Un nuevo informe de cálculo de pérdida del poder adquisitivo de los ingresos elaborado por los dirigentes estatales del Indec Raúl Llaneza, Marcela Almeida y Fabio Peñalva sostuvo que «la proyección se basó en las expectativas inflacionarias del propio Gobierno, que anuncia para diciembre un índice del 30% y para enero, febrero y marzo de este año, una variación mensual del 25%, respectivamente», puntualizó el estudio técnico.
«Si solo se contemplan esos cuatro meses la inflación acumulada será en principio del 154%. La política de desregulación (liberación de precios de los productos de la canasta familiar y de los servicios, entre ellos el transporte público) generará el empobrecimiento de los trabajadores formales y la caída bajo la línea de la pobreza de gran parte de la clase media. Será más grave para los informales, monotributistas y jubilados», enfatizó.
El estudio reveló que «la inflación acumulada entre diciembre de 2015 y marzo de 2024 será del 10.254% y, de enero a noviembre de 2023, fue del 148,2%, en tanto la pérdida del poder de compra promedio para los niveles estatales E, D, C y B entre diciembre de 2015 y marzo de este año será del 74,8%», puntualizó el informe de los dirigentes gremiales.
También sostuvo que según esa proyección «el salario testigo percibido en diciembre de 2015 (10.191 pesos) debería ser a marzo de este año de 1.055.228 pesos y no los 283.010 pesos que se cobrarán si no hay en paritarias una real recomposición salarial».
«Si se utiliza idéntica variación hasta marzo de 2024 en el caso de los monotributistas, si se toma un salario neto mensual de 222.884 pesos, ese sector acumuló una pérdida de 2.593.336 pesos, equivalente a casi 12 meses de honorarios», afirmó el estudio.
Los gremialistas estatales exigieron «la urgente convocatoria a la mesa de negociación paritaria, la inclusión de una cláusula de actualización por inflación, un aumento de emergencia del 60% en una cuota, un bono de 70 mil pesos mensuales, la regularización del empleo precario con el pase a planta permanente y la convocatoria a ser parte integrante de la discusión de cualquier proyecto de ley para el SEN y el Indec».