Andrés Zárate sostuvo que la resolución de la magistrada no tiene alcance sobre toda la provincia de Buenos Aires. Además, cuestionó el argumento acerca de la falta de lugares para alojar a los menores.
La Justicia bonaerense suspendió por 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que permite imputar penalmente a adolescentes desde los 14 años. La medida fue dictada por la jueza de Lomas de Zamora Marta Elba Pascual, quien cuestionó la falta de infraestructura para alojar a los menores.
En este contexto, el fiscal Penal Juvenil de San Isidro, Andrés Zárate, aseguró que en su jurisdicción continuarán aplicando la Ley 27.801 y cuestionó con dureza la resolución de Pascual. “La decisión de la jueza es un absurdo”, sostuvo en diálogo con TN.
Según explicó Zárate, la ley tiene carácter penal y, por lo tanto, sus disposiciones de fondo rigen en todo el país. A su entender, la resolución de una jueza bonaerense no puede dejar sin efecto la norma en toda la provincia.
“En este caso, a mi juicio, la decisión de la jueza no está dentro de sus atribuciones como juez. No puede suspenderla”, afirmó. Y agregó: “Ella puede decidir en un caso concreto no aplicar determinada norma declarando su inconstitucionalidad. Ahora, suspender la aplicación de una norma salida del Congreso de la Nación, una norma penal, es un absurdo procesal, un absurdo constitucional y un absurdo jurídico”.
Qué dijo sobre la aplicación de la ley
Ante la consulta sobre qué ocurrirá si un adolescente de 14 o 15 años comete un delito grave en San Isidro, Zárate fue contundente: la nueva ley será aplicada. “A mi juicio es plenamente vigente”, indicó.
El fiscal también rechazó el argumento de que la falta de establecimientos específicos impida cumplir con el nuevo régimen. “También quedaban detenidos con medidas de seguridad. No iban a ser condenados, no iban a ser procesados por ese delito, pero sí se disponía judicialmente de ellos. E iban a institutos también”, explicó sobre la aplicación antes de la reforma.
Además, señaló que la Ley 27.801 contempla penas alternativas y un máximo de 15 años de prisión para los adolescentes, por lo que la privación de libertad no se aplica en todos los casos.
“Difícilmente un fiscal o un juez coherente en la provincia de Buenos Aires le dé el alcance que ella quiso darle”, concluyó el fiscal.
La resolución de la jueza Pascual establece una suspensión preventiva durante 60 días y convocó a una audiencia para el próximo 16 de septiembre. En esa instancia, funcionarios del Gobierno bonaerense deberán explicar qué medidas adoptaron y cuáles proyectan para adecuar el sistema provincial al nuevo régimen.
