Se trata de una medida fuerza en rechazo a una reforma del régimen que regula la actividad de prácticos, pilotos y baqueanos desde 1991. La disputa afecta también a un buque clave para Vaca Muerta. El oficialismo defiende los cambios.
Un cambio en las reglas del practicaje, el servicio que asiste a los buques en las maniobras de ingreso y egreso de los puertos, desató un conflicto entre el Gobierno y los profesionales del sector que ya golpea a distintas terminales del país. Desde el sábado pasado buena parte de los prácticos, pilotos y baqueanos resolvió, de forma individual, no aceptar nuevas asignaciones de trabajo hasta que se resuelva la disputa por la norma.
Los prácticos son considerados clave para la seguridad de la navegación en tramos complejos, como ríos, canales y accesos portuarios, porque conocen en detalle las corrientes, la profundidad y los riesgos de cada zona. Buena parte del comercio exterior argentino depende de su trabajo, ya que intervienen en el tránsito de buques por el río Paraná y el Río de la Plata, la vía de salida de gran parte de las exportaciones del país.
El detonante fue el Decreto 690/2026, publicado el 31 de julio en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La norma sustituye el reglamento que regía la actividad desde 1991 y apunta a modificar varios de sus aspectos centrales: quita el límite de cupos para que un profesional se inscriba como práctico, permite que armadores y agencias marítimas contraten en forma directa a los prácticos, establece topes de tarifas a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) y habilita a capitanes con determinada cantidad de viajes realizados en una zona a navegar sin necesidad de contratar un práctico.
La medida de fuerza tiene características particulares: como los prácticos trabajan de manera independiente y no están agrupados bajo un mismo gremio con capacidad de convocar a un paro tradicional, la decisión se dio en forma coordinada pero sin una orden centralizada. Quienes ya tenían turnos asignados con anterioridad siguen cumpliendo esos compromisos con normalidad; lo que se frena son las nuevas contrataciones.
Según explicó el Gobierno al anunciar la medida, el objetivo es bajar los costos logísticos y fomentar la competencia dentro de la actividad. Sturzenegger sostuvo que se “desarmaron kioscos”, a través de un mensaje en su cuenta de X. El funcionario explicó que el esquema anterior funcionaba con “barreras de entrada” que limitaban la cantidad de prestadores y encarecían el servicio, y cuestionó en particular la segmentación geográfica que —dijo— obligaba a contratar a más de un práctico para completar un mismo recorrido.
Las entidades que nuclean a prácticos, pilotos y baqueanos tienen una lectura distinta. La Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante calificó a la norma de inconstitucional y anticipó que presentará una Acción Declarativa de Certeza y una Acción de Amparo en la Justicia Federal para frenar su aplicación, además de una denuncia penal por una eventual afectación a la seguridad de la navegación, contemplada en el artículo 190 del Código Penal. Junto con la Cámara de Practicaje y la Asociación Civil de Prácticos, sostienen que los cambios podrían derivar en un deterioro de las condiciones de seguridad y de trabajo en el sector.
Frente a la falta de profesionales disponibles, la Prefectura Naval Argentina —encargada de controlar el cumplimiento del servicio— empezó a enviar este lunes notificaciones formales a prácticos en forma individual para que retomen sus tareas, en base a lo establecido por la Ley de Navegación 20.094, que categoriza al practicaje como un servicio público. Esas notificaciones advierten sobre posibles sanciones administrativas y penales en caso de incumplimiento.
El conflicto se siente con más fuerza en los puertos del Gran Rosario, San Lorenzo, Timbúes y Puerto General San Martín, el corazón de las exportaciones agroindustriales del país, donde algunos buques esperan turno fondeados. El propio decreto contempla un mecanismo para estas situaciones: autoriza a la Prefectura y, en casos excepcionales, a la Armada, a hacerse cargo directamente del servicio. Quedan al margen del conflicto los buques que transportan petróleo y gas, que siguen operando con normalidad para no afectar el abastecimiento interno de combustibles.
