Diez policías serán juzgados por allanamiento ilegal y violentar a un grupo de jóvenes Qom durante un operativo en Fontana, en mayo de 2020. Entre las pruebas que se presentarán en el debate estarán los registros fílmicos del procedimiento y de la comisaría. Una de las oficiales imputadas, acusada de encubrimiento y detención ilegal, fue ascendida a comisaria mayor por el gobernador Leandro Zdero pese a tener una causa judicial en curso. “Tenemos esperanza que las pruebas serán evaluadas con perspectiva de derechos humanos”, sostuvo la vicepresidenta del Comité Provincial contra la Tortura, Romina Duarte.
El juicio oral por el allanamiento ilegal y brutal golpiza policial sufrida por jóvenes de la comunidad Qom del barrio Banderas Argentinas de Fontana, ocurrida en mayo de 2020, comenzará la semana que viene.
Así lo comunicó a las partes la jueza de la Cámara Segunda en lo Criminal, Dolly Fernández, quien integrará el tribunal junto a sus pares Cristina Pisarello y Ernesto Azcona. El Comité para la Prevención de la Tortura interviene en el proceso como querellante institucional. Según la comunicación oficial, las audiencias de debate continuarán los días 23, 24, 29 y 30 de septiembre, todas a partir de las 7.30.
El juicio buscará determinar las responsabilidades de diez policías por un operativo ocurrido durante la madrugada del 31 de mayo de 2020 en una vivienda del barrio Banderas Argentinas de Fontana. De acuerdo con la investigación, efectivos policiales ingresaron al domicilio sin orden judicial y sometieron a golpes y distintos actos de violencia a jóvenes de la comunidad Qom, entre ellos una adolescente.
La acusación sostiene que las agresiones no terminaron en el domicilio, sino que continuaron posteriormente en la Comisaría Tercera de Fontana, donde las víctimas permanecieron detenidas. En ese contexto, también se habrían producido insultos de contenido racista y discriminatorio, entre ellos la frase: “Indios de mierda, los vamos a matar”.
Los diez policías llegan a juicio con distintas imputaciones, de acuerdo con el grado de participación que se les atribuye en los hechos. Cristian Ariel Flores, Orlando Sergio Martín Cabrera, Cristian Eduardo Foschiatti y Cristian Omar Benítez están acusados de los delitos de allanamiento ilegal y vejaciones agravadas.
Antonio Andrés Fernández, César Matías Torres, Diego Adrián Latorre y Sofía Daiana González enfrentan acusaciones por vejaciones agravadas. Por su parte, Sebastián Alberto Vallejos está imputado por vejaciones y falsedad ideológica, mientras que la comisaria Claudia Beatriz Lucena enfrenta cargos por encubrimiento agravado y detención ilegal.
A pesar de tener un proceso en contra, Lucena fue ascendida. Según información que pudo recabar LITIGIO, mediante el decreto N° 974/25, firmado el 13 de junio de 2025, el gobernador Leandro Zdero la promovió de comisario inspector a comisario mayor. La medida entra en abierta contradicción con la normativa vigente para estos casos. El Reglamento del Régimen de Promociones Policiales es claro al establecer las prohibiciones para acceder a este beneficio, e incluye expresamente a aquellos efectivos que se encuentran sometidos a un proceso judicial en curso.
El juicio contará con una cantidad importante de testimonios y prueba fílmica. Además de las víctimas, declararán personas que presenciaron los hechos y quienes filmaron el operativo. También se incorporarán grabaciones de las cámaras de seguridad de la propia comisaría de Fontana, que registraron el ingreso de los jóvenes al lugar.
“Tenemos esperanza que las pruebas serán evaluadas con perspectiva de derechos humanos, teniendo en cuenta el origen de las víctimas, una población vulnerable perteneciente al pueblo Qom”, sostuvo Romina Duarte, vicepresidenta del Comité.
