Como corolario de su tarea legislativa, los diputados nacionales por el Chaco Juan Manuel Pedrini, María Luisa Chomiak y Aldo Leiva presentaron un proyecto de Resolución para solicitar al Poder Ejecutivo Nacional la firma inmediata del préstamo aprobado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en noviembre de 2023. El financiamiento, otorgado bajo la Línea de Crédito para Proyectos de Inversión (CCLIP), está destinado a la construcción del segundo puente Chaco–Corrientes.
El BID aprobó la operación AR-L1391 por un total de USD 700 millones, que contempla un primer tramo de USD 345 millones con cinco años y medio de gracia y 25 años de amortización. El resto del monto permanece disponible para cubrir íntegramente los costos de obra y accesos. El proyecto cuenta con aval técnico, ambiental y financiero, y solo requiere la firma del Gobierno argentino para avanzar hacia la licitación. Según los legisladores, la dilación “genera incertidumbre” y compromete la ejecución de una infraestructura considerada clave para la región.
La necesidad de una nueva conexión vial entre ambas provincias es señalada como urgente. El puente General Manuel Belgrano —único enlace actualmente— soporta más de 20.000 vehículos por día, lo que provoca congestión, demoras y riesgos constantes. En sus fundamentos, los diputados recordaron un reciente accidente que dejó un motociclista fallecido, dos heridos y más de una decena de vehículos involucrados, como muestra de la saturación y vulnerabilidad del viaducto actual.
A diferencia de iniciativas basadas en supuesta inversión privada, el crédito del BID ofrece condiciones “favorables, sostenibles y ya aseguradas”, evitando recurrir a esquemas que —según señalaron— en la práctica se han mostrado inviables. “Resulta absurdo no ejecutar un crédito aprobado que permite iniciar la obra de inmediato”, sostuvieron los autores del proyecto.
La construcción del segundo puente tendría un impacto económico y social significativo: generaría empleo directo e indirecto, dinamizaría actividades vinculadas a la construcción, el transporte y la logística, y reforzaría la competitividad del NEA al disminuir tiempos y costos de traslado. Los beneficios, destacan, están garantizados por un financiamiento sólido, con seguridad jurídica y respaldo internacional.
Los legisladores también recordaron el impulso dado por el exgobernador Jorge Capitanich, quien desde 2014 trabajó para que el proyecto obtuviera aprobación ejecutiva del BID en 2023. “La demora actual contradice una planificación responsable y el interés público”, afirmaron. Finalmente, los diputados instaron al Poder Ejecutivo a firmar de inmediato el préstamo, para iniciar la licitación y construir una obra considerada esencial para la seguridad vial, la integración regional y el desarrollo federal.
