La Libertad Avanza negoció cambios con bloques aliados para reunir los votos necesarios en el Senado. El proyecto busca ser aprobado este jueves.
La Libertad Avanza busca avanzar esta semana con uno de los proyectos más importantes de su agenda legislativa. Se trata de la Ley de Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno que será debatida en el Senado y que sufrió varias modificaciones para conseguir el respaldo de sectores dialoguistas.
El oficialismo necesita reunir al menos 37 votos para garantizar la aprobación de la norma. Por ese motivo, aceptó introducir cambios en el texto original diseñado por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
Los cambios que aceptó el Gobierno para avanzar en el Senado
Uno de los principales puntos que quedó afuera del proyecto fue el capítulo referido a la Ley de Barrios Populares. La Libertad Avanza decidió excluirlo para facilitar las negociaciones con otros bloques y evitar que la discusión complique el tratamiento de la iniciativa.
Además, se incorporaron modificaciones relacionadas con el registro de terrenos y con la compra de tierras por parte de extranjeros. Si bien el proyecto elimina los límites establecidos por la actual Ley de Tierras, deja en manos de las provincias la facultad de autorizar esas operaciones.
La propuesta también establece restricciones para estados extranjeros y organizaciones vinculadas a gobiernos de otros países. De esta manera, se busca impedir que puedan adquirir tierras rurales mediante mecanismos de participación directa o indirecta.
Desalojos y expropiaciones, en el centro del debate
Otro de los cambios más relevantes está vinculado a los desalojos. El proyecto mantiene los denominados desalojos exprés para los casos de usurpaciones, aunque incorpora mayores garantías para los inquilinos que registren atrasos en el pago de alquileres.
En esos casos, el plazo para intimar al deudor será de diez días, en lugar de los cinco previstos originalmente. Luego, si persiste el incumplimiento, podrá iniciarse la acción judicial correspondiente mediante un procedimiento abreviado.
Por último, el texto también introduce modificaciones en materia de expropiaciones. Entre otros aspectos, establece que la declaración de utilidad pública deberá interpretarse de forma restrictiva y fija un tope del 30% para las indemnizaciones por lucro cesante. Con estos cambios, el oficialismo espera reunir los apoyos necesarios para avanzar con la aprobación de la ley en la sesión prevista para este jueves.
