La Justicia de Santa Fe detuvo a un hombre acusado de haber borrado mensajes de WhatsApp para ayudar a su madre, en medio de una investigación que destapó una trama de balaceras, atentados y presunta corrupción policial.
El fiscal Pablo Socca lo señaló como coautor de violación de sellos y documentos, un delito vinculado a la manipulación y destrucción de pruebas bajo custodia judicial. El juez Lisandro Artacho ordenó que el acusado cumpla 30 días de prisión preventiva.
Todo comenzó el 21 de marzo, cuando el Ministerio Público de la Acusación (MPA) secuestró el celular de Norma Acosta, una activista de Rosario conocida por denunciar tramas narco, investigada en una causa por falso testimonio y balaceras.
Sin embargo, la mujer, de 48 años, recuperó la libertad y, apenas salió de la comisaría en Catamarca al 1200, denunció la pérdida de su teléfono y pidió un nuevo chip con el mismo número.
Con la nueva tarjeta SIM en mano, se reunió con su hijo. Sergio L. colocó el chip en otro dispositivo, accedió a la cuenta de WhatsApp de su madre usando su Gmail y, a las 19.41, juntos comenzaron a borrar archivos, imágenes y mensajes.
Según el fiscal, seleccionaron qué chats borrar, buscando impedir que la Fiscalía accediera a información clave cuando revisara el celular original, que ya estaba en manos de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe.
El trasfondo: balaceras, autoatentados y corrupción policial
El 7 de mayo, una balacera sacudió el pasaje Larguía al 3400. Dos días antes, la Justicia había realizado allanamientos que terminaron con 16 policías detenidos por un millonario fraude en la compra de combustible para patrulleros.
Según el fiscal Socca, Norma Acosta aprovechó el ataque para presentarse ante los medios como víctima de persecución policial. Pero la investigación avanzó y reveló que la mujer habría organizado un autoatentado junto a Juan José Gómez, miembro de la barrabrava de Newell’s, para instalar hipótesis falsas y acusar a autoridades policiales.
Ambos quedaron bajo prisión preventiva por seis meses tras una audiencia en septiembre. Además, el MPA ya había imputado a Nicolás R. (18) y a Nahuel D., alias “Monta”, ligados a la tribuna rojinegra, como coautores de abuso de armas, agravado por la participación de un menor.
Durante la audiencia en el Centro de Justicia Penal de Rosario, el fiscal Socca sostuvo que Sergio L. y su madre planificaron la eliminación de evidencia con ayuda de otras personas. La Justicia entendió que la maniobra buscó entorpecer la investigación y aceptó la calificación legal de los hechos.
Por eso, el juez Artacho ordenó la prisión preventiva efectiva de Sergio L. por 30 días, mientras la causa sigue sumando capítulos y conexiones con la corrupción policial en Santa Fe.
