Luego de que la organización hiciera referencia a “serios retrocesos en el derecho a la protesta desde la implementación del protocolo”, la ministra de Seguridad acusó a Amnistía de “estar del lado de los delincuentes”.
Desde Amnistía Internacional publicaron hace unas semanas un documento en el que detallaron alarmantes datos sobre la reacción del Gobierno durante las protestas sociales que se llevaron a cabo durante 2024 y cuestionaron el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Tras difundirse el informe, la funcionaria salió al cruce, sostuvo que está “fuera de lugar”, es “ridículo” y que la organización “no entiende nada” y “están del lado de los delincuentes”.
“No entienden nada, un país que hace 25 años que tenia piquetes, con la gente extorsionada, yendo para que le den un sueldo, presos de los gerentes de la pobreza. Logramos terminar con eso, con la mínima violencia, que salgan con un informe así, están del lado de los delincuentes, es así de claro”, indicó Bullrich sobre el documento que revela un mínimo de 1155 personas heridas durante el año pasado, muchas de ellas con lesiones graves, de las cuales 33 recibieron impactos de balas de goma en la cabeza o el rostro, con daños severos en la visión.
A su vez, acusó a la organización de estar “influenciada por una mirada alejada de lo que le pasa a la sociedad”, y que “es pura ideología, la de proteger siempre a los victimarios”.
“¿Por qué no le preguntan a la sociedad si quiere seguir viviendo como vivió durante 25 años, donde los dueños de la calle eran los piqueteros, que le sacaban parte de su salario?”, advirtió.
Qué dice el informe de Amnistía Internacional
Según indicaron desde la organización, en al menos 15 manifestaciones relevadas “la respuesta estatal se caracterizó por el uso excesivo de la fuerza, incluso contra niños y niñas que fueron afectados por la violencia represiva”.
“Uso desproporcionado de la fuerza, plasmado en el uso abusivo de gases lacrimógenos y balas de goma, camiones hidrantes, golpes con tonfas y bastones, detenciones arbitrarias, que dejaron numerosas personas heridas, entre ellas, periodistas y trabajadores de prensa que fueron lesionados mientras cumplían su labor periodística”, indicaron.
Respecto a la prensa, aproximadamente 50 periodistas, movileros y camarógrafos resultaron heridos “como consecuencia del accionar violento de las fuerzas de seguridad, en sus tareas de cobertura”.
Este año, hubo un total de 68 detenidas y 73 criminalizadas por participar en las distintas protestas.
En cuanto al Protocolo Anti-piquetes, remarcaron que es “una norma que va a contramano de las normas y estándares a nivel nacional e internacional. Este protocolo parte de la premisa de que toda protesta social atenta contra la seguridad y el orden público y fija pautas de actuación policial y estatal que vulneran el derecho a la libre reunión y asociación, libertad de expresión y de protesta social, reconocidos tanto en normas locales, como en la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y los estándares internacionales de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en la materia”.
Fuente: Tiempo Judicial
