Ningún magistrado asume la autoría de la iniciativa. El texto traba los concursos por cuatro vacantes, sube el sueldo a los jueces y reconfigura el control político.
Un proyecto de ley del que nadie se hace cargo explotó en Comodoro Py en los últimos días. Por esa súbita aparición, los jueces de la Cámara de Casación atraviesan un curioso pase de facturas por la autoría de un archivo de Word de tres páginas y ocho artículos para cambiar la ley que creó ese tribunal en 1992 y fijar la composición en nueve miembros, precisamente la cantidad de integrantes que tiene en la actualidad por las jubilaciones de Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa y la renuncia de Juan Carlos Gemignani.
Fuentes judiciales dijeron a LPO que esa iniciativa habría llegado a las manos de Juan Bautista Mahiques cuando el ministro visitó a los camaristas en Comodoro Py, el pasado 31 de marzo. El objetivo del proyecto sería, entre otros, modificar el artículo 7° de la ley vigente para que, en lugar de 13 vocalías, se establezca ese número en nueve.
Según el texto, el nuevo artículo diría que “el Tribunal Federal de Casación Penal estará integrada por nueve (9) miembros, y funcionará organizado como un colegio de Jueces, en forma colegiada o unipersonal, según lo disponga el ordenamiento procesal, ejerciendo la presidencia del tribunal uno de sus vocales”. Para eso, debería elevarse la propuesta al Congreso pero su divulgación podría caer como una bomba en un sistema judicial atravesado por internas que impactan hasta en la Casa Rosada, tal como reveló LPO.
Con todo, el Consejo de la Magistratura ya formuló el orden de mérito del concurso 475, el que debe completar las vacantes del máximo tribunal penal del país, en 2024. O sea, los camaristas que impulsan el cambio para las vocalías están obturando la posibilidad de por lo menos 12 colegas en condiciones de integrar una terna para acceder a un sillón a su lado.
Una reunión de Borinsky con Santiago Caputo agitó las versiones de su candidatura a la Corte
Por eso, la iniciativa parece haber quedado huérfana. Entre los nueve camaristas en ejercicio, algunos le atribuyen la autoría a su par Alejandro Slokar, que en privado la niega. Pero lo cierto es que cerrar el número de Casación en los actuales nueve, impediría la posibilidad que se sumen jueces “kirchneristas” que se presentaron las los cuatro cargos vacantes.
El orden de mérito firmado por la consejera Fernanda Vázquez, titular de la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial de la Magistratura, dejó en el podio a María Gabriela López Iñíguez, José Antonio Michilini y Leonel Guillermo Gómez Barbella, por acreditar la puntuación más elevada. Los objetores del trío alegan que los primeros dos sobreseyeron a Cristina Kirchner en la causa del Memorándum con Irán, entre otros fallos que beneficiaron a ex funcionarios kirchneristas, mientras que López Barbella fue el fiscal que pidió la indagatoria de los dueños de Clarín y La Nación en la causa Papel Prensa.
Pero en la lista del Consejo, que se confeccionó a partir de la evaluación de la que participó también la diputada Vanesa Siley, también figuran Mariano Pérez Roller en 7° puesto y Diego Amarante en el 8°. Pérez Roller es secretario general del Consejo de la Magistratura, un cargo desde el cual controla casi todo lo que allí sucede y se le acredita cercanía con el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, otro de los jueces a los que apuntan como autor no declarado del proyecto que reduce la cantidad de vocalías.
Amarante, por su parte, es el juez que lleva la causa contra el presidente de la AFA, Claudio Chiqui Tapia, y su tesorero, Pablo Toviggino, por evasión fiscal. Quienes lo conocen aseguran que está obsesionado con llegar a la Casación pero alertan que su nombre aparece entre los mensajes que forman parte de la investigación contra el juez Gastón Salmain, acusado de cobrar sobornos. Por lo demás, una de las tareas que supuestamente el gobierno le había encomendado a Mahiques era, en efecto, que aliviara la situación de los jerarcas del fútbol argentino, además de contribuir en las causas que más preocupan a Karina Milei.
Por último, el décimo segundo de los postulados es el juez Jorge Luciano Gorini, presidente del Tribunal Oral Federal N° 2, el juzgado que condenó a Cristina en la causa Vialidad. Acaso una prueba palmaria de que la lista de candidatos no está plagada de kirchneristas.
Sin embargo, tres consejeros consultados por LPO aseguraron este sábado que las ternas no están confeccionadas aún.
Cuando Mahiques recibió el proyecto en la sala de acuerdos de la Casación, solo había ocho camaristas presentes. El único ausente fue Slokar.
Uno de los jueces que sí asistió a la cita con el ministro comentó que Daniel Petrone y Mariano Borinsky disputaban furtivamente entre ambos quién le arrimaba el texto, aunque tampoco admitirían ser los ideólogos de la jugada.
La explicación más consistente y que jamás aparecerá entre los fundamentos del proyecto es que la reducción de vocalías permitiría repartir la partida de sueldos para 13 jueces entre nueve, incrementando automáticamente el ingreso de los magistrados. De hecho, cada diciembre tienen que sortear las subrogancias y quienes se quedan con las bolillas ganadoras perciben casi un 50 por ciento más mientras subrogan en otra sala, razón por la cual hasta llegan a rotar las vacantes por la excesiva carga laboral y el beneficio de un ingreso extra.
El propio Borinsky terminó este viernes con un fondo de ojo por una molestia importante, después de su reunión con Santiago Caputo y Sebastián Amerio. La Justicia es ciega pero el estrés no.
Tampoco debe descartarse que, además del objetivo económico, la reducción del tribunal a 9 miembros facilita el control político de las salas, un objetivo que persiguen con la misma obstinación desde el gobierno y las cámaras patronales, como reveló LPO a raíz del proyecto de la Corte para reglamentar la selección de jueces.
