El Fondo de Garantías de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, que se conformara con los activos de las AFJP cuando se dispuso la estatización del sistema de capitalización, es el teatro de operaciones de una silenciosa batalla entre el cordobés Osvaldo Giordano, designado titular de la Anses, y el ministro de Economía, Luis Caputo.
El foco de la contienda es el paquete de acciones de empresas top que la Anses tiene bajo su poder, a través del FGS. En total, son acciones de unas 46 empresas: Banco Macro, Edenor, Gas Natural Ban. Distribuidora de Gas Cuyana. San Miguel, Ternium, Consultatio, Pampa Energía, Telecom, TGN, TGS, Metrogas, Naturgy, YPF, Cablevisión, Molinos Agro, Molinos Río de la Plata, Grupo Galicia, Clarín y Ledesma, entre las principales.
El monto global del paquete accionario, que las propias empresas estarían dispuestas a comprar al Estado, le inyectarían a Caputo unos 4.000 millones de dólares.
En el mamotreto de la ley ómnibus, Caputo metió mano para diseñar un andamiaje que le permita hacerse de ese dinero hoy en manos de la Anses con, en teoría, un criterio anticíclico. No es la primera vez que lo hace, como recordaremos más abajo. La iniciativa fue ratificada por su mano derecha, Pablo Quirno, en su exposición de esta semana en el Congreso, donde lo valuó en 5.500 millones de dólares.
El artículo 221 del proyecto de ley dice: «Consolídense en el Estado Nacional las tenencias de títulos de deuda pública de titularidad de las entidades del Sector Público Nacional y el Fondo de Garantía de la Sustentabilidad».
Esto permitiría «sincerar» la deuda que tiene el Tesoro con el FSG, compuesta por títulos públicos de deuda que nadie compra, una bola de papeles generada por el pedido permanente de dinero al Tesoro por parte de la Anses.
Luego, el artículo 223 especifica: «Los títulos de deuda pública que sean consolidados de acuerdo con lo establecido en la presente ley serán transferidos a una cuenta de titularidad del Tesoro Nacional, en donde se cancelarán por confusión patrimonial».
Finalmente, el 226 dispone «la transferencia de los activos del Fondo de Garantía y Sustentabilidad al Tesoro Nacional».
Para cerrar el negocio, el artículo 227 deroga el artículo 74 de la Ley No. 24.241, que por ahora impide la «trasferencia (…) o modifique el destino, titularidad, dominio o naturaleza» de las acciones de empresas que están en manos del Estado vía el Fondo de Garantías de la Anses. Ahí está la perlita que quiere «manotear Caputo».
La diputada nacional Alejandra Torres, que además de ser la abogada previsional de Juan Schiaretti es la pareja de Giordano, propone que antes que el dinero se lo lleve Caputo al Tesoro, Anses cancela las deudas con los jubilados y con las cajas previsionales provinciales, como la de Córdoba.
«Si se va a liquidar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad es imprescindible tomar como prioridad el uso de esos activos para cancelar las deudas que tiene la Anses con los jubilados y las provincias», dijo Torres, quien integra el bloque Hacemos Coalición Federal que preside Miguel Ángel Pichetto.
La venta de acciones de privados en manos del FGS no es nueva para Luis Caputo: en 2016, cuando Toto era ministro de Finanzas y Emilio Basavilbaso el director ejecutivo de la Anses, el FGS se desprendió de acciones de Petrobras Argentina, que fueron compradas por Pampa Energía, de Marcelo Mindlin, quien ya le había adquirido a Ángelo Calcaterra la constructora Iecsa.
En aquella oportunidad, Toto habilitó la venta de 11,8% del capital social que tenía Petrobras, a un valor de 10,37 pesos. Al poco tiempo, cuando Pampa entró en el juego, los papeles se fueron a 18. El kirchnerismo denunció una posible maniobra financiera y el fiscal Jorde di Lello abrió la investigación contra Basavilbaso y Caputo, quienes en 2019 fueron sobreseídos por Claudio Bonadío.
