Luciani y Mola alegan un posible conflicto de intereses y piden que el tasador no participe hasta que aclare sus vínculos con el empresario.
(BUENOS AIRES).- «Cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho«, argumentaron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola. En una nueva presentación, pidieron apartar de las inspecciones y tasaciones a Sergio Felipe Pejkovic, perito propuesto por la defensa de Cristina Kirchner, por sus presuntos vínculos con Lázaro Báez.
El pedido fue dirigido al Tribunal Oral Federal 2, a cargo de ejecutar la condena en la Causa Vialidad y el decomiso. Luciani y Mola reclamaron que Pejkovic declare bajo juramento qué vínculos tuvo o mantiene con Báez, su familia, sus empresas y su entorno. También solicitaron que, hasta que se aclare esa relación, el tasador no intervenga en las inspecciones presenciales ni en la tasación de bienes asociados al empresario. A los peritos oficiales les pidieron que informen si Pejkovic ya participó de recorridas o recibió documentación.
Los fiscales presentaron el cuestionamiento como una «superposición de roles«. «La cuestión aquí no radica en que Pejkovic sostenga la posición de la condenada que lo designó, sino en que presentaría un interés propio y vínculos con un tercero —el condenado Báez— cuyos bienes son precisamente los que deberá tasar«, sostuvieron. En otro pasaje, afirmaron que esos vínculos «denotan un posible conflicto de intereses que podría llegar a comprometer la objetividad que cabe exigirle cualquier experto que intervenga en un estudio de esta naturaleza, aun como perito de parte».
El decomiso actualizado es de casi $685.000 millones y Cristina Kirchner y Báez deben responder solidariamente por ese monto. En el escrito, los fiscales agregaron: «No puede omitirse considerar, que Báez es obligado solidario al pago del decomiso (junto a la Sra. Fernández) y cualquier desvío en la valuación de sus bienes, incidirá directamente en el monto que se tendrá por satisfecho«.
Los indicios sobre el vínculo con Báez
La investigación que conduce el fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, busca establecer si Báez continuaba administrando y explotando su patrimonio desde la cárcel. Un intercambio de información entre esa fiscalía y la de Luciani y Mola llevó a los fiscales de la Causa Vialidad a revisar los vínculos del tasador con el entorno del empresario. El escrito ubica un contacto concreto el 29 de septiembre de 2026: Cristian Ibáñez, operador de Báez, llamó a Pejkovic para preguntarle quién administraba y cobraba los alquileres de departamentos del empresario en Zapiola 55, en Río Gallegos.
Según la reconstrucción incluida en la presentación, Pejkovic identificó cuál era la unidad de Báez y dijo que Gendarmería se había presentado «con todos los papeles que eran de Lázaro» y que ellos habían presentado «todos los papeles». El encargado del edificio declaró que la administración había estado a cargo de la inmobiliaria Patagonia, de la que Pejkovic es titular. La documentación catastral citada por los fiscales indicaría, además, que el 27 de marzo de 2007 Pejkovic vendió a Austral Construcciones un inmueble de 89.525,24 metros cuadrados en Río Gallegos. Los investigadores también secuestraron en las oficinas de la inmobiliaria una carpeta con la leyenda Lázaro Báez y Cristian Ibáñez, durante allanamientos en una investigación por presunto lavado de activos y explotación ilegal de bienes decomisados.
El Tribunal había dispuesto requerir la intervención del cuerpo de peritos el 18 de noviembre de 2025, y la defensa de Cristina Kirchner propuso a Pejkovic el 15 de mayo de 2026. El 10 de noviembre, Luciani y Mola ya habían advertido en un escrito sobre un «posible conflicto de intereses». En la nueva presentación, además del apartamiento del tasador, solicitaron que el Cuerpo de Peritos Tasadores de la Corte Suprema informe el grado de avance de las valuaciones, cuya conclusión condiciona la ejecución del decomiso.

































