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Al analizar las actuaciones concluyó que no se encontraban reunidos los elementos probatorios suficientes para sostener la acusación formulada contra el magistrado. En ese sentido señaló la inexistencia de lesiones acreditadas en los términos expuestos por la denunciante y la falta de encuadre de los hechos a las figuras delictivas alegadas, lo que impedía arribar a una condena de responsabilidad institucional.
Asimismo, destacó que la prueba debe ser valorada de acuerdo con la sana crítica racional a la que se suma la exigencia de que existan indicios categóricos y suficientes para adoptar una decisión tan trascendente como la destitución de un magistrado.
La resolución colectiva subrayó que el respeto a las garantías constitucionales constituye un principio esencial para la justicia y que las decisiones deben resguardar tanto el buen nombre y honor de las personas sometidas a proceso como la confianza ciudadana en las instituciones.
