Harán una demanda judicial por la retención de 688.000 millones. “Las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura”, acusan.
En medio de las alertas por el desfinanciamiento de las obras sociales, un grupo de 50 gremios liderados por el gastronómico Luis Barrionuevo y mercantil Armando Cavalieri se reunieron para definir una estrategia judicial contra el Gobierno en reclamo de 688.000 millones correspondientes al sistema de obras sociales que siguen pisados.
La denuncia apunta a Luis Caputo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” pero también a Mario Lugones a quien responsabilizan por la falta de respuestas del Ministerio de Salud y por no haber tomado medidas para resolver la crisis que atraviesa el sistema. Un clásico de su gestión, que asumió sin atenuantes lo más duro del ajuste.
Barrionuevo fue o es socio del ministro Caputo en el Sanatorio Guemes, junto al ex ministro radical Enrique “Coti” Nosiglia. Sin embargo, en los últimos meses esa relación se rompió.
El monto reclamado se divide en 288.000 millones del Fondo Solidario de Redistribución depositados en plazos fijos en el Banco Nación y los restantes 400.000 millones en Fondos FIMA, producto de deudas por aportes de adherentes voluntarios.
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“Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura”, afirmó a LPO uno d elos sindicalistas involucrados en el reclamo.
También se sumó a la iniciativa la UOM Capital de Roberto Bonetti y otros gremios que advirtieron que el 90% del Fondo Solidario se destina hoy únicamente a prestaciones de discapacidad, dejando sin financiamiento a tratamientos de alta complejidad y medicamentos.
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“El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones, si no actúa ahora, el sistema colapsa”, agregó el sindicalista consultado.
Los sindicatos liderador por Barrionuvo y Cavalieri exigieron la liberación inmediata de los fondos y la actualización del nomenclador de medicamentos, congelado desde hace 3 años.
Además anunciaron un paro general de 36 horas con movilización en rechazo a las políticas del Gobierno, que pone incómoda a la cúpula de la CGT y los gordos que la respaldan, que hacen lo imposible por evitar chocar con el gobierno, como reveló LPO.
