en esa asesoría.
Según el informe, actualmente no hay ningún menor de 18 años residiendo en la sede de Valdocco en la provincia de Chaco. La fundación explicó que, por decisión unilateral del gobernador Leandro Zdero, la totalidad de los chicos que vivían en la casa de General Vedia fueron llevados por personal de la UPI a una audiencia con la jueza multifueros de Misión Nueva Pompeya, Noelia Almirón, de la que nunca regresaron a la institución. Molina remarcó que ese traslado no fue consultado con las familias y que los chicos fueron subidos a un colectivo que, según describió, no era apto para ese tipo de viajes.
El informe detalla que, tras la audiencia, los niños y adolescentes fueron dejados en Misión Nueva Pompeya y en la comisaría de El Sauzalito, donde quedó en manos de la fuerza de seguridad la tarea de contactar a las familias para que los retiraran. Molina cuestionó esa modalidad de devolución y afirmó que los chicos fueron tratados en condiciones que calificó como “peores que las de animales de ganado” durante el traslado.
De acuerdo con lo relatado por la fundación, ese grupo de niños y adolescentes, ya junto a sus familias, atraviesa actualmente una situación de carencias básicas: viven sin energía eléctrica, con apenas una comida diaria, con dificultades para acceder a agua potable y en condiciones de habitabilidad que el informe describe como indignas, con varios niños o familiares compartiendo una misma cama.
El documento agrega que alguno de los chicos presenta una problemática de consumo de sustancias, entre ellas nafta, y que, tras el retiro intempestivo dispuesto por la UPI, quedaron sin la escolarización correspondiente. Sobre un punto adicional consultado por la asesoría, la fundación informó que uno de los jóvenes egresó de la institución el 27 de marzo de este año.
REVISTA LITIGIO
