El juez Sebastián Casanello ordenó embargos millonarios y prohibió la salida del país a los acusados. El local D’Lirio funcionaba como local bailable y bar, pero era una pantalla.
La Justicia Federal procesó a nueve hombres acusados de haber explotado sexualmente a 50 mujeres, entre ellas dos menores, en un prostíbulo encubierto que operaba bajo la fachada de un boliche en Recoleta.
El local, llamado D’Lirio y ubicado en Vicente López 2134, frente al cementerio, fue allanado el 9 de julio del año pasado tras una investigación que destapó una red de trata y explotación sexual.
La medida fue dispuesta por el juez federal Sebastián Casanello, quien también ordenó embargos por 7.800 millones de pesos, la prohibición de salida del país para todos los imputados y la inhibición de bienes de la empresa que administraba el lugar, Gran Recoleta S.A.
Según la investigación de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12, a cargo de la fiscal Alejandra Mángano y con la colaboración de la PROTEX, el local operaba como un boliche exclusivo para hombres, pero en realidad era un espacio de explotación sexual clandestina.
Las mujeres eran reclutadas a través de redes sociales con ofertas engañosas de “presencias” y “copas”. Una vez dentro, debían acompañar a los clientes, conversar, beber y bailar para incentivar el consumo de bebidas.
Según los testimonios, el pago era de entre 7.000 y 20.000 pesos por noche, sin porcentaje por las copas vendidas. Si llegaban tarde o se iban antes de las 6 de la mañana, no cobraban.
El sistema era tan estricto que el personal de seguridad y de caja controlaba el ingreso y egreso de las mujeres, y el pago se realizaba en efectivo al final de la jornada. Además, muchas eran forzadas a aceptar encuentros sexuales con clientes en hoteles cercanos, por montos que iban de 150 a 500 dólares, de los cuales los organizadores se quedaban con al menos 100.
Todo comenzó con una denuncia anónima realizada el 6 de abril de 2022 a la Línea 145, que alertó sobre la existencia de un prostíbulo disfrazado de bar y boliche bailable. La denuncia mencionaba la presencia de menores de edad, venta de drogas y posible connivencia policial.
Tras meses de investigación, la fiscalía y la PROTEX lograron allanar el local. Allí identificaron a 50 mujeres, de las cuales 43 estaban en calidad de “presencias” según el Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por Trata.
La organización operaba bajo la pantalla de Gran Recoleta S.A., con una estructura jerárquica y roles bien definidos. Tres de los imputados (uno murió el año pasado) estaban a cargo de todo, usando la sociedad para obtener habilitaciones y encubrir la actividad ilegal.
Uno de los acusados se encargaba de contactar y entrevistar a las mujeres, otro de la administración general y la incorporación de nuevas trabajadoras, un tercero del reclutamiento por redes sociales y otro de gestionar reservas y registrar las ganancias.
Otros cuatro imputados cumplían tareas operativas: administración, registro de mujeres, recepción de dinero y coordinación logística.
El grupo de “los públicas” era responsable de captar mujeres, muchas veces a través de recomendaciones o por clientes de otros boliches.
El modus operandi: control, engaño y explotación
El juez Casanello sostuvo que “el respaldo de la sociedad comercial daba una imagen de legalidad que servía para que las mujeres aceptaran condiciones de control y abuso”. Las víctimas “eran exhibidas como objetos, debían tolerar abusos de los clientes y estaban sometidas a un sistema de vigilancia con cámaras y personal del local”.
El pago base apenas cubría los gastos de traslado, por lo que muchas mujeres se veían obligadas a aceptar los “pases” para sobrevivir. Además, las “bailarinas” realizaban shows sensuales sobre las mesas, a cambio de un pago fijo y propinas.
El juez procesó a cinco de los acusados como coautores del delito de trata agravada por la existencia de menores de edad, y a cuatro como partícipes necesarios. Todos quedaron procesados sin prisión preventiva, pero con embargos por 7.800 millones de pesos, inhibición general de bienes de la empresa y prohibición de acercamiento a las víctimas.
La investigación además reveló que D’Lirio era la continuación del prostíbulo Madaho’s, que ya había sido desbaratado por trata y explotación sexual. Fue a través de un análisis de las sociedades comerciales y los movimientos bancarios, que movían 1.500 millones de pesos entre 2021 y 2025.
Para Casanello, el local D’Lirio “funcionó como prostíbulo y constituyó un espacio de explotación sexual clandestina”, donde la vulnerabilidad de las mujeres fue aprovechada sistemáticamente para obtener beneficios económicos.
