La sesión extraordinaria del Concejo Deliberante de Presidencia Roque Sáenz Peña terminó en gritos, acusaciones cruzadas y una certeza política: con su amplia mayoría, el oficialismo bloquearía cualquier intento de citar al intendente Bruno Cipolini y a la Secretaría de Hacienda para dar explicaciones por el conflicto que involucra a la Bolsa de Comercio del Chaco.
Tal como se preveía, los concejales alineados con el jefe comunal rechazaron el tratamiento sobre tablas del pedido de interpelación impulsado por la oposición. El número propio volvió a funcionar como escudo político para evitar que el intendente se presentara de manera urgente en el recinto.
El blindaje y los respaldos
De acuerdo a versiones políticas, para asegurar cohesión interna Cipolini habría buscado respaldo en el referente radical Carim Peche, garantizando así que no hubiera fisuras en la votación.
En el Concejo, el rol del operador oficialista Denis Kisiel fue clave para ordenar el bloque, mientras que la presidenta del cuerpo, Nora Gauna, condujo la sesión en medio de un clima de extrema tensión.
La situación de Gauna
Según información interna que circula en el ámbito legislativo, Gauna ya estaba al tanto de la maniobra financiera cuestionada. Las mismas fuentes sostienen que habría sido informada de las operaciones y, además, que conocía la existencia de pérdidas millonarias antes de que el escándalo tomara estado público.
Siempre de acuerdo a esas versiones, pese a estar en conocimiento de la situación, habría decidido no comunicarlo al resto del cuerpo deliberativo, presuntamente a pedido del intendente. De confirmarse, el dato abriría un nuevo frente político dentro del propio Concejo.
La imagen de la UCR en tensión
Para la Unión Cívica Radical el escenario se vuelve incómodo. Sostener la histórica bandera de la transparencia y la incorruptibilidad será cada vez más complejo si las acusaciones avanzan y las pruebas judiciales se robustecen.
En el centro de la polémica también aparece el secretario en uso de licencia Diego Landriscina, señalado por presuntamente intervenir en operaciones financieras sin autorización formal para manejar fondos municipales y por el supuesto cobro de comisiones.
Por ahora, el oficialismo logró frenar la interpelación. Pero con un expediente judicial en marcha, acusaciones de ocultamiento y un clima político en ebullición, el conflicto promete seguir escalando tanto en el plano institucional como en el judicial.
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