El procedimiento presentado como un golpe al narcotráfico en el barrio España, el pasado 17 de abril, quedó aún más bajo sospecha: los acusados tenían permisos legales para cultivar cannabis, la cantidad de plantas en floración encontradas estaban dentro de los parámetros autorizados y además no hubo pruebas de comercialización. Dicho operativo se realizó de madrugada y sin orden judicial, utilizando como argumento para ingresar a la vivienda una supuesta persecución a ladrones que nunca aparecieron.
El operativo antidrogas realizado en la madrugada del 17 de abril en el barrio España de Resistencia continúa generando dudas. Al ingreso a la vivienda sin orden de un juez de Garantías —encubierto bajo el relato de una persecución a ladrones que nunca aparecieron— se sumó ahora un dato que complica aún más la actuación policial: los inquilinos de la vivienda allanada no eran narcotraficantes sino cultivadores autorizados por el Registro del Programa Cannabis (REPROCAN) del Ministerio de Salud de la Nación.
Así lo informó en la causa la abogada defensora Bettiana Luz Melar a través del escrito presentado ante la Fiscalía Antidrogas 2 de Resistencia al que tuvo acceso LITIGIO. Según la documentación incorporada en el expediente, ambos inquilinos contaban con credenciales vigentes al momento del allanamiento: uno con autorización hasta julio de este año y otro hasta diciembre de 2028. Y no sólo eso: en dichas credenciales también constaba el domicilio autorizado para realizar el cultivo, el cual finalmente fue allanado.
El REPROCANN habilita a cada usuario inscripto a transportar hasta 40 gramos de flores secas y tener hasta nueve plantas hembras en floración por paciente. En total, los dos acusados que fueron allanados en el barrio España estaban autorizados a cultivar 18 plantas florecidas. La policía secuestró en esa ocasión 17: diez hembras en floración y el resto machos (que no producen flores).
La defensa señaló además que no surgió ningún indicio de comercialización. No se identificaron compradores ni se secuestró dinero en el domicilio. “La conducta investigada no se ajustaba a los elementos típicos de la figura penal, al no acreditarse dolo de comercialización ni otro elemento subjetivo que permitiera sostener finalidad ilícita”, sostuvo Melar, quien solicitó el sobreseimiento de sus defendidos al considerar que el hecho investigado es “atípico” y por lo tanto no puede ser penalizado.
Por Resolución 800/2021, del Ministerio de Salud de la Nación, se creó el Registro de Programa Cannabis el cual habilita a pacientes, familiares, profesionales de la salud y ONG a cultivar, transportar y usar dicha planta con fines medicinales. Está enmarcada en la Ley 27.350, sancionada en marzo de 2017, que regula la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo de la planta de cannabis y sus derivados en Argentina. El REPROCANN permite, en definitiva, el acceso legal al cultivo personal y comunitario, evitando que sea considerado delito bajo la Ley 23.737 de estupefacientes. Tanto familiares como terceros autorizados pueden cultivar para el paciente registrado, como así también ONG y asociaciones civiles.
Ladrones que no aparecieron
El operativo del barrio España había sido presentado por la prensa oficial de la policía como el desmantelamiento de un laboratorio de cannabis. Según la versión institucional, el procedimiento surgió de una persecución a ladrones que huían por los techos, durante la cual los efectivos habrían ingresado a una propiedad vecina donde encontraron las plantas.
Sin embargo, según pudo reconstruir esta revista, la intervención estaba planificada desde al menos cuatro días antes: efectivos de Drogas Peligrosas recorrieron el barrio consultando a vecinos sobre la vivienda, se comunicaron con los propietarios del inmueble —quienes colaboraron con la investigación— y esa misma noche del jueves advirtieron a algunos vecinos que habría personas moviéndose por los techos. Horas más tarde se escuchó al menos un disparo, que se infiere fue parte del montaje para darle verosimilitud al relato de los falsos ladrones.
Es aquí donde surgen una serie de llamativas casualidades: esa misma madrugada, una vecina de la vivienda allanada, quien también es empleada de la línea 911, avisó a la policía que personas extrañas entraron en su patio y se llevaron una amoladora y una hidrolavadora, escapando hacia la casa que tenía los cultivos autorizados, la cual en ese momento estaba deshabitada.
Esa fue la excusa de los efectivos de la Comisaría Undécima Metropolitana para ingresar sin orden judicial en base a una persecución de lo que se conoce como delito “en flagrancia”. Los ladrones, está claro, nunca aparecieron. Tres horas después de aquella llamada de auxilio, convocaron a un testigo para que presencie el procedimiento: un vecino que vive a seis casas de la denunciante. Por razones obvias, no aportó nada sustancial en la causa y poco fue lo que pudo testificar ante la fiscalía.
La Constitución Nacional, la Constitución del Chaco y el Código Procesal Penal provincial exigen orden judicial motivada para allanar un domicilio. Las excepciones que habilitan el ingreso sin orden son taxativas —incendio, persecución de un sospechoso, voces que pidan socorro, entre otras—. La ausencia de orden judicial abre la posibilidad de que el procedimiento sea declarado nulo y la causa caiga.
Una fuente con años de experiencia en la fuerza explicó a LITIGIO por qué se recurre a esta modalidad: al ser la única autoridad presente en el lugar, sin testigos ni oficiales de justicia, los efectivos pueden actuar con plena impunidad. “Cuando saben que el lugar es positivo, entran y después justifican. Y eso también conlleva a que solamente aparezca la mitad de las cosas”, graficó.
REVISTA LITIGIO
