El impresionante despliegue de fuerzas de seguridad para echar del país a la esposa e hijos del capo narco ecuatoriano «Fito» Macías, quienes vivieron durante unos días en un country cercano a Carlos Paz, conmocionó a la política cordobesa por varios motivos.
La alta exposición del ministro de Seguridad cordobés, Juan Pablo Quinteros, y la coordinación que en apariencia hubo con Patricia Bullrich y Luis Petri, la ex fórmula presidencial de Juntos por el Cambio, dejó a varios jugadores en offside, tanto en el Gobierno de Martín Llaryora como en el esquema opositor.
Quien quiere salir jugando es Luis Juez, jefe de la bancada PRO en el Senado y, hasta ahora, un aliado de Bullrich, que lo avaló en las elecciones de 2021, cuando ganó su actual banca, y en la provincial 2023, cuando quedó a pocos puntos de ganarle a Martín Llaryora.
Para tener contexto: Juez fue además el histórico jefe político de Juan Pablo Quinteros hasta 2019, cuando este último abandonó el juecismo para lanzarse como un opositor líbero, camino que lo llevó a transformarse, cinco años después, en ministro de Llaryora.
En medio de las complejas negociaciones legislativas, Juez no sólo se desmarcó del «operativo antinarco» realizado de manera conjunta por Quinteros y Bullrich, sino que avanzó en contra del Gobierno nacional: «El Presidente dice ‘no hay plata’ y viaja a Davos en avión de línea, y acá se gastan 400 mil dólares en llevar a una familia sin pedido de captura y que entró legalmente al país a Ecuador, todo parte de un circo», cuestionó el senador en diálogo con LPO.
Al cuestionar el traslado en un avión militar de los familiares de «Fito» Macías, Juez también cuestiona a Luis Petri, ministro de Defensa, quizá con la intención de exponer el costo del operativo ante la motosierra de Javier Milei.
«Es una familia que entró al país de manera legal y que no tiene pedido de captura. ‘Fito’ es el criminal, no sus hijos. Sentamos un antecedente espantoso», dijo Juez, quien fue embajador en Ecuador durante el Gobierno de Mauricio Macri, y salió eyectado en medio de una polémica: trató a los ecuatorianos de «mugrientos».
Las críticas de Juez a Quinteros, quien fue su ladero por casi dos décadas, fueron en aumento durante la semana. Primero, y mientras el operativo de expulsión de Inda Peñarrieta Tuárez, esposa del capo narco, y sus hijos se mantenía en secreto, Juez dijo que la seguridad en Córdoba estaba en manos del «oficial Gordillo», haciendo una comparación entre su exaliado y el humorista tucumano.
Quinteros le respondió minimizando el tema: «Es un berrinche como el que tiene un hermano cuando te vas de vacaciones con los primos», dijo el ministro. «¿Qué primos? Él se fue con el enemigo», retrucó Juez.
En declaraciones a radio Suquía, Juez redobló la apuesta: «Tengo vergüenza de que nuestros dirigentes políticos quieren colgarse una medalla», dijo minutos después de la conferencia de prensa que encabezaron Bullrich, Quinteros y Petri el viernes. «A mí también me da vergüenza algunos dirigentes», dijo Quinteros por la misma radio.
Al desmarcarse de Bullrich, apenas finalizado el operativo considerado «exitoso» por los respectivos gobiernos de Llaryora y Milei, Juez dijo: «Es poco serio. Es de un nivel de precariedad absoluto. Se quieren anotar una investigación narcocriminal, pero nuestro servicio de inteligencia nacional, nuestro servicio migratorio y nuestra Policía (de Córdoba) no tenían idea de que estaban en el país. La verdad que no saber que Argentina, y Córdoba en particular, es un destino del narcotráfico es un acto de ignorancia imposible de soportar», dijo respecto de Bullrich y Quinteros.
Luego, agregó: «Cuando llegó la familia a Ecuador, la dejaron libre porque no se los persigue por ningún delito. Nos compramos un quilombo cuando se debió haber hecho inteligencia a la espera de que ‘Fito’ se contacte con su familia».
Como se recordará, el grueso de la familia de Macías ingresó al país de manera legal el 5 de enero. Una semana después lo hizo la hija mayor del capo narco. El operativo de expulsión (se suspendió el permiso de residencia) se efectivizó el jueves 18.
En el Gobierno de Llaryora, el banque a Quinteros es absoluto y celebran que Juez salga a cuestionar el operativo: «El gobernador dio luz verde y el ministro se cargó al hombro un operativo internacional inobjetable, con altos niveles de estrés y resuelto de una manera muy profesional.
Si Juez quiere defender la permanencia en Córdoba de la familia de un narcocriminal, seguramente será mejor para nosotros en términos político, pero no se hizo esa cuenta cuando se decidió que lo mejor para la paz de Córdoba es no tener a la familia de un criminal narco en la provincia», dijo un estrecho colaborador de Llaryora que siguió de cerca las últimas horas del procedimiento que encabezó la Policía provincial.
