Un planteo de un diputado provincial exige explicaciones urgentes sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial de Límites.
(Por Diego Nofal).- El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil tiene frente a sí un reclamo que ya no puede seguir esquivando con silencios administrativos ni gestos de falsa institucionalidad. La reciente presentación del diputado provincial Mamerto Acuña en la Cámara de Diputados, mediante la cual exige explicaciones urgentes sobre el funcionamiento de la Comisión Provincial de Límites, desnuda una realidad tan incómoda como reveladora.
Es que mientras Catamarca duerme en una burocracia indolente, la provincia de Salta avanza sin complejos sobre territorios en disputa que contienen recursos mineros estratégicos, y todo hace pensar que el oficialismo provincial actúa por omisión o, peor aún, por entrega consentida.
El proyecto de resolución presentado por Acuña pone el dedo en la llaga al solicitar información detallada sobre las actuaciones de un organismo que debería ser la primera trinchera en la defensa de la integridad geográfica de Catamarca. Sin embargo, la Comisión Provincial de Límites parece haberse convertido en un archivo polvoriento, vaciado de presupuesto, de voluntad política y de sentido de urgencia.
La Comisión Provincial de Límites, un organismo vaciado de presupuesto
La sola posibilidad de que no existan informes actualizados, reuniones periódicas ni un inventario accesible de la documentación histórica que respalda nuestros derechos territoriales constituye, en sí misma, una confesión de negligencia estatal.
Lo verdaderamente grave es que esa parálisis coincide peligrosamente con movimientos concretos del gobierno salteño en zonas mineras sensibles. El acuerdo interprovincial firmado entre Catamarca y Salta por el proyecto Diablillos-Plata representa la punta del iceberg de una estrategia que, bajo la apariencia de un entendimiento entre partes, esconde una cesión inaceptable.
¿Cómo puede firmarse un convenio de explotación conjunta sobre áreas ubicadas en regiones como el Cerro Incahuasi, la Sierra de Archibarca o el Volcán Azufre sin tener previamente resuelta la delimitación territorial? Eso no es un acto de hermandad federal: es una renuncia anticipada a la soberanía sobre recursos que pertenecen a los catamarqueños.
La firma de Raúl Jalil en ese entendimiento con Salta sienta un precedente gravísimo, porque legitima, de hecho, la ocupación administrativa que la provincia vecina viene ejerciendo solapadamente sobre territorio en litigio. Se entrega así seguridad jurídica a inversores privados sobre una base geográfica que la propia Catamarca no ha consolidado, exponiendo a las generaciones futuras a perder no solo regalías millonarias, sino la potestad misma de decidir sobre su suelo.
La gestión de Jalil expone a generaciones futuras
Cada día que pasa sin una definición técnica y jurídica firme, el oficialismo provincial profundiza una política de hechos consumados que favorece exclusivamente a los intereses salteños.
El reclamo del diputado Acuña no puede despacharse desde el poder con una respuesta burocrática más. Que el ministro de Gobierno sea invitado a la Legislatura a dar la cara es una exigencia mínima de transparencia.
Pero la ciudadanía espera mucho más: espera que se reactive de inmediato el órgano encargado de defender los límites, que se elaboren sin demora los estudios técnicos e históricos que exige esta disputa y, fundamentalmente, que el gobernador demuestre con acciones concretas que su gobierno no ha decidido ceder aquello que ni la Constitución ni la historia le autorizan regalar. Porque la defensa del territorio catamarqueño no admite las dilaciones cómplices que el Ejecutivo viene exhibiendo hasta ahora.
