Con falacias presupuestarias a modo de argumento, Leandro Zdero vetó la Ley N° 3982 B que garantizaba el funcionamiento del Sistema de Protección Integral de Derechos Humanos y Géneros en la Provincia. En sintonía con la política de ajuste con que asumió la gobernación, y en línea con el Gobierno Nacional de Javier Milei, la medida de Zdero atenta directamente contra los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.
La Ley que el gobierno vetó garantizaba, entre otros puntos trascendentales, el trabajo de las profesionales de la Línea 137, que atienden a víctimas de violencia familiar y que contempla, a su vez, el trabajo de la Guardia de Géneros, de Litigios estratégicos y del Centro de Atención a las Víctimas de Violencias (CAVV).
En ese sentido, la ley ordenaba el marco normativo de protección de Derechos Humanos y Géneros y Diversidad, reconocía la construcción colectiva realizada a través de los años, y ponía en valor el trabajo y el aporte de las distintas organizaciones, víctimas, familiares y quienes trabajan en el sistema.
El argumento de Zdero para el veto carece de sentido, en tanto y en cuanto la Red Víctimo Asistencial formaba parte de políticas públicas que se venían desarrollando con resultados muy positivos, además de estar contemplada en el Presupuesto aprobado por la Legislatura Provincial.
Más aún, la ley que Zdero vino a vetar fortalecía una política institucional pensada y desarrollada por equipos que trabajan en los barrios, junto a las familias, en cada hogar que lo necesitase; es una legislación que respalda y mejora la lucha contra las violencias de género en la provincia. No hay argumento presupuestario que avale este veto, que se siente como una afrenta al trabajo y a la lucha de los movimientos de Mujeres y Disidencias.
Lo advertimos cuando se trató en la Legislatura la nueva Ley de Ministerios –que fue proyecto del actual gobernador Zdero, un proyecto que votamos en contra–: veníamos de aprobar un proyecto de Ley de Presupuesto que priorizaba el trabajo en cuestiones ambientales, de género y de derechos humanos, y de pronto se nos proponía una Ley de Ministerios que simplemente borraba, pulverizaba esas áreas.
No desconocemos que la nueva fuerza gobernante tiene una mirada diferente de las políticas llevadas adelante entre 2019 y 2023, pero eso no la autoriza a tirar por la borda la formación de trabajadorxs, la experiencia acumulada y las decisiones acertadas en la materia. Menos aún desde argumentos estrictamente economicistas.
El gobernador Zdero prefiere mirar para otro lado y ajusta el presupuesto con perspectiva de género, reduce las partidas ya asignadas, y limita los derechos de las víctimas. Esperamos que el gobernador ejecute los recursos afectados a políticas de género, por supuesto, sin decir falacias al pueblo del Chaco.
Las falacias presupuestarias del Gobernador Zdero
Si observamos los distintos presupuestos, podemos ver que desde el 2019 se desarrollaron trascendentales acciones políticas destinadas a institucionalizar y compartir la perspectiva de género a todos los ámbitos del gobierno provincial. Algunas de estas acciones de institucionalización están plasmadas, justamente, en la creación de la Secretaría de Derechos Humanos y Géneros, como el organismo rector de las políticas públicas para prevenir las violencias y extender la perspectiva de género y de derechos humanos; además, la creación de la Unidad de Coordinación, Seguimiento y Monitoreo de Políticas Públicas para la Igualdad –dentro de la Vicegobernación–, encargada de garantizar el cumplimiento de las políticas públicas para la igualdad de géneros; la creación de la Dirección de Economía, Igualdad y Género, dentro del Ministerio de Planificación, Economía e Infraestructura, que trabajaba la presupuestación con perspectiva de género y planteaba la ejecución de líneas para promover mayor autonomía económica en las mujeres y disidencias de la provincia.
Así, en el presupuesto 2020 se incorpora al presupuesto provincial una partida con fines de aplicar políticas de género, en el año 2021 (Ley 3284-F), se etiquetan por primera vez actividades identificadas como canales de reducción de brechas de género, alcanzando un 3,8% del Presupuesto Provincial, para el año 2022 (Ley 3463-F), ascendiendo a un etiquetado de mas del 4% del total provincial, igualmente para el año 2023 (Ley 3744-F). Y, para el año 2024 se ha planificado una inversión de más de 70 mil millones de pesos, con una variación en términos reales positivos de casi el 40% con respecto al año 2023; es un aporte real y sumamente positivo, un gesto político y presupuestario del gobierno saliente, lo cual deja al descubierto la falacia de la Ley de presupuesto no lo tiene previsto.
