El juez de ejecución Rodrigo Giménez Uriburu cuestionó el “banderazo” frente al domicilio de la expresidenta y le recordó que deberá cumplir las condiciones impuestas.
La Justicia federal advirtió este martes a la expresidenta Cristina Kirchner que podría perder el beneficio de la prisión domiciliaria. El juez de ejecución penal, Rodrigo Giménez Uriburu, la intimó formalmente a cumplir de manera estricta con las reglas de su detención tras los hechos ocurridos en su domicilio del barrio de Constitución.
La resolución judicial surge luego de un «banderazo» realizado el domingo frente al edificio de calle San José 1111, donde la exmandataria cumple su condena. Durante el acto de apoyo, se desplegó una bandera de grandes dimensiones con la consigna “De San José a la Rosada”, la cual cruzaba la calle sujetada por cables desde el balcón de la expresidenta hasta el edificio de enfrente.
La participación directa de Cristina Kirchner
A diferencia de otras manifestaciones, el juez consideró que este episodio presentó características diferentes porque la propia expresidenta participó activamente en la maniobra. Según el juez, la condenada utilizó su balcón para sostener la bandera y colaboró “de propia mano” con la acción.
Para la Justicia, esta conducta no fue un episodio ajeno a la detenida, sino una intervención personal que utilizó el lugar donde cumple la pena para concretar un acto político. Giménez Uriburu remarcó que este estándar de comportamiento no es compatible con las obligaciones asumidas al concederle el arresto en su casa.
Riesgos y alteración del orden público
La advertencia judicial señala que instalar estructuras en la vía pública sin autorización del Gobierno porteño podría constituir una contravención. Además, el juez advirtió sobre el riesgo para la integridad física de las personas que circulaban por la zona debido a los cables tensores utilizados.
Otro punto clave de la intimación es la afectación a la convivencia con los vecinos del barrio. La Justicia considera que las constantes manifestaciones y la instalación de carteles interrumpen la vida cotidiana y violan la normativa de comportamiento pacífico impuesta para mantener la detención domiciliaria.
La amenaza de la cárcel común
El magistrado fue tajante al invocar el artículo 34 de la Ley 24.660 de Ejecución de la Pena. Esta normativa establece que la Justicia puede revocar la prisión domiciliaria si el condenado incumple injustificadamente las condiciones fijadas.
Si se verifican nuevos incumplimientos, el juez podrá dejar sin efecto la modalidad actual de detención y ordenar el traslado de Cristina Kirchner a una cárcel común para que complete el cumplimiento de su sentencia. Por el momento, la intimación funciona como un último aviso para que la exmandataria se abstenga de conductas que vulneren las reglas de su arresto.
