Las pérdidas millonarias denunciadas a principios de este año por un grupo de inversores de la Bolsa de Comercio del Chaco que operaban con instrumentos no garantizados se convirtió en un escándalo de proporciones cuando se reveló que entre los perjudicados se encontraba la propia Municipalidad de Sáenz Peña. A tal punto que el conflicto escaló a los tribunales con denuncias cruzadas en los fueros provincial y federal, lo que anticipa un posible conflicto de competencias. En esta nota, LITIGIO trata de reconstruir y brindar precisiones sobre los alcances de las novedades que se produjeron durante la última semana.
Una denuncia del abogado y ex socio de la Bolsa de Comercio del Chaco, Víctor Ruiz Díaz, ante la justicia federal fue la que desencadenó una serie de medidas impulsadas por el fiscal de Resistencia, Patricio Sabadini, con el objetivo de recabar información y documentación bajo una hipótesis de investigación que involucra los delitos de lavado de activos y de abuso de información privilegiada.
Por solicitud del fiscal, la jueza federal Nº 1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, autorizó múltiples allanamientos en la causa que aún se encuentra en una etapa preliminar, pero que el funcionario del Ministerio Público Fiscal no dudó en aseverar que involucra delitos “netamente federales”.
Los allanamientos, a cargo de efectivos de la Policía Federal, se concretaron en las oficinas municipales y en el domicilio particular del secretario de Gobierno de la Municipalidad de Presidencia Roque Sáenz Peña, Diego Landriscina, en las sedes de las empresas Italar SRL y Xima SRL, de la ciudad de Charata, y en el domicilio del empresario agropecuario libertario y dueño de la empresa Agro ASA Soluciones Rubén Medula, también en esa localidad del sudoeste chaqueño, quién fue el librador de los cheques diferidos que se fueron acumulando sin ser cubiertos y que generaron pérdidas millonarias entre los inversores de la Bolsa de Comercio del Chaco.
Según los registros del Banco Central, hasta mediados de febrero de 2026 Medula acumulaba 195 cheques rechazados por más de 3500 millones de pesos, mientras que su exposición financiera con entidades bancarias era cercana a los 4900 millones de pesos. La cadena de rechazos comenzó en diciembre de 2025 y se extendió durante los meses siguientes, en un contexto en el que los documentos habrían sido negociados en segmentos no garantizados del mercado de capitales a través de la Bolsa de Comercio del Chaco. Todos estos elementos convierten a Medula en una pieza central de la investigación, quizás la menos visibilizada hasta ahora en que los cruces públicos se dieron entre el Municipio de Sáenz Peña y la Bolsa de Comercio del Chaco.
También fueron allanadas oficinas de la Bolsa de Comercio del Chaco y el domicilio del gerente general de esa entidad, Julio Barrios Cima, a quién se le retuvo tu teléfono celular cuando fue interceptado mientras se trasladaba a Sáenz Peña para declarar como testigo en la causa abierta por la denuncia del diputado provincial Santiago Pérez Pons y concejales justicialistas de esa localidad contra el intendente Bruno Cipolini, la secretaria de Economía, María Alejandra Quintana y el secretario de Gobierno, Diego Landriscina.
El paralelismo de ambas investigaciones provocó revuelo y también confusión en los mismos medios de prensa dadas las características espectaculares de los procedimientos y la poca información oficial disponible.
La versión oficial de la PFA
Según informó oficialmente la Policía Federal recién este jueves, durante los allanamientos se incautaron tres notebooks, varios discos rígidos con información, documentación contable vinculada a la causa y ocho teléfonos celulares. El parte revela, además, que se detectaron “indicios sobre desvíos de fondos públicos desde el Municipio de Presidencia Roque Sáenz Peña, a través de un funcionario de dicha cartera, en activos financieros de bolsa vinculados a empresas del sector agrario”.
Según pudo saber LITIGIO, este viernes la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia respaldó la decisión de la jueza de Garantías, Zunilda Niremperger, de no habilitar una serie de medidas solicitadas por el fiscal Sabadini considerando que aún no había elementos suficientes para autorizar el acceso a información reservada del Municipio de Sáenz Peña que podría ser relevante para la causa. Según la camarista Patricia García “no se configura un agravio que no pueda ser reparado durante el desarrollo de la investigación, frente a un nuevo pedido -munido de la información resultante de las medidas desarrolladas- que sustente el estándar requerido por la magistrada”.
Más allá de esas interpretaciones, lo que debe quedar claro al menos por el momento es que todos los operativos que se llevaron adelante durante la última semana están vinculados a la investigación preliminar que lleva adelante la Fiscalía Federal de Resistencia a partir de la denuncia de Ruiz Díaz contra la actual conducción de la Bolsa de Comercio del Chaco.
¿Timba con la plata de los saenzpeñenses?
En otro plano se desarrolla la investigación iniciada a partir de la denuncia penal del diputado Santiago Pérez Pons y los concejales justicialistas de Sáenz Peña ante la Fiscalía Nº 3 de esa localidad, a cargo del fiscal Marcelo Soto.
La acusación apunta a los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, malversación de caudales públicos y negociaciones incompatibles con la función pública, en el marco de un escándalo financiero que comprometería fondos municipales que van desde 1500 a 2500 millones de pesos invertidos en operaciones no garantizadas.
Según el extenso documento al que tuvo acceso este medio, el municipio habría destinado recursos públicos a instrumentos financieros no garantizados en el Mercado Argentino de Valores (MAV), específicamente cheques de pago diferido emitidos por una empresa privada que actualmente enfrentaría problemas de liquidez y habría incumplido sus obligaciones, la del empresario Rubén Medula.
La denuncia sostiene que estas operaciones se realizaron sin previsión presupuestaria específica, sin acto administrativo formal que las autorice y sin participación del Concejo Deliberante, órgano que ejerce el control político sobre el Ejecutivo municipal.
Posteriormente, el diputado Pérez Pons aportó aún más documentación sobre las operatorias e incluso reveló que el secretario de Gobierno, Diego Landriscina, -quién tomó licencia en medio del escándalo- habría cobrado más de 14 millones de pesos en comisiones desde su rol de administrador de la cuenta del Municipio de Sáenz Peña en la Bolsa de Comercio del Chaco.
Según reveló la Bolsa de Comercio del Chaco, el Municipio venía operando en el mercado de operaciones no garantizadas desde 2023 y había obtenido ganancias -el interés pagado era el doble de un plazo fijo- hasta que la cadena de pagos se cortó y la empresa libradora de Medula no pudo patear más el pago de los cheques a los inversores, hoy acreedores.
La versión del intendente de Sáenz Peña, Bruno Cipolini, que reiteró en dos conferencias de prensa, es que el Municipio es “víctima” de esta situación, que jamás operó con esos instrumentos de alto riesgo y responsabilizó a la Bolsa de Comercio del Chaco.
Hasta aquí lo que se conoce del escándalo político más trascedente desde la asunción del gobierno de Leandro Zdero en Chaco. La magnitud es tal que el Municipio de Sáenz Peña, histórico bastión político del radicalismo chaqueño, quedó en el ojo de la tormenta.
REVISTA LITIGIO
