Organizaciones sociales, sindicatos y partidos políticos se manifiestan este miércoles en el microcentro de Resistencia en el marco del paro nacional convocado por la CGT en contra del proyecto de ley de “Bases” y el DNU 70/2023, que impulsa el gobierno nacional.
“La patria no se vende. No al DNU. No al proyecto de Ley Ómnibus”; “Los jubilados no somos esclavos de Milei ni del FMI” y “Basta de hambrear al pueblo. Unidad y Lucha”, son algunas de las consignas que se leen en las pancartas y pasacalles que acercaron los manifestantes durante la jornada de protesta.
Forman parte de la nutrida columna integrantes de UPCP, ATE, CGT, Camioneros, UPCN, de Prensa del Chaco, Sanidad, CTA y SOSCH. También estuvieron integrantes de UTEP, Polo Obrero, CCC, La Cámpora y Movimiento Darío Santillán, entre otros.
Si bien había apostado un grupo de policías de infantería haciendo un cordón frente a la Casa de Gobierno y frente al edificio del PAMI, lo cierto es que no hubo intenciones de desalojar la marcha, la cual se realiza de manera pacífica en los alrededores de la Plaza 25 de Mayo. Se espera que la concentración concluya frente al mástil central de avenida 9 de Julio donde se realizará la lectura de un documento conjunto.
Cabe recordar que el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23, deroga más de 300 leyes y barre de un plumazo con cientos de derechos, entre ellos derechos laborales. En consonancia, Milei envió al Congreso el “Proyecto de Ley de Bases y Puntos de Partida para La Libertad de los Argentinos”, conocido como ley ómnibus, un megraproyecto de 351 páginas con más de 664 artículos que es tratado en el Congreso durante el período de sesiones extraordinarias.
Entre otras cosas, contempla la privatización de todas las empresas estatales, la suspensión de la movilidad jubilatoria, la elevación de las penas contra manifestantes, la permisividad para el “gatillo fácil” policial, la transformación del sistema electoral, la flexibilización de las normas ambientales y una reforma del sistema educativo.
Tras los cuestionamientos realizados en el plenario de comisiones, desde el gobierno se decidió enviar un nuevo proyecto eliminando más de 100 artículos para tratar de generar consenso con los bloques más dialoguistas con el Ejecutivo.
¿Qué se sacó y qué se modificó?: se acortó el plazo de las delegaciones, se precisaron las delegaciones legislativas y los mecanismos de ordenamiento administrativo. Se incorporó una formula previsional de ajuste automático de haberes por inflación. Se incorporaron restricciones al blanqueo pedidos por el Poder Legislativo. Se reformularon los regímenes de pesca, hidrocarburos y biocombustibles. Se corrigieron errores en el capítulo de ambiente que desafortunadamente generaron una evitable confusión.
También se rediseñó el capítulo de cultura, protegiendo los recursos del sector, pero preservando el objetivo de que los gastos administrativos no sean una carga excesiva sobre el sector y con rediseños institucionales en la propuesta de modernización del FNA (cuyo cierre ya no se propicia) e INCAA.
En cuanto a las privatizaciones, se eliminó YPF del listado. Para Nucleoeléctrica, Banco Nación y ARSAT se estableció que el Estado solamente puede realizar una privatización parcial, debiendo mantener el control de la empresa. Además, se incorporó expresamente, la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones de la Ley N 23.696 para el seguimiento de los trámites respectivos.
