Pietragalla Corti, como presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, demandó al GCBA «por permitir, por acción u omisión, la intervención ilegal de fuerzas federales en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)», afectando «el ejercicio a la libertad de expresión y de petición a las autoridades».
El exfuncionario se refirió a la marcha del 20 de diciembre último para conmemorar los sucesos registrados el mismo día de 2001, que culminaron con la renuncia del presidente Fernando De La Rúa y las manifestaciones en la zona del Congreso Nacional durante el tratamiento de la ley «Bases».
El demandante cuestionó la intervención de las fuerzas federales (Policía Federal, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval), con la formación de «cordones» de efectivos en las calles de la ciudad, «invadiendo y actuando libremente por jurisdicción ajena ante el desentendimiento de las autoridades» locales.
En el caso del tratamiento parlamentario de la ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos», Pietragalla Corti sostuvo que «se volvió a observar el copamiento absoluto de fuerzas federales en las inmediaciones del Congreso, sobre calles, avenidas y plazas que son exclusiva jurisdicción del GCBA, cuya policía directamente se retiró de la escena dejando hacer a las fuerzas de Nación».
Pietragalla Corti, como presidente de la Red Federal de Derechos Humanos, demandó al GCBA «por permitir, por acción u omisión, la intervención ilegal de fuerzas federales en jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA)».
Agregó que «más allá del despliegue en territorio ajeno, las fuerzas federales emprendieron una brutal represión sobre las calles y la Plaza de los Dos Congresos – jurisdicción de la CABA- sin la más mínima presencia de las autoridades locales y ante la vista en vivo y en directo de todo el país».
Al resolver la acción de amparo, rechazándola, el juez en lo contencioso administrativo y tributario Osvaldo Otheguy, en coincidencia con el dictamen fiscal, sostuvo que el demandante no estaba «legitimado» para la demanda, ya que «es el GCBA el único con aptitud para defender su estatus constitucional».
«No un particular ni una asociación», consignó el dictamen fiscal y agregó que «si el gobierno local considerara que su competencia se encuentra amenazada y/o avasallada por la actuación del Estado Nacional, podría eventualmente efectuar un planteo en sede judicial».
Con relación a los supuestos hechos de violencia contra la integridad física por parte de la Policía en la zona del Congreso Nacional, el magistrado porteño se declaró incompetente porque, a su criterio, correspondería la intervención de la justicia federal.
