La defensa denunció violaciones de derechos fundamentales y pidió suspender la inhabilitación perpetua, modificar el arresto domiciliario y revisar la condena.
(BUENOS AIRES).- “Ahora se demuestra con una prueba concreta que es falso que se quiso beneficiar a Lázaro Báez”, afirmó Carlos Alberto Beraldi. Cristina Kirchner formalizó una presentación ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU este martes 29 de septiembre de 2026 para que se revise la condena a seis años de prisión, que cumple bajo arresto domiciliario, y se suspenda la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
La presentación estuvo a cargo de Carlos Alberto Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego, abogados de la exmandataria. La defensa denunció violaciones de derechos fundamentales durante el proceso judicial y pidió que el Comité examine el caso. El planteo busca suspender la inhabilitación que le impide a Cristina Kirchner presentarse a cargos públicos mientras se analiza el reclamo, además de modificar el régimen de prisión domiciliaria, retirar la tobillera electrónica, eliminar la restricción de visitas y permitir el acceso al aire libre. El escrito incluyó también un pedido de integración legal de la Corte Suprema, con una normalización de la composición del máximo tribunal.
La sentencia quedó firme después de que la Corte Suprema de Justicia rechazara el recurso extraordinario de la defensa y confirmara por unanimidad el fallo del Tribunal Oral Federal 2. La condena fue dictada en junio de 2025 por administración fraudulenta en perjuicio del Estado, en una causa vinculada con la adjudicación irregular de obra pública vial en Santa Cruz durante las presidencias de Cristina Kirchner y Néstor Kirchner.
La nueva prueba sobre los fondos viales
La nueva evidencia se originó en planillas oficiales sobre pagos de la Fuente 14 que, en agosto de 2026, aportó un funcionario auditor convocado por la propia Fiscalía en la causa Cuadernos. A partir de esa documentación, la defensa encargó una pericia contable y auditora a Specs Consultoría. El fideicomiso vial SISVIAL había sido creado mediante el decreto 54/2009, firmado por la entonces presidenta.
La defensa sostiene, a partir de la pericia, que de aproximadamente US$ 2.200 millones desembolsados el Grupo Austral, de Lázaro Báez, recibió US$ 18,66 millones, equivalentes al 0,85% del total. La adenda agrega que de las 51 obras de la causa Vialidad solamente 17 fueron financiadas con la Fuente 14 y que 36 de los 3.855 certificados pagados con esos recursos correspondieron a esas obras. Además, la defensa prevé llevar las pruebas a la Cámara Federal de Casación Penal mediante un recurso de revisión.
La adenda también sostiene que Austral no figura entre las quince principales constructoras beneficiarias de la Fuente 14 y que el primer lugar corresponde a IECSA S.A., vinculada a la familia Macri. El escrito denunció actos de intimidación posteriores a la presentación, entre ellos declaraciones de jueces de la causa Vialidad, avances sobre sus bienes y publicaciones de Javier Milei contra la expresidenta. También cuestionó la difusión de un video de 2018 del allanamiento de su departamento, en el que aparecen espacios privados, su dormitorio y efectos personales.
Cristina Kirchner había llevado su caso a la ONU el 29 de julio para denunciar violaciones de sus derechos políticos y de las garantías del debido proceso. El Comité de Derechos Humanos tiene sede en Ginebra y está integrado por 18 expertos independientes que supervisan el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sus decisiones no son vinculantes, aunque pueden tener impacto político e institucional. Rafael Valim dijo que una eventual evaluación en octubre permitiría que ese año el Poder Judicial argentino examinara la decisión del organismo, y la defensa espera que el planteo sea tratado durante esa sesión.
