El exdirigente piquetero Ramón “Tito” López deberá afrontar otro proceso judicial luego de la condena a 10 años de prisión que recibió junto a integrantes de su familia por lavado de activos agravado.
Se trata de una causa que tramita el Juzgado Federal de Resistencia N° 2, a cargo del juez Ricardo Mianovich, donde se investiga una presunta red de desvío de fondos públicos y apoderamiento ilegal de tierras fiscales mediante fundaciones consideradas irregulares.
La investigación apunta al funcionamiento de las fundaciones “Dueños de la Raza”, “Construyendo País” y “Buen Vivir y Trabajo”, señaladas por haber facturado sumas millonarias al Estado provincial a través del ya disuelto Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), pese a no contar —según la causa— con actividad comprobable, empleados ni bienes registrados.
En el expediente, toda la familia López se encuentra procesada como coautora de los delitos de fraude a la administración pública y asociación ilícita. El procesamiento alcanza a Ramón “Tito” López, su esposa Librada Romero, su nuera Devora Liliana Acosta y sus hijos David Alberto, Walter Ramón y Daniel Orlando.
Durante una ampliación de acusación, el fiscal federal Patricio Sabadini sostuvo que el Estado provincial, a través del Instituto de Colonización, otorgó desde 2011 alrededor de 3.000 hectáreas de tierras fiscales a López y su entorno familiar mediante trámites que, según señaló, se resolvían “con prioridad en tiempo récord y de manera harto irregular”.
El fiscal indicó además que las tierras habían sido entregadas con fines sociales y productivos, bajo una prohibición de venta por diez años, aunque se habría constatado el incumplimiento de esos objetivos debido a la ausencia de empleados registrados y al estado de abandono de gran parte de los campos.
Según la investigación judicial, las tres fundaciones eran conducidas por los hijos de López, quienes también fueron condenados a 9 años de prisión por lavado de activos.
Para la Justicia, estas organizaciones no realizaban actividades reales ni brindaban contraprestaciones, y habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos hacia la familia López.
En paralelo, la causa investiga una posible apropiación irregular de tierras fiscales mediante operaciones de leasing y fideicomisos que involucran a los empresarios Walter y Diego Brua, ambos procesados como coautores por fraude en perjuicio de la administración pública.
Uno de los casos mencionados en el expediente es el de la fundación “Dueños de la Raza”, que solo durante 2023 habría facturado más de 71 millones de pesos al IAFEP, teniendo como domicilio legal la vivienda familiar de los López.
La causa también involucra a exfuncionarios de la gestión de Jorge Capitanich vinculados al Instituto de Colonización y otras áreas del Estado provincial, acusados como partícipes necesarios y por presunto fraude e incumplimiento de deberes de funcionario público.
Entre ellos figuran la escribana María Luisa Artieda, además de Marta Soneira, Raúl John Paris, Cinthia Noemí Kaplan y Walter Hugo Ferreyra.
