La Justicia busca descifrar si existe algún vínculo entre la firma IMHOUSE S.A, propiedad del periodista Marcelo Gandio, y el Jefe de Gabinete. Ahora, el magistrado podrá acceder a los movimientos bancarios de la compañía y determinar si tenía la capacidad para pagar los costos del viaje.
El juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto fiscal y bancario sobre las empresas que habrían pagado el viaje del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a Punta del Este.
La empresa apuntada es IMHOUSE S.A, propiedad de Marcelo Grandio y se busca descifrar si existe un vínculo con Adorni. El juez ahora podrá acceder a los movimientos bancarios de la empresa y podrá determinar si tenía la capacidad para pagar los costos del viaje.
Esto permitirá indagar sobre la posibilidad de que haya contratos firmados con la Televisión Pública.
En paralelo a estas medidas, el juez Ariel Lijo también le pidió al Gobierno que informe si el viaje de Manuel Adorni a Punta del Este tuvo carácter oficial o si existió algún tipo de autorización administrativa. En ese sentido, solicitó detalles sobre eventuales expedientes, comisiones de servicio, asignación de pasajes, viáticos o rendiciones de gastos vinculadas al traslado y la estadía del funcionario.
El requerimiento apunta especialmente a la Secretaría General de la Presidencia, que encabeza Karina Milei, para determinar si hubo algún tipo de respaldo institucional al viaje realizado durante el fin de semana largo de febrero.
Además, el magistrado ordenó levantar el secreto fiscal no solo de las empresas bajo sospecha, sino también de otras personas vinculadas a la operatoria. Entre ellas aparece la productora Imhouse, ligada al periodista Marcelo Grandío, y un piloto corporativo que figura como comprador de un paquete de vuelos privados en el que estaría incluido el regreso desde Uruguay.
Según la documentación incorporada al expediente, el vuelo de ida habría costado unos US$4830, mientras que el paquete que incluía el regreso asciende a más de US$42.000. La Justicia busca determinar el origen de esos fondos y si existió algún tipo de incompatibilidad, dado que la productora involucrada mantiene vínculos con la TV Pública, un área que depende de la órbita del propio jefe de Gabinete.
En esa línea, Lijo también solicitó informes detallados sobre la situación patrimonial, financiera y comercial de las firmas involucradas, con el objetivo de reconstruir el circuito del dinero y establecer quién financió efectivamente el viaje.
