Los números oficiales son tan claros como incómodos. Según el subsecretario de Tránsito, Darío Sardi, en la primera quincena de enero se secuestraron 43 vehículos por alcoholemia positiva. Con una multa mínima de $1.000.000, la facturación base supera los $43.000.000 en apenas dos semanas.
Lo que más ruido nos hace es: ¿adónde va todo ese dinero? El destino de estos fondos es de libre disponibilidad. A diferencia de otros recursos que ingresan por Nación, estos millones entran limpios a la caja municipal y pueden ser usados con total discrecionalidad.
💰 ¿Dónde va lo que pagamos?
A diferencia de otras tasas que tienen un fin determinado, el dinero de estas multas ingresa a las arcas municipales bajo un concepto que permite al Ejecutivo decidir su destino sin una asignación previa obligatoria. Al no existir una transparencia pública detallada sobre estos ingresos, surge la incógnita: ¿se reinvierte en seguridad vial o termina financiando el funcionamiento administrativo y la pauta oficial?
Sin una rendición de cuentas clara, lo que el vecino aporta se convierte, en la práctica, en una herramienta financiera inmediata para la gestión.
📈 Una proyección que incomoda
Si en 15 días se recaudaron $43 millones, el cálculo bimestral es brutal: $172.000.000 solo por alcoholemia. Y todo esto se cobra de manera compulsiva: para recuperar un vehículo secuestrado, debemos liquidar la deuda completa, aunque el monto supere el valor de mercado de la moto o el auto. No existen moratorias ni planes de pago largos.
🚨 El argumento de la seguridad vial
Es cierto que detrás de cada operativo existe un objetivo legítimo: prevenir accidentes y salvar vidas. La alcoholemia positiva es una de las principales causas de siniestros graves en la ciudad, y los controles buscan reducir el riesgo en calles y avenidas. La retención de vehículos y la aplicación de multas funcionan como un disuasivo real para quienes ponen en peligro a terceros.
Pero el problema aparece cuando la política de seguridad vial se convierte también en una máquina de recaudación. La gestión tiene razón al sostener que los operativos son necesarios, pero debería transparentar cómo se reinvierte lo recaudado en campañas de prevención, infraestructura vial o educación ciudadana. De lo contrario, el argumento de la seguridad se diluye y queda la sensación de que la prioridad es la caja.
⚖️ Más que seguridad, poder político
El discurso oficial habla de ordenamiento vial, pero los números muestran otra cosa: un sistema que otorga autonomía política envidiable. Estos fondos no tienen controles previos ni condicionamientos, y permiten ejecutar gasto inmediato en tiempos de crisis.
La calle, más que un espacio de tránsito seguro, se ha transformado en la máquina recaudadora más ágil del municipio. Y lo que aportamos cada vez que pasamos por caja no solo financia la gestión: también alimenta la discrecionalidad política.
chacotodo el dia
