La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia confirmó el rechazo de un hábeas corpus presentado por uno de los policías del Chaco acusados de sustraer nueve kilos de cocaína durante una quema judicial de estupefacientes. El efectivo seguirá detenido en la localidad formoseña de Las Lomitas. Los jueces entendieron que no hay agravamiento ilegítimo de las condiciones de detención.
La Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia ratificó el rechazo del hábeas corpus presentado por Franco Ramírez, uno de los efectivos policiales detenidos el jueves pasado tras el escandaloso robo de nueve kilos de cocaína ocurrido durante una quema judicial de estupefacientes en Colonia Benítez. Con esta decisión, el imputado continuará alojado en la provincia de Formosa.
Ramírez fue trasladado al Escuadrón Nº 18 de Gendarmería Nacional, en la localidad de Las Lomitas, a más de 400 kilómetros de la capital chaqueña, y a partir de ese traslado promovió la acción judicial al considerar que se agravaron sus condiciones de detención. Entre sus argumentos, sostuvo que el alojamiento fuera de Resistencia afecta su derecho de defensa, ya que sus abogados ejercen en esa ciudad, y dificulta el contacto con su entorno familiar. También señaló que su esposa cursa un embarazo de 14 semanas y que la distancia vulnera su derecho a permanecer cerca de su núcleo familiar.
Además, denunció deficiencias materiales durante los primeros días de alojamiento, asegurando que estuvo incomunicado durante dos jornadas y que no contaba con elementos básicos de higiene, vestimenta ni ropa de cama.
Pese a estos planteos, el Juzgado Federal 2 de Resistencia rechazó la acción de manera inmediata, al considerar que no se verificó un agravamiento ilegítimo de la detención que justifique la vía excepcional del hábeas corpus. Esa resolución fue ahora confirmada por la Cámara, con los votos de los jueces Rocío Alcalá y Enrique Bosch.
Según pudo saber LITIGIO, el tribunal señaló que los reclamos formulados por la defensa pueden ser canalizados a través de las vías judiciales ordinarias. En ese sentido, recordó que durante la audiencia de formalización de la imputación realizada el pasado domingo, la jueza de Garantías, Zunilda Niremperger, dictó la prisión preventiva y dispuso que, al momento de gestionar futuros cupos de alojamiento, se tenga en cuenta la cercanía familiar para preservar el contacto del detenido con sus allegados.
El fallo también remarcó que las cuestiones vinculadas al lugar de detención deben ser resueltas por la magistrada que tiene a su cargo la causa principal, a fin de evitar una intromisión de otros tribunales en su competencia.
Prisión preventiva
Cabe recordar que los siete policías del Chaco acusados de intentar sustraer cocaína durante una quema judicial continuarán detenidos. Así lo resolvió la jueza Niremperger tras una audiencia que se realizó el domingo, vía Zoom, y se extendió por más de seis horas.
Durante la audiencia, que comenzó a las 17 y concluyó a las 23, declararon cinco de los imputados: el comisario César Alegre; el oficial principal Lucas Exequiel Martínez; el sargento Gustavo Jesús Acosta; el cabo Néstor Ariel Urne Canteros; y el cabo primero Juan Nicolás Almirón Núñez, todos pertenecientes a la Dirección General de Consumos Problemáticos, ex Drogas Peligrosas. En tanto, el subcomisario Andrés Franco Ramírez y el cabo Gustavo Andrés Quizama hicieron uso de su derecho a guardar silencio.
Todos negaron los hechos, aunque una de las explicaciones llamó especialmente la atención: la del cabo Urne Canteros, a quien durante la quema judicial se le halló una piedra de yeso, empaquetada y sin signos de uso, similar a un ladrillo de cocaína. Se sospecha que el elemento iba a ser utilizado para camuflar la droga sustraída, aunque el imputado aseguró que lo llevaba para afilar sus herramientas de barbero, trabajo que, según declaró, realiza en paralelo a su labor policial.
Los imputados, asistidos por sus defensores, fueron informados de los cargos que se les atribuyen y se evaluó la legalidad de las detenciones, con intervención de Niremperger como jueza de Garantías. La acusación estuvo a cargo del fiscal federal Patricio Sabadini, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Resistencia, junto a la fiscal interina Ruth Hilgenberg.
Finalmente, la jueza dictó la prisión preventiva para los siete efectivos, quienes quedaron imputados por los delitos de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, agravada por el número de partícipes y por tratarse de funcionarios públicos encargados de perseguir estos delitos, además de peculado, en concurso real.
La mayoría de los detenidos permanecerán alojados bajo custodia de la Prefectura Naval Argentina en Barranqueras, mientras que Ramírez y Quizama continuarán detenidos en dependencias de Gendarmería Nacional, en Formosa y Las Lomitas.
El hecho
La maniobra fue descubierta el jueves por la mañana en el Polígono Policial de Colonia Benítez, durante una quema judicial de tres toneladas de marihuana y unos 80 kilos de cocaína. En ese contexto, funcionarios de la Justicia Federal advirtieron irregularidades en el proceso de destrucción de los estupefacientes: se estaba incinerando menos droga de la consignada.
Según la investigación, un grupo de policías que participaba del operativo intentó sustraer parte de la cocaína, ocultándola en mochilas y en la caja de un patrullero. En el lugar fueron arrestados siete efectivos del Departamento de Consumos Problemáticos, quienes quedaron inmediatamente a disposición de la Justicia Federal. Se estima que intentaron llevarse unos 9 kilos de cocaína, valuados en aproximadamente 225 millones de pesos.
El escándalo se agrava al considerar que en el operativo estaban presentes el ministro de Seguridad, Hugo Matkovich; el jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero; el juez Mianovich; y medios de comunicación que registraban el procedimiento. Es decir, la maniobra se habría intentado a plena luz del día, frente a autoridades judiciales y provinciales y ante las cámaras. De no haber sido por la intervención de los secretarios del Juzgado Federal 2, el robo se habría consumado sin obstáculos.
En paralelo a la investigación penal, el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco inició un sumario administrativo y dispuso la suspensión sin goce de haberes de los siete efectivos, por la presunta comisión de faltas gravísimas.
Además, el jefe de la Policía, Fernando Romero, ordenó cambios en la Dirección de Investigaciones: el comisario inspector Rolando Sosa fue separado del cargo y reemplazado por el general Nelson Alvarenga, mientras avanzan las actuaciones judiciales y administrativas.
Romero reconoció el impacto institucional del caso y advirtió que el hecho afecta seriamente la credibilidad de la fuerza. “La Justicia Federal ya no nos va a ver con la misma confianza”, afirmó en declaraciones a Diario Chaco, al tiempo que sostuvo que será necesario “volver a empezar”.
REVISTA LITIGIO
