Patricia Bullrich se sentó a la cabecera de la mesa del plenario de la Cámara de Casación Penal, en Comodoro Py, por invitación del juez Gustavo Hornos, responsable del Sistema Interinstitucional de Control de Cárceles, sin que ninguno de los presentes requiriese información sobre las visitas de diputados libertarios a represores ni la sospecha de su actuación en la promoción de la prisión domiciliaria para genocidas mayores de 70 años.
Fuentes al tanto de la actividad dijeron a LPO que la funcionaria «presentó algunos proyectos de gestión, como ampliación de plazas y mejora de infraestructura». «Habló sobre la baja del delito en Rosario y planteó que la Ciudad de Buenos Aires debe hacerse cargo de sus presos», resumieron.
Bullrich asistió a la sala donde habitualmente celebran los acuerdos los magistrados del máximo tribunal penal del país, paradójicamente, el mismo día que Cristina Kirchner pero dos horas después.
La ex presidenta declaró ante el tribunal que investiga el atentado en su contra, ocurrido el 1° de septiembre de 2022, y su defensa responsabilizó desde el inicio de la causa al entorno de la ministra, compuesto entre otros por el diputado Gerardo Milman, quien habría mantenido premonitorias conversaciones con sus asesoras y cuyo teléfono celular habrían borrado peritos informáticos para ocultar pruebas.
Uno de los jueces de la Casación que accedió a conversar con LPO reconoció que lo sorprendió que Hornos invitara a Bullrich justo el mismo día que asistiría Cristina. Ambas visitas estresaron el despliegue de seguridad del edificio.
Por lo demás, un juez federal que no asistió al encuentro reprochó que «la ministra no brindó explicaciones sobre las visitas a genocidas». «Se sentó a la cabecera y se explayó sobre la construcción de nuevas plazas», explicó en referencia a la ampliación del espacio para cada detenido dentro del sistema carcelario.
Curiosamente, ni los representantes de los organismos que integran el sistema interjurisdiccional ni los jueces de revisión o de ejecución plantearon sus inquietudes frente al reciente posteo de Javier Milei sobre el sistema penitenciario. En su mensaje, el Presidente compartió la foto de una cárcel con la frase «la sociedad ideal progre», y enumeró una serie de características denigratorias como «no hay que trabajar» y «mucho sexo gay».
Al respecto, un miembro de la Casación apuntó que «es inaceptable para el Poder Judicial». «Esto es un aval, un espaldarazo en favor de la administración», completó.
