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El Gobierno autorizó el amarre de un buque petrolero británico en el puerto de Ushuaia

Tierra del Fuego repudió la decisión de la Agencia Nacional de Puertos, que permitió operar a una embarcación del Reino Unido. La administración provincial exigió el fin de la intervención del Ejecutivo nacional sobre la terminal y reclamó explicaciones inmediatas.


El gobierno de la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur expresó su más enérgico repudio ante la reciente operación de un buque petrolero con bandera del Reino Unido en el puerto de Ushuaia. La administración provincial cuestionó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación por la autorización de esta maniobra en medio del histórico conflicto por la usurpación de las Islas Malvinas.

El hecho desató un fuerte cortocircuito político entre las autoridades fueguinas y el gobierno de Javier Milei. La terminal portuaria se encuentra actualmente bajo la órbita nacional tras una intervención, una medida objetada ante la Justicia por la provincia austral.
Desde el Ejecutivo local calificaron la situación como “inadmisible” frente al reclamo soberano del país. Los funcionarios señalaron la contradicción de habilitar a una embarcación británica en la capital de una provincia con parte de su territorio bajo control extranjero.

La intervención del Puerto de Ushuaia fue justificada por el Gobierno nacional invocando la defensa de la soberanía y de los intereses estratégicos argentinos.

El diferendo territorial abarca el control sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y sus espacios marítimos circundantes. Ante este escenario, el gobierno fueguino emitió un comunicado oficial con cuatro exigencias concretas para la Casa Rosada.

La provincia exige respuestas concretas al gobierno de Javier Milei
Las autoridades reclamaron explicaciones inmediatas sobre los criterios políticos y administrativos aplicados para la habilitación de la nave. El pedido apunta a conocer los motivos que permitieron el ingreso de una potencia ocupante a un puerto insular argentino.

En segundo lugar, la administración fueguina exigió el cese de la intervención portuaria por parte del Estado nacional. Los dirigentes ratificaron el avance de las acciones judiciales para lograr la restitución inmediata de la administración de la terminal a manos de la Provincia.

El tercer punto del reclamo se centró en la defensa estricta de los recursos naturales y territoriales. La gestión local advirtió sobre su firme rechazo a las decisiones unilaterales que afecten la autonomía y los intereses estratégicos en el Atlántico Sur.

Los dirigentes fueguinos convocan a una defensa activa de la soberanía
Como cuarto eje, el Ejecutivo hizo un llamado abierto a los poderes públicos, a las fuerzas políticas y a la ciudadanía para blindar el carácter estratégico del puerto. El objetivo busca evitar que los reclamos por el territorio queden reducidos a meras declaraciones retóricas.

El documento finalizó con una dura crítica hacia el manejo de la terminal por parte de la Nación. “La soberanía se ejerce en todos los ámbitos posibles y no se defiende desplazando a Tierra del Fuego del control de su puerto estratégico para después administrarlo de espaldas a los intereses soberanos”, sentenció el texto oficial.

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