Cristian Ibáñez está sospechado de integrar una supuesta banda que transportaba cocaína en Santa Cruz y de participar en el manejo de bienes del empresario. Hubo allanamientos y detenciones.
La Justicia federal investiga los vínculos entre Lázaro Báez y Cristian Sebastián Ibáñez, alias “Budín”, un presunto jefe narco que operaba en Santa Cruz y que, según las sospechas de los investigadores, también sería uno de los hombres de confianza del empresario condenado por corrupción.
La investigación busca determinar si Ibáñez cumplía un doble rol: por un lado, como integrante de una organización dedicada al transporte y distribución de cocaína y, por otro, como parte de una estructura que habría permitido a Báez continuar administrando y explotando bienes de origen ilícito pese a los embargos judiciales.
El caso se desprende de dos causas conexas, una por narcotráfico y otra por lavado de activos, que derivaron en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires, además de varias detenciones. Entre los arrestados están el propio Ibáñez y Claudia Insaurralde, pareja de Báez, quien tenía intervención en la administración de sus propiedades mientras el empresario permanecía detenido.
Uno de los principales objetivos de la investigación es reconstruir la relación entre Báez y “Budín” y establecer si existieron maniobras coordinadas para poner en circulación y administrar dinero ilícito en el mercado formal.
En ese contexto, los investigadores analizan las comunicaciones entre los involucrados. La Justicia también ordenó inspeccionar la celda de Báez en el penal de Ezeiza, en busca de documentación, teléfonos celulares y otros elementos que pudieran aportar información sobre las presuntas maniobras. Después del procedimiento, el empresario quedó incomunicado.
Cómo funcionaba la presunta organización narco en Santa Cruz
Una de las investigaciones apunta a una supuesta banda dedicada al transporte de cocaína mediante camiones de una empresa transportista, que habría desarrollado sus actividades al menos desde diciembre de 2025.
Según la hipótesis judicial, la distribución de los estupefacientes estaba a cargo de dos hombres. Uno de ellos administraba un lavadero que habría sido utilizado como punto de entrega de la droga.
En esa estructura aparece mencionado “Budín” Ibáñez, señalado como uno de los presuntos responsables de las maniobras bajo investigación.
Entre las otras personas vinculadas con los expedientes figuran Juan Pablo Borquez, Jorge Manuel Ulloa y Pedro Nahuel Leal. La Justicia intenta determinar qué participación tuvo cada uno y cómo se relacionaban las operaciones investigadas.
A partir del avance de la causa por narcotráfico, los investigadores comenzaron a seguir otra línea: la posible existencia de una organización encabezada por Báez desde la cárcel, dedicada a administrar, explotar y poner en circulación activos de origen ilícito que habrían quedado fuera del alcance de las medidas de ejecución de sus condenas.
La sospecha es que uno de los integrantes de esa estructura también tenía un papel central en la banda narco. Ese punto es el que llevó a la Justicia a profundizar la investigación sobre el vínculo entre Báez e Ibáñez.
Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal de garantías de Río Gallegos, Claudio Marcelo Vázquez, a pedido de la Unidad Fiscal de esa ciudad, encabezada por Julio Zárate, y de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), con intervención del fiscal Diego Velasco.
Los operativos se realizaron en Río Gallegos, El Calafate, distintas estancias de Santa Cruz y propiedades ubicadas en Buenos Aires. Participaron efectivos de la Policía de Santa Cruz, Prefectura Naval Argentina y Gendarmería Nacional.
Durante los allanamientos se secuestraron cerca de 30 vehículos, cocaína, marihuana, armas de fuego y documentación considerada relevante para las investigaciones. También se dispusieron embargos y otras medidas patrimoniales, junto con el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los involucrados.
Uno de los procedimientos más importantes fue la detención de Claudia Insaurralde, pareja de Báez, en el Aeroparque Jorge Newbery. La mujer había llegado desde Río Gallegos en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a Ibáñez y Valentina Devetac, quienes también quedaron arrestados.
Los investigadores sospechaban que los tres podían intentar abandonar el país para eludir a la Justicia. Durante el operativo se secuestraron cuatro valijas grandes.
Entre los otros nombres mencionados en la investigación también aparecen Fausto Ignacio Devetac y Jorge Elías Agustín.
La investigación sobre los alquileres millonarios de Báez
El expediente también vuelve a poner bajo la lupa la administración del patrimonio del empresario durante los años en los que estuvo privado de su libertad.
En julio de 2025, TN reveló que Báez había facturado $172 millones entre 2020 y 2025 mediante el alquiler de inmuebles, muchos de los cuales estaban alcanzados por medidas cautelares de la Justicia.
Los investigadores detectaron que el empresario continuaba percibiendo ingresos por propiedades que debían quedar sujetas a la ejecución de sus condenas.
Entre los contratos identificados figuraba el de Claudio Ángel Kirchner, sobrino del expresidente Néstor Kirchner, quien había pagado más de $5,5 millones por el alquiler de una vivienda en Río Gallegos durante ese período.
La Justicia también había puesto el foco en el papel de Insaurralde, quien contaba desde 2020 con un poder para intervenir en cuestiones comerciales y administrativas en representación de Báez.
La sospecha era que algunos de esos movimientos podrían haber servido para mantener bienes o ingresos fuera del alcance de los embargos, mediante la administración de terceros.
Báez cumple una condena unificada de 15 años de prisión por las causas conocidas como Ruta del Dinero K y Vialidad. En la primera fue condenado por lavado de activos agravado y en la segunda, por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
