Aunque la presidenta encargada se comprometió a respetar la propiedad privada, recuerdan que las expropiaciones y nacionalizaciones ejecutadas por el régimen chavista golpearon la economía y la imagen de Venezuela
La promesa de la presidenta encargada Delcy Rodríguez de decretar cuatro aumentos del “ingreso de los trabajadores” en 2027 según el “crecimiento económico” que registre el país de forma trimestral, ha sido cuestionado por economistas que advierten que la medida no toma en cuenta el impacto de la inflación en los bolsillos de los venezolanos.
“Quiero anunciar que en el año 2027 están previstos incrementos del ingreso de los trabajadores del país en cuatro momentos y en ningún caso podrán ser inferiores al crecimiento económico de cada trimestre que lo preceda”, manifestó Rodríguez en un mensaje grabado que difundió minutos antes de que la líder opositora María Corina Machado ofreciera su primera rueda de prensa tras regresar a Venezuela el domingo 25 de octubre.
El economista José Guerra consideró que el planteamiento de la mandataria interina “es un error”. “Si el ajuste se hace con el aumento del Producto Interno Bruto (PIB) real, el incremento del ingreso laboral máximo podría ser 10% debido a que el PIB real excluye la inflación”, explicó el exdiputado opositor.
Guerra considera que “sería mejor aplicar un aumento del salario según el comportamiento de la inflación, así se preserva o pudiese aumentar el poder adquisitivo si se desacelera la inflación”.
“Para gobernar un país no hay que saberlo todo, pero sí vale rodearse de gente competente. ¿Cómo van a anunciar que los aumentos salariales de 2027 serán al menos mayores al crecimiento del PIB real? Eso es solo concebible si la inflación esperada es cero”, cuestionó el economista y profesor de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Leonardo Vera.
Imprecisiones
Después de pasar 13 años incumpliendo el artículo 320 de la Constitución, el Ministerio de Economía y el Banco Central de Venezuela (BCV) firmaron el Acuerdo Anual de Políticas Económicas 2027.
“El Acuerdo Anual constituye un pilar fundamental para consolidar el desarrollo y la estabilidad económica, enfocándose en la ejecución de las acciones necesarias para alcanzar la meta de que la economía crezca entre 6% y 10% anual, mantener la tendencia hacia la estabilización de precios en el mediano plazo, y en este proceso alcanzar una tasa de inflación de dos dígitos anuales para el 2027”, resume un boletín de prensa del BCV.
Guerra señala que el texto que establece los objetivos de la política económica nacional está lleno de imprecisiones. Cita el caso de la meta inflacionaria de dos dígitos; es decir, que puede ubicarse entre 10% y 99%. La inflación acumulada hasta septiembre de este año supera 225%.
El documento recoge el compromiso del Ejecutivo de aplicar una política fiscal, “continuando los esfuerzos por el rescate de la consistencia intertemporal de las finanzas públicas”. Guerra alerta que las autoridades “no precisan qué significa eso y no dicen que hay que cortar el financiamiento monetario del déficit fiscal a través de la compra de pagarés del BCV a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), que es una forma de crear dinero de la nada”.
Mientras Delcy Rodríguez transmitía su mensaje, gremios y sindicatos protagonizaban una jornada de protesta nacional exigiendo respuestas inmediatas a sus demandas de mejoras salariales.
Imposible
En otro pasaje de su discurso, la presidenta encargada recordó que ha “instruido la valoración de activos no esenciales en manos del Estado que pueden ser ofertados al sector privado o devueltos a sus antiguos propietarios”, y subrayó: “La propiedad privada es un derecho protegido y garantizado por nuestra Constitución”.
La iniciativa de Rodríguez abre el camino a un proceso de privatizaciones y representa toda una enmienda a la política de intervenciones, controles y expropiaciones que ejecutó el régimen chavista durante décadas.
El Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad (Cedice) estima que la política de expropiaciones impulsada por el régimen chavista, provocó hasta 2021 una serie de procedimientos arbitrales que condenan al país a pagar unos 30 mil millones de dólares, equivalentes al 18% de la deuda externa que según sus cálculos alcanzaría los 162 mil millones de dólares.
“Las sistemáticas expropiaciones y nacionalizaciones le dieron una muy negativa señal al mundo de que en Venezuela no se respetaban los derechos de propiedad y ese ‘terrible cóctel’ macroeconómico generó un terrible colapso económico, social humanitario y migratorio”, indicó José Manuel Puente, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Económicas.
Puente subrayó que “sin cambio político, no habrá cambio económico”. “Tuviste una economía durante 27 años con controles sobre precios, cambio, tasas de interés y mercado laboral. Los mismos que destruyeron el país, no tienen la credibilidad y competencia para reconstruirlo”, espetó.
